[resumen.cl] Una querella criminal fue presentada por el periodista Mauricio Weibel, quien destapó el megafraude al interior del Ejército denominado Milicogate, para investigar eventual espionaje de inteligencia militar tanto hacia él mismo y como hacia la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien indaga el caso. Es decir, el Ejército utilizaría recursos fiscales para justificar la corrupción y vigilar a una autoridad del Poder Judicial.

La acción judicial declarada admisible bajo reserva por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago apunta a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en contra de los "autores, cómplices y encubridores del delito de interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones", no sólo contra uniformados, sino que también a las autoridades civiles que eventualmente habrían dado su visto bueno al espionaje.

"A mediados del año 2016 me percaté que era objeto de seguimientos, rostros de sujetos se van repitiendo en mi quehacer cotidiano en distintos lugares y, a su vez, fuentes reservadas me confirman que soy objeto de vigilancia por funcionarios de Inteligencia militar", señaló Weibel en declaraciones recogidas por Radio Bio Bio.

Según una investigación de La Tercera, la Operación W, nombre «clave» de la DINE en contra de Waibel, le transformó en víctima de interceptaciones telefónicas y seguimientos desde la inteligencia del Ejército.

El entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, "defendió las tareas de espionaje denunciadas", asegurando que el espionaje fue autorizado por un Ministro de Corte de Apelaciones, lo que consiste en un reconocimiento explícito de los hechos, lo que fue destacado en la querella.

Sin embargo, la denuncia tiene apunta a defender otra eventual víctima: La ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, encargada de investigar el caso.

«Tras el primer procesamiento que hizo en contra de un militar, el general en retiro Héctor Ureta, dos funcionarios de la PDI la acompañan desde su domicilio hasta los Tribunales, especialmente luego de amenazadores mensajes que ha recibido». señala Bio Bio, agregando que para entonces un agente de la DINE fue sorprendido por carabineros vigilando fuera del despacho de Rutherford.

Asimismo, según la querella, desde 2019 diversos agentes de dicho organismo de Inteligencia habrían apostado jornadas completas en las afueras del tribunal para vigilar a quiénes iban a declarar o denunciar en el marco de la investigación.

En cuanto a la legalidad del espionaje, la normativa legal es clara en establecer que éste sólo es posible cuando el objetivo es «detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades que puedan afectar la Defensa Nacional» y cuando se precise obtener información "estrictamente indispensable para el cumplimento de los objetivos" del Sistema de Inteligencia, que son "el resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico", en ambos casos deben ser autorizadas por un tribunal.

Finalmente, la querella pide oficiar a la DINE y al Jefe del Estado Mayor General del Ejército para que remitan todos los antecedentes de la Operación W y todos la información obtenida de sus espionajes, así como citar a declarar a los generales Guillermo Paiva Hernández y Schafik Nazal Lázaro, como jefes de la dirección de inteligencia en distintos periodos, y al comandante en jefe Ricardo Martínez Menanteau.