[resumen.cl] Una millonaria inversión de capitales canadienses y chinos financia el proyecto «Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud» que busca instalar una línea de alta tensión en la región de Los Lagos. La intervención, liderada por la empresa Transelec, cuenta con la oposición de comunidades chilotas en base a la imposición de convertirse en un polo de desarrollo energético vulnerando los ecosistemas.

En septiembre de 2020 un Estudio de Impacto Ambiental fue ingresado a tramitación para desarrollar una línea de transmisión que permita unir las subestaciones Nueva Ancud y Tineo en la región de Los Lagos.

El proyecto se encuentra liderado por la empresa Transelec, conocida por ser la principal proveedora de sistemas de alta tensión de Chile, siendo propiedad de capitales transnacionales; concretamente: canadienses, representados por Canadian Pension Plan Investment Board (CPP), British Columbia Investment Management Corp. (bcIMC) y Public Sector Pension Investment Board (PSP), y capitales chinos por la empresa Southern Power Grid International (CSGI).

Sin embargo, el proyecto no cuenta con el respaldo de comunidades de los territorios, sobretodo chilotas, que se verían afectadas con la instalación. Para profundizar en esta situación, RESUMEN se contactó con Chiloé Libre de Saqueo Energético, quienes se han posicionado como oposición a la instalación de la línea que busca unir el territorio que habitan con el continente.

De parte de la organización conciben el proyecto como "altamente invasivo y destructivo del delicado ecosistema del sur de Chile -ya sumamente intervenido por la salmonicultura y la extracción forestal-, pero por sobre todo no responde a las necesidades del territorio que interviene", contrarrestando con lo que la empresa ha declarado como una iniciativa que viene a «reforzar el sistema eléctrico nacional y regional».

En este sentido, plantean que existen diversos proyectos -instalados y en curso- que responden con creces a la demanda energética, pero que continúan generando contradicciones en el territorio en el sentido de concebir a Chiloé como un "polo de desarrollo energético para nutrir las demandas de la industria nacional -especialmente minera- y convertir a Chile en un país exportador de energía", acusando que, incluso, la empresa en cuestión estaría ingresando sin autorización al territorio, "vulnerando lugares que son sagrados para el pueblo Williche de Ancud".

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Amparándose, indica documentación de la empresa, en el Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional, la iniciativa contempla «la construcción y operación de una nueva línea de transmisión eléctrica de alta tensión», proyectando el inicio de ejecución para noviembre de 2021 y un monto de inversión de US$107 millones.

Sobre esto, Chiloé Libre de Saqueo plantea que la empresa ha intentado de forma reiterativa acercarse a las comunidades para justificar los requerimientos ambientales. Ante esto, la pandemia no ha permitido generar una visibilización mayor de sus acciones, por lo que las y los vecinos "señalan que ha existido un doble estándar en el diálogo que proponen, donde se aprovechan del desconocimiento del proyecto para apurar acuerdos, los cuales intentan imponer cuando se les empiezan a hacer reparos u observaciones".

Asimismo, comentan el desarrollo de una estrategia de tercerización de sus tareas, permitiéndole a la empresa la difusión de mensajes "sin hacerse cargo de lo que otras áreas han dicho o dirán", generando un ambiente de conflictividad y dudas ante su presencia, contradiciendo la imagen pública que se estaría difundiendo "junto a la Municipalidad de Ancud o el Servicio de Salud Chiloé, donde intentan mostrarse colaborativos y solidarios, pero eso no se refleja en su trato con las comunidades directamente afectadas"

Es así como la política del "buen vecino", acusan, ha conllevado también la organización de resistencia ante el proyecto, donde pese a la dificultad del manejo técnico especializado, habitantes de Chiloé "se han rehusado a tratar y negociar con la empresa, ante lo cual esta les aísla y jurídicamente les invisibiliza".

Esto ha decantado en la presentación de observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación ambiental, además de la existencia de lo que llaman un "ánimo generalizado en defender el territorio", complementándose con aspectos técnicos y comunicacionales que se enfrenta a la supuesta "propuesta verde" que se sustenta en una "lógica empresarial que termina por intervenir y deteriorar las zonas y comunidades donde se instalan".

En esta línea, a fines de febrero se lanzó la campaña "Chiloé Libre del Saqueo Energético", donde se reúnen las acciones y voluntades contra la instalación del proyecto. Asimismo, se han creado instancias formativas sobre el impulso de Transelec, "identificando los puntos a analizar y analizando las mejores estrategias, a partir de las pocas instancias y herramientas que dispone la institucionalidad ambiental para ello".

Infografía proyecto | transelec.cl

A continuación se presentan tres respuestas íntegras a preguntas realizadas a la organización, las cuales dan elementos claros del análisis que realizan:

– ¿Qué organismos estatales entran al conflicto? ¿El SEA, el Ministerio de Medio Ambiente, la Alcaldía?

Una de las situaciones más graves que se han dado en el proceso de evaluación del proyecto de Transelec es una inadecuada participación ciudadana. La ley establece en derecho a la participación libre e informada, pero esto se ha visto sumamente dificultado por la pandemia. Ancud y otras comunas afectadas por el proyecto han estado gran parte del período de evaluación del proyecto en fases 1 o 2, lo que dificulta enormemente el juntarse y conversar respecto a su parecer como comunidad.

Han habido algunos esfuerzos de hacer encuentros en persona, pero creemos que no se ha considerado el gravísimo escenario sanitario. Las comunidades han tenido personas enfermas y han querido respetar las restricciones a reunirse. Comunicarse por vías telemáticas se vuelve muy difícil ya que no hay amplio acceso a las tecnologías que lo harían posible.

El SEA de hecho suspendió los eventos de participación a fines de 2020, pero los reanudó en febrero a pesar de que la situación de la pandemia seguía igual o peor. Todo esto fue comunicado a funcionarixs del SEA en comunicaciones con ellxs. En suma, el derecho a la participación ha sido sumamente vulnerado.

El Municipio de Ancud en el último tiempo ha mostrado una tendencia cada vez más grave a no presentar observaciones o presentar algunas de muy poco peso a los proyectos que ingresan a evaluación ambiental. El caso de este proyecto de Transelec refleja el poco interés y seriedad con la que esta municipalidad enfrenta sus responsabilidades en las evaluaciones ambientales; tratándose del proyecto con mayor inversión e impactos negativos en la comuna de los últimos años, el gobierno local apenas ingresó observaciones genérica y sin peso al documento.

Esto refleja no solo una falta de capacidad y voluntad del equipo municipal, lo que puede verse fácilmente al comparar con la participación de otras municipalidades, sino que además habla de un municipio que no dialoga con las comunidades locales, dejándolas a su suerte frente a proyectos de esta envergadura. Esto contrasta fuertemente con la participación activa y visible del alcalde en las campañas publicitarias de entrega de cajas de emergencia por parte de la empresa, cuya difusión ya fue objetada por Contraloría.

– ¿Qué propuestas plantean para destrabar el conflicto?

Creemos que este proyecto de línea de transmisión es incompatible con el cuidado del territorio, con las propias formas de vida y trabajo que tenemos, nuestras cosmovisiones y su relación intrínseca con la naturaleza.

Esta línea de transmisión afectaría gravemente cualquier posibilidad de que los actores locales definamos la vocación futura del territorio, aprovechando sus atributos particulares, como las formas tradicionales de trabajo, la agricultura campesina e indígena, la pesca artesanal, el turismo, entre otras que sustentan las distintas formas de nuestra soberanía incluyendo alimentaria, económica y energética, sin poner en riesgo el lugar en que vivimos y nos desenvolvemos. Hoy hay muchas familias sin agua y eso es culpa de la falta de respeto a la hora de instalar o desarrollar proyectos invasivos y sin planificación.

A nivel práctico, lo que proponemos es una moratoria a los proyectos de inversión que buscan expandir la capacidad de generación y transmisión energética, hasta que no exista un debido proceso de planificación u ordenamiento territorial, verdaderamente democrático y pertinente ecológicamente. En el estado actual de cosas, la inversión privada está imponiendo por la vía de los hechos una visión de territorio basada en la explotación y el lucro, que es incompatible con otros usos actuales y potenciales, robándonos la posibilidad de decidir como territorio.

Esto es un problema a nivel nacional, en el que se promueven y priorizan intereses privados por sobre las necesidades de las comunidades y los territorios directamente intervenidos, perpetuándose una lógica de sacrificio. Necesitamos una energía al servicio de las necesidades insulares de Chiloé.

Espacio de cierre: ¿Alguna idea a reforzar?

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 del Ministerio de Energía, aclara que la integración eléctrica regional, no solo contribuye a una "mayor seguridad de suministro", sino que, "permite la diversificación de la matriz energética, aumentando la competencia del mercado eléctrico, junto con una disminución de costos, la utilización plena de la infraestructura y menores emisiones de contaminantes locales y de gases efecto invernadero".

El propósito es el aumento de las energías renovables como la solar en el norte y eólica en el sur.  Sin embargo, el costo de estas energías "sustentables" en Chile y específicamente en Chiloé se han caracterizado por un aumento exponencial en la destrucción del patrimonio de biodiversidad y de naturaleza. Deberíamos agradecer y consolarnos con los programas de mitigación, pero estos desde un punto de vista científico no son nunca comparables a los procesos evolutivos que por millones de años han actuado para establecer aquellos ecosistemas prístinos simplemente destruidos para estas líneas de transmisión eléctrica.

Chile tiene ahora un ambicioso y desafiante objetivo dentro de un mercado global con lo que llaman el "combustible del futuro" o hidrógeno verde e incluso se atreven a declarar que gracias a los recursos energéticos (solar en el norte y eólica en el sur), nuestro país alcanzaría la "sociedad sostenible".  Sin embargo, el costo de este nuevo combustible que no solo aparentemente descarboniza el país, es altísimo.

Usando estas energías renovables, Chile podría producir hidrógeno verde por medio de la electrólisis, el fenómeno que produce hidrógeno a partir del agua. Nuevamente llegamos a la misma triste conclusión de que estas energías renovables en Chile tienen un costo de destrucción del medio ambiente presente que al mismo tiempo se combina con la triste realidad del cambio climático (manifestado en la sequía) y los poderes extractivos (por ej. cultivos de paltos) que han consumido el recurso agua.

Es un mito que la electricidad de la energía eólica es energía verde, considerando toda la maquinaria a diesel que se utiliza al "limpiar" los sitios, excavar los cimientos, transportar los diversos componentes y los ensamblajes. La turbina eólica en comparación con otras formas de producción de electricidad produce muy poca electricidad incluso cuando hay suficiente viento. Por otra parte, se deben conectar más turbinas independientes a la red de transmisión eléctrica, lo que obviamente requiere mucha más infraestructura que cuando la electricidad se genera en una sola planta de energía. Fundamentalmente, no existe una tecnología de almacenamiento adecuada para la electricidad que produce el viento.

Por lo tanto, no existe energía renovable, cuando son cientos de kilómetros cuadrados de bosques nativos que tienen que ser sacrificados por estas líneas de transmisión eléctricas y cuando otros ecosistemas frágiles son impactados o incluso destruidos.

Chiloé no es el único territorio amenazado por este tipo de iniciativas. En este camino, hemos encontrado mucha información de comunidades afectadas por proyectos de este tipo, donde se ha utilizado como excusa el cuidado medio ambiental para instalar sistemas de transmisión y plantas de generación eólica sin respetar la naturaleza y las comunidades. Ese es un conflicto que hoy está invisibilizado, pero que sin duda se hará de escala nacional en la medida que estos proyectos sigan prosperando en la lógica con la cual se están haciendo.

El sector energético ha sido el que ha tenido mayor movimiento a nivel empresarial y económico, donde se están invirtiendo desde el extranjero (Italia, España, China principalmente) grandes sumas para hacerse con la propiedad de las empresas o mejorar las posiciones de mercado (parte de Transelec ha sido recientemente adquirida por una empresa transnacional del Estado chino, por ejemplo).

Esto ha ido de la mano con un gobierno que impulsa como gran estrategia el producir hidrógeno "verde", que suena muy bonito, pero que en la base está significando mayor intervención y saturación de los territorios, sin un cambio de enfoque en lo que son las necesidades de las comunidades o un verdadero respeto al medio ambiente.

Existe entonces la necesidad de que este tema tome un realce a nivel nacional, que conecte todo lo que está pasando en Chiloé, en el Biobío, la Patagonia y tantos otros lugares donde estos proyectos se están instalando, para que el debate sea efectivamente democrático y no siga en este manto de impunidad que tiene ahora.

También nos parece sumamente resaltar que este no es el primer conflicto energético de Chiloé. Ahora mismo, por ejemplo, se está reactivando el proyecto de megaparque eólico "Parque Eólico Chiloé" que intervendrá Mar Brava. También, existe actualmente una lucha de reivindicación cultural y territorial en Alto Gamboa, en un lugar de gran significancia Williche ancestral.

El SEA determinó en 2017 que un proyecto de nueva línea de transmisión y nueva subestación eléctrica atravesara ese lugar, con toda la destrucción ecológica, social y cosmológica asociada. La comunidad se enteró cuando el período para presentar observaciones ya había acabado. Pero gracias a la resistencia de la comunidad la empresa finalmente desistió de su trazado original.

Todo sin reconocer la vulneración de derechos que han sufrido como pueblo-nación. Estos casos muestran que el saqueo energético de Chiloé ya es un proyecto en curso que ha generado muchos daños, no solo una posibilidad futura.

Fotografía principal: enlanoticia.cl