Mediante un informe emanado desde la Dirección del Centro de Trabajo y Educación (CET) de Vilcún a fines de diciembre pasado, se notificó al Machi Celestino Córdova de la condicionante que pesa sobre su permanencia en el mismo.
Por Juan Contreras Jara
Luego de evaluarlo con "pésima conducta" y recomendar su reintegro a un centro de cumplimiento cerrado, el informe estableció "que de protagonizar un nuevo evento que atente contra el régimen interno, cualquiera sea su naturaleza, se sugerirá de manera inmediata su desvinculación del CET".
Lo anterior devendría de las denuncias que hizo Córdova de las paupérrimas condiciones sanitarias y la persecución religiosa que sufre como autoridad espiritual mapuche al interior del centro penitenciario de Vilcún. Hay que recordar que en noviembre de 2020, Celestino, entre otros, denunció que los presos no cuentan con agua potable y que los alcantarillados del CET se encuentran completamente sucios, incluso con animales muertos en su interior.
Pese a encontrarnos en medio de una pandemia, los problemas sanitarios se mantienen hasta el día de hoy en el CET de Vilcún. Por ejemplo, el agua que consumen los presos debe ser llevada mediante camiones aljibe, debido al pésimo estado del alcantarillado y las cañerías del centro penitenciario por donde podría pasar agua para consumo humano.
Sobre esta situación conversó con RESUMEN Cristina Romo, parte de la vocería del Machi, quien enfatizó en que la condicionante que pesa sobre Celestino Córdova y su permanencia en el CET de Vilcún sería incongruente a los acuerdos pactados con el Gobierno tras bajar la huelga de hambre que mantuvo por más de 100 días.
La vocera hizo hincapié en que "hay que entender que en el fondo se están aplicando sanciones políticas. Al Machi le aplicaron dos sanciones que tienen que ver con restricción de visitas por supuestas faltas graves. A partir de la situación de las denuncias se procede al hostigamiento mediante estas sanciones. Esto es parte del incumplimiento del acuerdo político que se realizó con el Gobierno, porque en Chile no se aplica el Convenio 169 de la OIT".
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Es preciso señalar que el pasado 23 de noviembre se presentó una querella contra la alcaide del CET de Vilcún, Jessica Rivas, por los delitos de tortura y apremios ilegítimos, relativos a distintos hechos que hoy investiga el Ministerio Publico. Luego de la visita del INDH a dicho centro, se conocieron dos testimonios de presos que expresaron haber sido coercionados para implantar drogas en la habitación de Córdova.
Sumado a esto, la querella contra Jessica Rivas y los funcionarios de Gendarmería que resulten responsables incluyó episodios de tortura durante dos allanamientos al interior del CET, que terminaron con dos presos trasladados a una cárcel común por acompañar las denuncias del Machi. Al mismo tiempo, se presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco a favor de Córdova, por cualquier nuevo episodio de hostigamiento y persecución política.
Sobre la situación actual de esta querella, Jorge Guzmán, abogado de Celestino Córdova, explicó que "se presentó y ahora está en su etapa de investigación, pero más que eso no hay ningún tipo de avance. Se están haciendo las diligencias desde el Ministerio Publico, nada más".
Con respecto a algún plazo investigativo que arroje responsabilidades en los hechos de tortura denunciados por Celestino Córdova, el abogado comentó que no existen "porque está desformalizada, el plazo es indefinido. Esto significa que no ha habido intervención de un Tribunal y el Ministerio Publico puede investigar libremente sin intervenir en la vida de los imputados".
La denuncia de las situaciones antes descritas habría gatillado, indica la vocería del Machi Celestino Córdova, el actual condicionamiento de su estadía en el CET de Vilcún. Hay que agregar que el domingo 10 de enero sostuvieron una extensa reunión con Córdova los representantes del INDH, Sergio Mico y Federico Aguirre, Director Nacional y de la Araucanía, donde se revisaron las denuncias y la evaluación efectuada por Gendarmería.
Sobre esta reunión, Cristina Romo comentó que desde el INDH les sugirieron recurrir a instancias internacionales de Derechos Humanos, debido a la gravedad de la situación del Machi y lo solicitado que está el organismo en el actual contexto nacional de prisión política.
Desde la vocería de Córdova expresaron que "nos dijeron que no tienen la capacidad de poder abordar hoy en día la situación del Machi. Ellos nos solicitaron que nosotros pidamos la intervención de organismos de Derechos Humanos de nivel internacional. Nosotros ya solicitamos a Amnistía Internacional que intervenga, así que lo vamos a seguir haciendo con otros organismos de manera formal como la OIT, la ONU, entre otros".