El pasado 3 de enero de 2020 se realizó una consulta ciudadana en la cual participaron aproximadamente 12.000 vecinos de Concepción Centro. En esta se preguntó sobre el límite de la altura ideal de los edificios para la ciudad, indicando un máximo de 15 pisos, esto se incluyó en el Plan Regulador Metropolitano penquista vigente desde julio de 2021, sin embargo, desde ese entonces se siguen construyendo inmuebles que no respetan la nueva norma.
Por Antonia Ortiz Hormazábal
El problema es que existen edificios que están en obra y proyectan tener más de 15 pisos porque la aprobación de su proyecto se efectuó antes de la quinceava modificación del Plan Regulador, es decir, las empresas solicitaron los permisos de construcción a la municipalidad anteriormente de que la norma existiera.
Actualmente, organizaciones sociales han levantado la exigencia del derecho a la ciudad, así lo afirmó Claudia Arriagada, concejala de la municipalidad de Concepción, quien declaró que, "no hay herramientas que le permitan a la ciudadanía avanzar en procesos participativos para la planificación de sus ciudades».
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Algunos de los impactos para la ciudad y la vida de las personas que provocan los edificios de gran altura es la escasez de sol, los ruidos molestos y el polvo que se genera cuando están en construcción, también se colapsan las alcantarillas, aumenta la congestión vehicular, entre otros problemas.
En abril del 2021 se determinó a través de un decreto municipal la suspensión de obras durante tres meses, el municipio tuvo la oportunidad única de extenderlo a un año, hasta que se oficializara el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, pero no lo hizo.
Arriagada asegura que, "hay una falta de coordinación entre instituciones". Además, hace una crítica a la Ley de Urbanismo y Construcciones, acotando que, "le da muchas atribuciones a la Dirección de Obras Municipales".
Para finalizar, realizó una evaluación con respecto al rol de las autoridades regionales y municipales en relación con la regulación de la ciudad, expresando que, "existe una precariedad municipal y una falta de coordinación enorme. Las instituciones no funcionan para defender el territorio y para establecer una planificación acorde y armónica con la ciudadanía y el medioambiente".