En vísperas de que mañana se reanude la primera ronda de diálogo en La Habana, y tras unas primeras conversaciones valoradas positivamente por ambas partes, el Gobierno colombiano ha decidido incrementar la presión sobre las FARC. El Ejército colombiano bombardeó el fin de semana el campamento de una columna guerrillera en Nariño. El presidente, Juan Manuel Santos, marcó los límites, tanto en cuanto a contenidos como temporales, al proceso.
El Ejército colombiano bombardeó el pasado fin de semana un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el suroeste del país, matando a al menos una veintena de guerrileros.
El objetivo del bombardeo fue un campamento guerrillero de la columna móvil Mariscal Sucre, ubicado en la vereda de Los Arrayanes, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño (suroeste de Colombia).
Medios locales informaron de que el saldo fue de al menos 20 rebeldes muertos, aunque el coronel Luis Emilio Cardoso, portavoz de la Brigada XXIII del Ejército que opera en el departamento de Nariño, explicó que la Fiscalía, encargada del levantamiento de los cadáveres, todavía no había establecido el número exacto de fallecidos.
El bombardeo tuvo lugar, según el coronel, en la noche del sábado sobre el municipio de Ricaurte, cercano a la frontera con Ecuador. El brigadier general Jorge Alberto Segura informó de que el ataque se registró el domingo. Cardoso aseguró que «entre los fallecidos sí está confirmado que se encuentra el cabecilla de esta unidad, alias Guillermo Pequeño».
Segura confirmó este extremo y añadió que llevaba 25 años luchando en la guerrilla más antigua del continente latinoamericano. «Tropas de la Tercera División (del Ejército), con el apoyo de la Fuerza Aérea, lograron dar un golpe contundente a las FARC, a la estructura Mariscal Sucre, y se habrían dado de baja a 20 guerrilleros», alardeó el brigadier general, quien anuncio asimismo el decomiso de «todos los insumos» del campamento guerrillero. «El material de guerra, la información militar, todo lo que una infraestructura terrorista necesita, ha sido decomisado», señaló.
Segura calificó el operativo militar como «un golpe certero a la estructura Mariscal Sucre» y avanzó que le seguían los pasos desde hace meses «debido a los numerosos ataques que ha llevado a cabo contra policías y militares». El militar anunció que el Ejército va a seguir con las operaciones contra los grupos armados presentes en el departamento. «En lo que va de año, 80 guerrilleros han sido abatidos, capturados o desmovilizados en Nariño», reivindicó.
Uno de los comandantes del Ejército en la región, el general Leonardo Barrero, justificó el ataque a una columna «que aterrorizaba a las poblaciones, a los campesinos y a los indígenas de la región con asesinatos, extorsiones y violaciones».
En pleno diálogo
Este suceso se produce en pleno diálogo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que comenzó formalmente el 19 de noviembre en La Habana y en el que la semana pasada concluyó la primera fase con un acuerdo: la decisión de incluir a la sociedad civil en el proceso de paz.
El mismo día que comenzaban las negociaciones, la guerrilla anunció un alto el fuego unilateral de dos meses, en vigor hasta el 20 de enero, al que no se sumaron las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano, ya que, según el presidente Juan Manuel Santos, sólo cesará la persecución a los rebeldes cuando se haya logrado un acuerdo definitivo.
Horas antes de este bombarde, Bogotá reivindicó que cuatro guerrilleros, entre ellos el líder de un frente regional, resultaron muertos y tres fueron hechos prisioneros en un operativo en el centro de Colombia.
Santos advierte
Coincidiendo con estos operativos, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, elevó el tono contra las FARC y advirtió de que «este (el diálogo) no puede convertirse en un proceso que dure años, sino meses. «Es decir, no puede durar más allá de noviembre del año entrante, yo diría que antes», concretó durante su intervención en el II Foro Ideológico del Partido Verde, que se celebró el domingo en la ciudad de Cartagena.
Con todo, amplió desde junio hasta noviembre de 2013 el plazo máximo para que el Gobierno y las FARC alcancen un acuerdo en la mesa de negociaciones de La Habana y subrayó a importancia de «tener paciencia» y de «no exigir resultados inmediatos» a las partes porque «la mesa de negociaciones es muy compleja. Se están discutiendo temas muy complejos», reiteró Santos, en referencia a un conflicto que dura medio siglo y que ha dejado un saldo de cientos de miles de víctimas mortales y más de 4 millones de colombianos desplazados.
Conjugando siempre la táctica del palo y la zanahoria, el presidente colombiano advirtió a las FARC de que «si lo que ellos quieren es utilizar otra vez la mesa (de diálogo) para hacer su revolución por decreto desde Cuba y transformar la Constitución, el país y las políticas públicas, entonces no habrá paz». Pero a continuación reiteró la disposición del Gobierno a poner fin al conflicto. «Si las FARC, efectivamente, quieren pasar de las balas a los votos y tratar de lograr sus objetivos a través de los procedimientos democráticos, encontrarán en el Gobierno toda la disposición, todas las facilidades y todas las garantías». «Por eso la agenda temática que se acordó y se firmó, tiene que ver con lo segundo y no con lo primero: con la forma de pasar de las balas a los votos», insistió. «Que hagan política, estamos más que dispuestos, pero no pueden hacer política armados, sería totalmente inaceptable», subrayó, poniendo como ejemplo el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ex guerrillero del M19. «Ha llegado a la Alcaldía de Bogotá y quiere nacionalizar las basuras. Es su decisión y si le va bien, perfecto y si le va mal, el pueblo lo castigará», señaló.
Ambas partes anunciaron una nueva ronda de diálogo a partir de mañana, tras unos primeros contactos «que avanzan como estaba previsto», en palabras del jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, y tras los que el número dos de las FARC, Iván Márquez, reiteró la «fe inmensa» de la guerrilla en el proceso de diálogo.
Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, desmintió que la guerrilla tenga en su poder prisioneros de guerra, «retenidos ni secuestrados», como apuntó la víspera la guerrillera Sandra Ramírez.
En una entrevista con la emisora colombiana «Blu Radio», Granda, alias «Ricardo Téllez», afirmó desde La Habana: «Nosotros en este momento, podemos garantizarlo al país y lo hemos dicho, no tenemos prisioneros de guerra». El líder guerrillero restó valor a las declaraciones de Ramírez publicadas el domingo en el periódico cubano «Juventud Rebelde», en las que afirmaba que «es cierto, nosotros tenemos prisioneros de guerra y los vamos a entregar, pero que el Estado nos devuelva a los nuestros que están allí, en las prisiones». Granda justificó que la guerrillera, quien fue la última compañera sentimental del jefe y fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, más conocido como «Manuel Marulanda Vélez» o «Tirofijo», «de pronto pudo tener una ligereza».
Además, consideró que Ramírez se estaba refiriendo a «una política anterior», la del canje humanitario, que han defendido históricamente las FARC. «Pero en este momento están hablando con uno de los negociadores de las FARC y él te garantiza lo que te está diciendo», dijo al periodista que le entrevistó.
Respecto a la entrega de tres ingenieros chinos y de su traductor el pasado 22 de noviembre, Granda señaló que lo único que le consta es que «alguien» entregó a esos cuatro ciudadanos chinos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y que muchos delincuentes se han beneficiado de la práctica del secuestro para obtener dinero.
Granda integra el grupo de negociadores nombrados por la cúpula de las FARC que negocia con Bogotá en La Habana. GARA