En respuesta a la escalada de alzas a las cuentas de luz y al costo de la vida, un conjunto de organizaciones de la Región Metropolitana y Valparaíso ha convocado a una jornada de protesta para este jueves 22 de agosto. Exigen al gobierno que en vez de cargar un aumento del 70% al consumo residencial de luz, se renegocien los contratos con las empresas eléctricas, se compense oportunamente a todas las familias afectadas por los daños generados por los cortes de luz y se inicie un proceso para que la energía eléctrica vuelva al control público producto de la falta de la negligente gestión privada.
Por Maximiliano Bazán
La jornada anunciada se compone de llamados a protestas en la mañana para denunciar las amenazas de desalojo de diversas tomas y campamentos junto a una marcha central convocada a las 11 horas por estudiantes secundarios y universitarios en el Parque Forestal, ubicado en el centro de la capital. Mientras que, para las 20 horas, se han convocado al menos 12 puntos de cacerolazo en distintas comunas de Santiago, hasta el cierre de esta edición.
Una de estas organizaciones es el Movimiento Solidario Vida Digna, cuyos 10 comités de allegados han discutido en sus asambleas cómo estas alzas harán que sus familias tengan aún menos capacidad de ahorro para la vivienda, presionando una vez más a usar esos mismos ahorros para llegar a fin de mes. Esto se suma al hecho de que, al subir la luz, subirá también el precio de los alimentos y con ello, también el valor de la UF, al aumentar la inflación, por lo que el monto del ahorro para la vivienda también aumentará. Un círculo vicioso de empobrecimiento.
Aumento de precios de alimentos entre 2020 y 2024
"La decisión de movilizarse surge del hecho de que no podemos seguir cubriendo las ganancias de grandes empresas porque simplemente el bolsillo no da. Es inaceptable que el gobierno no haga nada más que anunciar alzas mientras esas mismas empresas nos dejan días o semanas sin luz", dice Sigrid Tapia, una de las dirigentas del movimiento.
De acuerdo a cifras anunciadas por el propio gobierno, a nivel nacional, las cuentas de luz subirán, en promedio, cerca un 70% entre julio de 2024 e inicios de 2025, por concepto de generación de energía, pero también por su distribución, por efecto del congelamiento de las tarifas durante octubre de 2019, que más bien consistió en trasladar estas alzas hacia el futuro, agregando una deuda por más de $6.500 millones de dólares que ahora se traspasará a las familias, donde cerca de un tercio corresponde solo al pago de intereses.
El subsidio no es una solución
Junto a las alzas, el gobierno anunció un subsidio eléctrico que, hasta la fecha, consiste en un monto de $120 millones de dólares a distribuirse en las cuentas de seis meses de los 1,6 millones de familias que lograron postularon, equivalente a menos del 20% de los hogares del país, y cuyo monto depende de la cantidad de integrantes que tenga el grupo familiar (ver tabla).
Antes de los apagones de inicios de mes, el ministro de energía, Diego Pardow, había anunciado el ingreso de un proyecto de ley para mediados de agosto que buscaría extender el universo de beneficiarios del subsidio a costas del IVA que generarían las mismas alzas, y condicionado a lograr los votos para aumentar el impuesto a las generadoras a carbón (impuesto verde), pero nada de eso ha ocurrido a pesar de que las alzas ya comenzaron a golpear la economía familiar.
"Sabemos muy bien que el subsidio no es una solución a nada, porque además de que lo recibirán muy pocas familias, no alcanzará a cubrir ni la mitad de las alzas que ya estamos pagando a pesar de haber estado sin luz, y porque para peor, se financia de nuestro propio bolsillo", dice Simón González, también dirigente del Movimiento Solidario Vida Digna.
"Hacemos un llamado a las organizaciones sociales de todo el país a no quedarse callados viendo cómo se nos empobrece cada día más y a salir a las calles a protestar desde todos los lugares posibles porque es necesario no solo poner freno a todas estas alzas, sino también retomar el protagonismo de la agenda de derechos sociales en nuestro país", concluye.