En el contexto de las múltiples convocatorias emanadas desde distintas regiones del país para conmemorar dos años del Estallido Social, el gobierno del imputado Sebastián Piñera, esta vez por medio del Minsal, pretende perseguir a las y los manifestantes que resulten heridos durante eventuales movilizaciones.

Por Juan Contreras Jara

En un acto de persecución, represión y violación a la privacidad, el Minsal ordenó a las y los trabajadores de la salud, a nivel nacional, reportar las nominas de manifestantes que lleguen con lesiones hasta los servicios de urgencia.

A través de un comunicado público, la Confederación de Funcionarios/as de la Salud Municipal (Confusam) denunció la reprochable ordenanza ministerial, que corrobora que a dos años del Estallido Social, la actitud represiva del gobierno de Sebastián Piñera no hace otra cosa que profundizarse.

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La presidenta de la Confusam a nivel nacional, Gabriela Flores, criticó la instrucción enviada a través de los Servicios de Salud del país, haciendo hincapié en que no está dentro de las facultades de los directores de los Cesfam, solicitar esta información, considerando aspectos como la ley de Deberes y Derechos de los pacientes.

Flores enfatizó en que, «aquí se están vulnerando todos los derechos del paciente. Lo que quiere instalar el ministerio es grave, es crear una violación a la privacidad de información personal y sensible de un paciente y los servicios no están facultado para ello, a menos que los pacientes lo ameritan o sea información que requiera algún tribunal».

Desde la Confusam rechazaron tajantemente la ordenanza del Minsal y desde su equipo jurídico comenzaron a comunicar a todas y todos los usuarios a nivel nacional que por ningún motivo entreguen más información de la requerida para ser atendidos en los servicios de urgencia.

El modus operandi de la ordenanza ministerial tendría como primer engrane comunicar la información recabada de las y los pacientes al director a cargo de los Cesfam, quien solicitaría los datos al o la encargada del SAPU para derivarlos a los Servicios de Salud.

A dos años de iniciado el Estallido Social y teniendo a Sebastián Piñera como imputado por corrupción y cuestionado a nivel internacional por la violación a los DDHH bajo su mandato, la dirigenta criticó la medida del Minsal, considerando que las reivindicaciones que motivaron la revuelta de octubre de 2019 persisten en nuestros días y una acción como esta solo profundiza las políticas represivas del gobierno.