Sin mayor interés por parte de la población, la semana pasada comenzó a operar el Consejo Constitucional, compuesto por 50 integrantes, de los 51 electos, debido a la renuncia por denuncia de abuso sexual del consejero electo por el Partido Republicano, Aldo Sanhueza, quedando así a la región del Biobío sin uno de los cupos que le correspondían en el órgano, dejándola subrepresentada.

Por Alejandro Baeza

El 29 de marzo de 2019, Aldo Sanhueza fue detenido al interior de un bus interprovincial de la empresa Pullman Bus a la altura del Enlace Penco en dirección hacia Concepción, luego que una pasajera lo denunciara por abuso sexual.

Sanhueza es detenido a las 6:15 de la mañana por carabineros bajo el cargo del delito «Abuso Sexual Adulto», según consta en acta de detención de la fiscal, Mariana Iturrieta Seguel, siendo trasladado a la 3ra. comisaría de Penco.

Sin embargo, fue solamente formalizado por el delito de «Graves ofensas al pudor, Artículo 373 del Código Penal» en grado de ejecución consumado.

«Aldo Sanhueza llega finalmente a un acuerdo de suspensión condicional de la causa, con prohibición absoluta para de acercarse a la víctima en parte alguna y por ningún medio, inclusive medios tecnológicos durante el período de la suspensión y se ordena su liberación» señalaron en su momento @BotCheckerCL, autores de la investigación.

No obstante, pese a conocerse esta información, el representante del Partido Republicano de todas formas resultó electo.

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A causa de la polémica por este hecho, Sanhueza renunció al partido de ultraderecha tras las elecciones y a finales de mayo, a su cargo como consejero constitucional.

Como el Tricel le dijo que no podía renunciar sin antes asumir, finalmente Sanhueza no se presentó a la ceremonia de toma de posesión y supuestamente, se fue de Chile, quedando así el órgano compuesto por 50 integrantes en lugar de 51.

De esta forma, la región del Biobío quedó con dos representantes en lugar de tres como le correspondía por la cantidad de población. Así, nuestra zona quedó subrepresentada en el Consejo Constitucional, haciendo que los sufragios de las y los ciudadanos de la región tengan menos valor a la hora de votar que el resto de Chile.