Desde este 1 de enero, Colombia vivirá seis meses de cese al fuego gracias a un pacto entre el Gobierno y los cinco principales grupos armados del país, anuncio hecho por el presidente. En la red social twitter expresó: «Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones».

Por Ariel Ríos Pincheira

El mandatario continuó señalando: «El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional». Estas medidas son parte de la política de «paz total», con la que el gobierno busca acabar con seis décadas de conflicto armado.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), negoció desde noviembre este cese al fuego. Por otra parte, los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central -disidentes del pacto de paz firmado por la FARC- tuvieron diálogos por separado con delegados del gobierno de Petro. Todos los grupos armados del país suman algo más de 10.000 efectivos, ello según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica verificarán el cumplimiento de la tregua. El representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expresó en Twitter «los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia».

La política de «paz total» es ley desde noviembre de 2022, cuando el Congreso respaldó la propuesta de Petro para negociar la desmovilización de rebeldes, acordando beneficios judiciales para narcos y otros grupos ilegales. Con la política de «paz total», el presidente dio un giro a la que considera una guerra fracasada contra las drogas, incluyendo las décadas de "apoyo" estadounidense.

Por otra parte, el gobierno abandonó la erradicación forzada de pequeños cultivos de hoja de coca y se concentra en la persecución de las estructuras más lucrativos del narcotráfico. Cabe señalar que si bien Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, Estados Unidos es el mayor consumidor de la misma.

La derecha del Centro Democrático, bajo el signo de Álvaro Uribe (2002-2010), calificó la política de paz total como una «apología a la criminalidad y a la impunidad». El gobierno de Uribe se considera uno de los periodos de mayor violación a los derechos humanos en la historia reciente de Colombia.

Por último, es preciso apuntar que los acercamientos con los grupos armados, no han podido contener la espiral de violencia que envuelve al país. El centro de estudios independiente Indepaz registró algo menos de un centenar de masacres en 2022.

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Fotografía principal: Tiempoar.com.ar