[resumen.cl] El día 1 de julio de 2019 se realizó una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en donde se escuchó a los Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono y agrupaciones de los antiguos fundos de Puñir-Releco, Pirihueico y Toledo, quienes solicitan que se abran los caminos para las familias del sector, los que se encuentran cerrados por sus actuales dueños. Los y las habitantes históricas de este territorio se han enfrentado a una reiterativa violación de sus Derechos Humanos (DD.HH.) desde el Golpe de Estado de 1973 hasta la actualidad. Esto por una serie de situaciones que califican de injustas y de las que exigen reparación.
Cabe señalar que esta situación de encierro ha producido movilizaciones como la realizada el 21 de junio de 2019 cuando los ex trabajadores y trabajadoras del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, particulamente los del fundo Arquilhue en la comuna de Futrono, se tomaron la ruta que conecta las localidades de Llifén y Maihue. Esta movilización se produjo para liberar a familias que permanecen al interior del predio y que no pueden acceder a las rutas dado al cierre que de ellas hacen los actuales dueños -vinculados a la familia Paulmann- y que impiden el libre tránsito de campesinos del sector Las Quemas.
En la Comisión de Derechos Humanos expuso la Presidenta de la Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono, señora Antonia López Mendoza, la cual explicó la situación que viven en Futrono desde la visión de los propios afectados y afectadas. Además, expuso desde una perspectiva jurídica del conflicto, el Abogado Vladimir Riesco. Desde el enfoque histórico también expuso el Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Robinson Silva Hidalgo.
Respecto a la situación el profesional de la historia y las ciencias sociales explicó, desde un punto de vista histórico, que este territorio fue ancestralmente mapuche, pero a fines del siglo XIX se constituyó como una zona de explotación forestal por la legislación chilena. Con el devenir del tiempo, el Estado fue concesionando y vendiendo estos terrenos a diferentes particulares que en el régimen del paternalismo industrial fueron constituyendo distintas comunidades dedicadas principalmente a la explotación forestal. La ganadería y la agricultura también se realizaron pero en menor medida. Con el paso del tiempo se conformaron verdaderos poblados que tenían escuelas, caminos, puentes, cuerpos de bomberos, postas, retenes de carabineros, etc.
Esto generó a largo plazo la existencia de una población importante de 3000 trabajadores y trabajadoras que en conjunto con sus familias representaron cerca de 20.000 personas en el momento de mayor desarrollo en la zona. El territorio corresponde a toda la cordillera de la Región de los Ríos, más de 400.000 hectáreas, en las comunas de Panguipulli, Futrono y Los Lagos. Llegando los años 70, se produjo una experiencia inédita en este territorio, ya que se genera el co-manejo entre los trabajadores y el Estado de la explotación forestal, mejorándola sustancialmente y aumentando su producción mediante distintas formas de trabajo del bosque nativo.
Posterior al Golpe de Estado este territorio fue brutalmente reprimido. Después de las grandes ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, esta es la cuarta región en mayor cantidad de ejecuciones, detenciones, torturas y prisión política según la comisión Rettig y Valech. Con el devenir del tiempo el COFOMAP (Complejo Forestal y Maderero Panguipulli) es vendido a nuevos propietarios. Conocido es el caso del yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou que lleva a cabo este proceso como director de CONAF y CORFO, empezando su meteórica carrera hasta convertirse en uno de los millonarios más poderosos e influyentes del país. En este contexto se lleva a cabo un proceso de privatizaciones que enajena esta propiedad pública, y se genera un desplazamiento de las poblaciones asentadas aquí de forma inhumana, despojándolas de sus tierras y formas de vida, sin ningún tipo de compensación en la mayoría de los casos. Se les quita sus viviendas, se les quita su tierra, se les mata sus animales y su vida se hace insostenible, trasladándolas forzadamente a Argentina, Santiago o el poblado consumido por los incendios en 2017 Santa Olga.
Estas comunidades, entonces, el día de hoy buscan una reparación a la violación de sus Derechos Humanos, así como una reparación en los aspectos moral, económico y social. Así se han conformado 7 agrupaciones con cerca de 3000 personas que se encuentran recuperando su historia y organizándose para evitar más atropellos como los que viven en la actualidad, en donde ni siquiera pueden tener acceso a los caminos para realizar su vida de forma normal. De esta manera, a corto plazo la comunidad de Futrono busca que se abran los caminos bloqueados, y que a mediano-largo plazo se genere una reparación a las violaciones a los derechos humanos que han tenido que sufrir en la últimas décadas.
Puedes ver a continuación el video entero de la comisión de derechos humanos de la cámara del senado