Por Daniel Mathews / Resumen.cl
"Democracia no es enfrentar a la policía con el pueblo". Quien dice esto no es un político de oposición. Es la esposa de un policía. Mejor dicho la viuda, María Isabel Álvarez. Su esposo, Alberto Vásquez Durand, está en la lista de muertos por los enfrentamientos que en el Valle del Tambo (Arequipa) se están produciendo. El conflicto entre los campesinos que defienden sus tierras y la empresa "mexicana" Southern que tiene un proyecto minero sobre ellas está cada día más grave.
El gobierno ha acusado a los campesinos de esta muerte. Pero si campesinos y policías se están enfrentando es porque el único dialogo que acepta Humala es el de las piedras contra las balas. Por supuesto no sólo mueren policías. Son más los campesinos muertos. Pero no sólo en los enfrentamientos. La Southern ha actuado más de una vez de forma mafiosa secuestrando y matando a dirigentes como Carlos Guillen Carrera, en 1998.
Como se ve la lucha viene de lejos. Y con el correr del tiempo se ha agravado. Primero fueron los Estudios de Impacto Ambiental. El que presento la empresa en el 2009 fue prácticamente destrozado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El Ministerio de Energía y Minas tuvo que declararlo inadmisible. Luego fueron las trampas. El nuevo Estudio se presentó un 19 de diciembre, fin de año, fiestas... en una audiencia que duró 35 minutos, con dos mil policías afuera de un local al que no dejaron entrar a dirigentes y líderes. Y a eso el Ministerio lo llamó "licencia social". Luego fueron los policías. Ahora la zona está militarizada.
Ollanta Humala, recordando su pasado militar, ha iniciado la militarización del orden interno en el Perú, al disponer la intervención de las Fuerzas Armadas "para asegurar el control y mantenimiento del orden interno" en la provincia de Islay, en Arequipa. La medida faculta su participación del 9 de mayo al 7 de junio para "evitar actos de violencia o cualquier ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones y cualquier otro tipo de acto vandálico".
Lo peor del caso es que esta militarización se hace a espaldas de la Constitución que permite el uso de las Fuerzas Armadas solo cuando se ha declarado Estado de Emergencia. El Tribunal Constitucional ha aceptado el uso de las FF AA en caso de terrorismo y narcotráfico, pero tampoco es lo que está ocurriendo. Nadie pensó que, estando preso Fujimori, tendríamos que defender la Constitución que se impuso durante la dictadura.