Gremios agrarios, campesinos y organizaciones indígenas iniciaron un paro nacional, en un contexto de crisis social y política que tiene a manifestantes tomando rutas y carreteras en 14 de los 24 departamentos del Perú e incluso una planta que suministra gas a Lima, exigiendo el cierre del Congreso, nuevas elecciones, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación de Pedro Castillo. Desde la oligarquía en el poder han respondido con la militarización y estados de excepción para intentar contener el descontento, dejando a siete personas fallecidas.

Por Alejandro Baeza

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, señaló ayer martes que los militares intervendrán la red vial nacional y los principales puntos estratégicos del país, como son los aeropuertos y las centrales hidroeléctricas, indicando que hoy se reunirá el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para acordar propuestas como la coordinación del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas.

Así, con la militarización el gobierno interino intenta retomar el control de las rutas y carreteras tomadas en 14 de los 24 departamentos del Perú.

Las protestas sociales han ido creciendo desde que fue destituido Pedro Castillo y buscan ya por casi una semana el cierre del Congreso, la realización de nuevas elecciones, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del exmandatario.

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En este último punto, el Ministerio Público peruano solicitó 18 meses de prisión preventiva para Castillo.

Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo informaron que son siete los fallecidos por la represión policial y puntualizó que entre las víctimas se encuentran dos menores de edad.

El último de ellos fue la madrugada de este de este miércoles identificado como Cristian Alex Rojas Vásquez, de 19 años de edad, quien falleció en el Hospital de Abancay, en la región de Apurímac.

En tanto, gremios agrarios, campesinos y organizaciones indígenas iniciaron un paro nacional.

El día de ayer, manifestantes en Cusco se tomaron una planta compresora de gas natural que suministra hacia Lima, que se suma a la toma del aeropuerto de Arequipa.

Finalmente, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México -impulsados por este último-, han criticado la destitución de Castillo y piden su liberación, por lo que el gobierno interino convocó a los embajadores de estos países para señalarles que «la sucesión presidencial de Dina Boluarte es constitucional».

*Imagen de EFE | Obtenido de https://latinus.us/