La persecución política contra el magistrado colombiano Oscar Hurtado Reina, actualmente bajo arresto domiciliario y encausado por los gobiernos de Uribe y Santos, es denunciada por el abogado Raúl Marín, representante legal de la Corporación Semilla y Memoria. El juez Hurtado Reina llevaba el procedimiento del asesinato del obispo de Cali Isaías Duarte Cansino y se opuso en su actuar a las detenciones masivas producto de los montajes judiciales propiciados por el entonces presidente Uribe con el concurso de la fiscalía, cuerpos estatales de seguridad e inteligencia y la colaboración de Juan Manuel Santos.

Raúl Marín señala además la necesidad de conocer que «en Colombia existe un conflicto de resistencia armada de sectores populares que se oponen al sistema y que de tanto atropello han decidido realizarse de forma militar».

«Actualmente en Colombia existe un Derecho Penal y un Sistema Acusatorio que es de lo más dañino que la haya podido ocurrir al país en su historia desde el punto de vista del Derecho». Es copia de un sistema corrupto y negociado con los EE.UU para amordazar a las personas y en el que el preso social es víctima de la represión política.

En un país sin soberanía, el expolio y explotación de las transnacionales imperialistas obliga y somete a enormes bolsas de población a la miseria e indigencia y castiga brutalmente la protesta social, llenando las cárceles de pobres y disidentes.
En palabras de Marín: «Los legisladores en Colombia, para procesar a la gente que se opone a esas aberraciones y a esos apátridas que venden la soberanía, son legisladores paracos que siempre oprimieron y eligieron a Uribe y a Santos con el fusil en la mano y que si no aparecían los votos que necesitaban, hacían la matanza».

Recuerda y subraya así como expresión de esta criminalidad de Estado, la existencia de cementerios ilegales o llamados también «Fosas Comunes».

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