Según refleja el informe, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe las personas trans se han visto doblemente afectadas por la pandemia de la Covid-19 ante las escasas políticas de protección estatales, volviéndose aún más relevante las organizaciones sociales de apoyo mutuo.

Por José Figueroa Soto

El pasado 10 de diciembre la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) lanzó el informe regional 2019-2020 «¡Paren de Matarnos!«, el cual tiene por objetivo visibilizar la realidad de las personas trans de los 23 países que componen la red, siendo estos: Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

Si bien son diversas las realidades en cada país, el informe señala que a nivel transversal son pocas, y en algunos casos nulas, las garantías que otorgan los Estados para el respeto de los derechos humanos de la población trans, reflejado, entre otras cosas, en la dificultad para acceder a derechos sociales básicos tales como salud, educación y trabajo; cuestión que se suma a la violencia que día a día viven muchas personas trans, quienes en muchos casos no obtienen justicia.

Esta situación se ha tornado aún más compleja en el contexto actual de la pandemia de la Covid-19 pues, como se señala, los países no se han preocupado de la realidad que vive la población LGBTIQ+, presenciándose diversas situaciones de violencia por el confinamiento, pérdida de financiamiento de muchas organizaciones sociales destinadas a luchar por los derechos de las disidencias y el congelamiento de procesos que apuntaban a la obtención de derechos; como discusiones en torno a leyes de identidad de género.

Esta situación ha llevado a diversas organizaciones que componen RedLacTrans a colocar todos sus esfuerzos a ayudarse entre sí. Tal es el caso chileno, en que colectividades de la disidencia sexual han recaudado recursos para ir en ayuda de la población que se ha quedado sin medios para costear sus necesidades básicas o se han visto violentadas en sus hogares.

Otra situación preocupante que refleja el informe son los transfemicidios, los que en diversos países de la región han presentado un aumento. Ejemplo de ello es Colombia, registrándose 31 crímenes de odio y 388 casos de violencia, siendo el 50% hacia las personas trans.

"Existe una gran ausencia por parte del Estado en tanto este no investiga las muertes, crema cuerpos y cierra casos donde los autores quedan impunes. Como en muchos países de la región no existen datos oficiales que nos permitan saber sobre la situación de derechos humanos de las personas Trans en Colombia", relata el informe.

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Asimismo, es de gran preocupación la realidad de las personas trans migrantes en Estados Unidos, debiendo enfrentar el racismo y la transfobia de la policía de dicho país. En este sentido, el informe señala que "vemos a un sistema migratorio roto y lleno de prejuicios persistentes contra las personas Trans lo que hace que estas se encuentren con altos niveles de inseguridad de empleo, pobreza y riesgo a la salud e inequidad. Ser una persona Trans e inmigrante significa que se sufre una doble discriminación como minoría creando barreras que impiden el acceso a los derechos humanos elementales y las expone a mayores riesgos de violencia."

Por otro lado, destacan avances en algunos países por la incorporación de leyes de identidad de género en sus legislaciones y otras que penalizan la discriminación en razón de la identidad de género u orientación sexual. En esta misma línea, se destaca el caso argentino, país que estableció un cupo laboral trans. No obstante, pese a ser una buena medida, se desea avanzar más allá con una Ley Integral Trans que asegure el acceso a diversos derechos sociales, bandera de lucha que se ha levantado en diversos países, incluido Chile.

Finalmente, el informe entrega diversas recomendaciones a los Estados, enfocadas a mejorar las vidas de la población trans. Entre estas, se encuentra la necesidad de que los países elaboren medidas de prevención de la violencia hacia personas trans, programas de sensibilización dirigidos a Fuerzas Armadas y de Orden, legislar por el derecho a la identidad trans y no binarie, proteger y garantizar los derechos humanos de personas trans y otras múltiples recomendaciones.

Puedes descargar el informe completo haciendo clic acá.