Por Ruperto Concha / resumen.cl

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La libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad de información, son una misma libertad, que constituye la columna vertebral de todas las demás libertades democráticas.

Pero hay más. Esa libertad de expresión y de conciencia también es la única y esencial garantía de avance del pensamiento humano. De evolución y progreso social y cultural de la humanidad.

Eso lo comprendió el ser humano ya en los albores de la civilización. Y, sin embargo, también desde los albores de la civilización, los poderosos y sus compinches se han emperrado en tratar de destruir esa libertad.

Lo hicieron 399 años antes de que naciera Jesucristo, cuando mataron al filósofo Sócrates, en Atenas, el primer mártir conocido de la libertad de pensamiento.

Y todavía hoy, dos mil 422 años después de Sócrates, las noticias siguen hablándonos de condenas a muerte y de asesinatos contra escritores y periodistas. De peticiones de presidio contra quienes revelan hechos verdaderos pero que "atentan contra la honorabilidad" de algún gobierno o algún político.

Incluso en Estados Unidos y Gran Bretaña, países que en el pasado fueron adalides de la libertad de conciencia y opinión, ahora las leyes "siglo 21" amenazan la confidencialidad de las informaciones y ponen a los informantes a merced de los que quieren esconder la verdad.

De hecho, en Estados Unidos ya van más de seis periodistas llevados a la cárcel por defender el secreto de sus fuentes de información… sin mencionar la brutalmente ilegítima prisión de Julian Assange ¿Por qué esos atentados contra la libertad del espíritu humano?

Básicamente, el enemigo de la libertad de conciencia, de opinión y de información, se ha llamado Censura. Y la Censura consiste en impedir mediante la fuerza que las ideas, las opiniones y los puntos de vista de otra persona le puedan ser comunicadas a los demás.

Con los primeros emperadores cristianos, el peso de la ley se unió al peso de la Iglesia, de la religión, y ya en el Concilio de Nicea, el año 325, se comenzó con la quema de libros bajo acusación de "herejía", es decir, bajo acusación de interpretar extraoficialmente los dogmas evangélicos.

El cristianismo medieval impuso un control estrictísimo de las ideas y los pensamientos. Y al llegar la Reforma, en el Renacimiento, los protestantes también se encontraron con la misma necesidad de someter ferozmente al pensamiento, sobre todo, ante la amenaza que creían ver en los nuevos descubrimientos científicos.

Mientras los católicos quemaban vivo al astrónomo Giordano Bruno, los protestantes quemaban vivo al médico Jean Servet, el descubridor de la circulación sanguínea. Miles de pensadores sabios fueron torturados y condenados a muerte, junto a decenas de miles de otras pobres gentes que tuvieron el mismo destino, pero bajo acusación de ser herejes, brujos o satanistas.

Sin embargo, la reforma protestante generó en algunos rincones de Europa, varios enclaves donde la burguesía defendió con heroísmo la libertad de conciencia. Sobre todo en Holanda, pero también en varias sedes universitarias de Alemania.

Fue gracias a esos enclaves, a esas islas de tolerancia, que pudo surgir el pensamiento humanista que iba a traducirse en el triunfo de las ideas de Derechos Humanos y gobiernos democráticos, con las revoluciones de las colonias inglesas de Norteamérica y la gran Revolución Francesa.

La defensa de la libertad de conciencia y de expresión partió de la base de que todo gobierno y todo ser humano puede llegar a ser mejor de lo que es en un momento dado. Que no existe ningún estado perfecto, cuya estabilidad haya que conservar a todo precio, aunque sea a costa de paralizar, estancar, dejar tullido y sin evolución al espíritu y al pensamiento del ser humano.

En Estados Unidos, en 1964, la Corte Suprema de Justicia desechó en forma prácticamente definitiva los reclamos contra los medios noticiosos por conceptos como "difamación" y "daño a la honra". En su veredicto, la Corte Suprema señaló que la Constitución de Estados Unidos compromete con perfecta claridad a los medios de difusión y a la opinión pública toda, a participar con fuerza, con vehemencia, y sin inhibiciones en sus denuncias, y, (fíjese bien)... aun cuando eso incluya ataques cáusticos, burlones y desagradables en contra del gobierno o de los personajes públicos.

Más aún, se estableció que, para acoger una demanda por difamación, el demandante tendría que dar pruebas concretas de que la publicación fue básica e intencionadamente destinada a ofender su honorabilidad. Y que en ella se faltó a la verdad en forma calumniosa o por ignorar maliciosamente alguna otra información disponible que anulara el contenido de lo publicado.

Y, además, estableció que en un juicio por difamación, los gastos de la defensa deberán ser pagados por el acusador.

Es decir, después de ese fallo, los políticos tendrían que pensarlo muchas veces antes de atreverse a presentar una demanda por difamación en Estados Unidos.

Con ese fallo, además, se redujo enormemente el margen de asuntos sobre los cuales los políticos podían recurrir al ocultamiento o al secreto por razones de estado.

En Estados Unidos fue el pueblo el que comprendió, desde los albores de la república, la importancia de defender como la vida misma la libertad de información. Y tan bien lo comprendió, que ese mismo pueblo, siendo fuertemente religioso, sin embargo, exigió separación total y absoluta respecto de las doctrinas religiosas que pretendieran imponer censura a la información periodística.

Y a ese pueblo enérgico se unió también la decisión y el coraje de una verdadera legión de periodistas cuyo valor era rayano al heroísmo, y unas empresas informativas que pronto fueron tan poderosas que ningún político y ningún gobierno se atrevía a desafiarlas.

El fenómeno contrario se produjo en cambio en todos los regímenes totalitarios, en todas las teocracias donde la política y la religión se mezclan, y en todas las tiranías corruptas o envilecidas por la codicia de riquezas.

Sin embargo, en Estados Unidos, al iniciarse el siglo 21, el Siglo Americano con el gobierno de George W. Bush, se ha intentado limitar la libertad de información en sus dos aspectos básicos: El derecho a expresarse e informar libremente, y ...

... el derecho a ser informado en forma veraz, sincera, y en toda la gama de perspectivas noticiosas y analíticas. O sea, ser informado con objetividad respecto de la realidad misma que nos rodea.

Eso implicaba respetar como una necesidad esencial el que los periodistas mantuvieran la reserva sobre quién o quiénes les habían proporcionado datos para investigar y difundir. Sólo si el periodista puede mantener en reserva sus fuentes, las personas se atreverán a revelar las anomalías que están conociendo.

Es decir, quebrantar el secreto de las fuentes de información equivale ni más ni menos que a quebrantar la libertad de información.

Durante los tres primeros gobiernos que iniciaron el siglo 21 en Estados Unidos, los dos partidos dominantes de la política de ese país han tomado iniciativas directamente en contra de la libertad de información. De partida, además de mandar presos a los periodistas que se niegan a revelar sus fuentes, el Congreso de Estados Unidos estableció como delito el que funcionarios públicos se atrevan a revelar cualquiera información acerca de las actividades en que se desempeñen. Con ello, eventualmente los obliga a convertirse en encubridores y cómplices de cualesquiera acciones indebidas que hayan presenciado.

Pero, más allá de eso, ya en 2004, parlamentarios demócratas denunciaron que el gobierno de George W. Bush había estado fabricando noticias falsas, situaciones artificiales, actuadas como avisos publicitarios o escenas de telenovela, para difundirlas en los canales de televisión  haciéndolas pasar como noticias verdaderas. Por ejemplo, se comprobó que el gobierno había contratado a la empresa Rendon Group, con un presupuesto de 20 millones de dólares, para fabricar noticias simpáticas y optimistas acerca de la guerra de Irak.

En setiembre de 2003, estalló como escándalo el descubrimiento de que el gobierno de Bush había gastado en pocos meses más de 50 millones de dólares en sobornos y emolumentos a periodistas venales, sobre todo para fabricar información negativa, falsa o deformada, respecto de Cuba y respecto de Venezuela.

La Radio y TV Martí, recibió en los últimos meses de ese año, 37 millones de dólares, mientras por otro lado la empresa periodística Miami Herald, propietaria del diario Nuevo Herald en castellano, resolvió echar a la calle a los periodistas que habían aceptado pagos y sobornos, que estaban hundiendo la credibilidad de los medios periodísticos en que estaban trabajando.

Aún más grave para la pluralidad del periodismo ha sido la modificación de las disposiciones de la Comisión Federal que regula la instalación y el manejo de estaciones de radio y canales de televisión comercial en todo el territorio de Estados Unidos.

Era característico en Estados Unidos la existencia de pequeñas estaciones comerciales de radio y de televisión, privadas, en prácticamente la totalidad de las pequeñas ciudades y comunas, y el número de emisoras autorizado para cada lugar era determinado tomando en cuenta la capacidad comercial para financiar sus gastos con avisos publicitarios.

Sin embargo, en el mismo período, entre 2001 y 2016, comenzó a permitirse que, mediante maniobras comerciales, las grandes empresas de radio y televisión tomaran la producción de los programas periodísticos y de entretenimiento de un enorme número de esas pequeñas empresas locales.

Cadenas gigantescas como la CNN y la FOX, entre otras, multiplicaron su audiencia ofreciendo programación de alto costo que los antiguos propietarios no habrían podido financiar jamás, y capturando con ello el avisaje en miles de localidades de todo el país.

En el hecho, con eso se logró crear poderosísimas cadenas que recaudan miles de millones de dólares y que prácticamente monopolizan la difusión de programas periodísticos, tanto informativos como de análisis y de opinión.

Al mismo tiempo, las grandes corporaciones o sociedades anónimas que manejan la economía total de Estados Unidos, al financiar a esas enormes redes de radio y televisión con cobertura en todo el país, quedaban de hecho imponiendo los contenidos periodísticos que fueran estimados de su conveniencia.

Estas tremendas y poderosas redes, quedaban sometidas a la conveniencia de las grandes súper empresas.

Ello, por supuesto alcanza también en las campañas electorales que ya se han vuelto abrumadoramente caras, y, a través de ellas, tanto las grandes corporaciones como las grandes cadenas de radio y TV, han pasado a tener un inmenso poderío sobre la clase política y los resultados electorales.

En términos claros, la gigantesca concentración de la riqueza financiera en un puñado de sociedades anónimas se expresa también en control o al menos en una fuerte presión sobre la clase política estadounidense, no sólo por la publicidad en las campañas electorales sino, además, en el contenido periodístico. O sea, en la percepción de la realidad que se quiere inyectar en la mente de todos los ciudadanos.

Y de la misma manera, están cobrando importancia y fuerza comunicadora especial, formas no tradicionales de información y expresión. Por ejemplo, los documentales, e incluso las obras descriptivas, tanto literarias como cinematográficas, han pasado a constituir poderosos referentes que remecen la opinión pública.

Por ejemplo, el documental de la BBC sobre el documento del Vaticano llamado "Crimen Sollicitationis", que llevaría la firma del entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, en que ordenaba el silenciamiento total de los casos de abusos sexuales contra niños perpetrados por sacerdotes.

Según señala el reportaje de la BBC, allí se amenazaba con excomunión incluso a los niños que denunciaran los abusos sexuales que hubieran sufrido.

La jerarquía eclesiástica británica intentó acallar el reportaje y exigir disculpas de la BBC, pero la entidad noticiosa respondió que los hechos difundidos son objetivos, son verdaderos y que, si la Iglesia lo desea, puede iniciar una acción judicial para mostrar sus pruebas de que haya habido falsedades o mala intención en lo que se difundió.

Por supuesto, la Iglesia no se atrevió a insistir.

Sin embargo, fuera de Estados Unidos, muchos países han mantenido en sus leyes, incluso en sus Constituciones Políticas, el concepto de que la "Honra", o sea el Prestigio Social, es un Derecho Humano fundamental, incluso para los que sean poco honrados. Su honra vale más que su conducta. Y que hacer denuncias sin pruebas suficientes contra funcionarios públicos u hombres de negocios pasa a ser un crimen ¡con pena de cárcel!

O sea, no basta con aclarar públicamente, en forma noticiosa, la eventual inocencia del acusado por denuncia periodística errónea. Además, como venganza, se establece un castigo de prisión para el periodista responsable.

Y más aún: en caso de que el periodista pueda demostrar su inocencia, él y el medio de prensa para el que trabaja, tendrán, igual no más, que asumir el costo total de su propia defensa judicial.

Con ello, empresas poderosas y los partidos políticos enriquecidos y dotados de equipos jurídicos permanentes, se encuentran que tienen en sus manos un recurso brutal para silenciar y arruinar a los periodistas y a los medios de prensa que consideren peligrosos para sus intereses.

Un caso ejemplar es el del multimillonario Erik Prince, del rubro de los mercenarios internacionales fundador de la tristemente célebre "Blackwater" que en Irak protagonizó el asesinato de decenas de civiles, incluyendo mujeres y niños.

Este empresario inició una especie de guerra financiera contra la organización periodística The Intercept, radicada en Brasil, mediante sucesivas demandas por supuestas injurias y calumnias sobre sus negocios de mercenarios.

Los periodistas en todos los casos han logrado demostrar su inocencia, pero con ello ha tenido que absorber cada vez enormes costos judiciales que tienen a la organización Intercept en peligro de quiebra.

En Chile, un caso similar está provocando seria inquietud por una seguidilla de demandas judiciales en contra el periódico "Resumen", de la Región del Biobío, que ha tenido que demostrar su inocencia en cada ocasión ante los tribunales.

¿Se fija usted?… Se trataría de provocar gravísimo daño económico al periodismo que formule denuncias, intentando silenciarlo llevándolo a la insolvencia, a la quiebra, con el truco de imponerle un alto costo sólo en demostrar su propia inocencia una y otra vez.

Pero también el periodismo independiente está ahora siendo amenazado por un sector de los propios periodistas que, abiertamente, están declarando que ya las noticias no tienen que ser objetivas. O sea que los hechos noticiosos no deben mostrarse en forma simple y claramentemente descriptiva.

Ahora, según esos periodistas, los hechos deben mostrarse en forma tendenciosa, de manera que la descripción informativa encaje bien con las necesidades de manipular la mente del público.

O sea, según ellos, la misión del periodista, ahora, ya no es responder a la necesidad de la gente, de recibir un reporte objetivo de la realidad de los hechos, a fin de que cada uno pueda libremente formar su opinión y tomar sus decisiones, como lo establece la Constitución de los Estados Unidos.

No. Ahora, según ese grupo, los periodistas deben convertirse en soldados de la guerra ideológica y moral que tienen los gobiernos del llamado "mundo occidental", contra los demás gobiernos del planeta.

Es decir, para ellos, la acción del periodista debe orientarse a confirmar una y otra vez, la "narrativa" de los gobiernos de la OTAN y sus aliados, por ejemplo, respecto de la realidad mundial, incluso si esa narrativa contradice la visión objetiva de los hechos.

Ese fue ostensiblemente el caso de la narrativa de la OTAN de culpar a Rusia de lanzar una invasión injustificada contra Ucrania, a pesar de las confesiones de los jefes de gobierno de Alemania, Francia y de la misma Ucrania, de que la guerra contra Rusia estaba siendo preparada por la OTAN desde 2014.

En un extenso artículo de la revista digital ZeroHedge, de Estados Unidos, el ya célebre analista Tyler Durden da cuenta de entrevistas a 75 directores de las más importantes publicaciones de Estados Unidos, y de las principales escuelas de periodismo del país, en que la opinión prevaleciente es que la objetividad de la información periodística ya es cosa del pasado.

Y resulta particularmente alarmante que esa opinión de que el periodismo de hoy tiene la obligación de ser tendencioso incluso deformando la realidad de los hechos, sea la opinión de personajes de enorme influencia, como el Decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Steve Coll, quien llega a descalificar a la propia Constitución de Estados Unidos por su protección a la libertad de opinión y de información.

Y los artículos en contra del periodismo objetivo son, asombrosamente, exactamente los mismos con los que, en la Edad Media hicieron que decenas de científicos y pensadores sociales fueran condenados a morir quemados vivos, porque sus afirmaciones contradecían a las de la autoridad religiosa.

Así el astrónomo Giordano Bruno pereció por condena de los católicos, y el médico Jean Servet, descubridor de la circulación sanguínea, pereció por condena de los protestantes. ¡Vaya cristianismo ese de la Europa medieval!… ¿Y venga el cristianismo militarizado de la OTAN de hoy?

Todas las encuestas realizadas en Estados Unidos sobre la confianza del público en las noticias difundidas por la Televisión y la Prensa escrita coinciden en que en los últimos 2 años la gente ha mostrado un 20% menos de creer en ellas

Es decir, cada vez hay menos gente dispuesta a aceptar que los periodistas tengan un supuesto derecho moral a deformar la realidad que nos entregan. ¿Hay una especie de suicidio colectivo del Periodismo occidental que está haciendo eso?

Hasta la próxima, gente amiga. Cuídense. Hay peligros, hay muchos peligros, y el peor de todos es que nos dejen sin saber qué es lo que está ocurriendo en torno nuestro.