El cuestionado proyecto MARA encabezado por capitales canadienses vuelve a estar en la palestra de la represión que se vive en Catamarca. A la presencia de grupos que comunidades han denunciado como «parapoliciales» se sumó la instalación de casetas de agentes de la policía Argentina que pretenden resguardar las obras de la transnacional.

Por J. Arroyo Olea

En Catamarca  (Argentina), continúan las manifestaciones ante la permanencia del proyecto  proyecto mina Agua Rica Alumbrera -conocido como proyecto MARA– encabezado por la transnacional canadiense Yamana Gold y que arrastra un conflicto de larga data.

Y es que el proyecto, que pretende explotar principalmente oro y cobre conllevando graves afectaciones a comunidades y ecosistemas como lo son los ríos, ha recibido el respaldo de la policía argentina para facilitar su operación.

Ejemplo de aquello es la constante represión que han encabezado agentes policiales, como lo fue el intento de desalojar un campamento levantado por organizaciones sociales para frenar el acceso de maquinaria y combustible al proyecto en Choya.

En este contexto, recientemente la policía de Catamarca instaló casetas de vigilancia frente al acampe de vecinas y vecinos de Choya, aumentando la tensión en el territorio.

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Casetas frente a acampe de vecinas/os | Fotografía: enviada a Resumen

Ante esto, la población ha denunciado periódicamente un despliegue represivo ante la permanencia de oposiciones al proyecto megaminero, a lo que se suma la presencia de grupos que han caracterizado como «parapoliciales» que han generado amenazas a vecinas y vecinos del sector.

Desde la Asamblea El Algarrobo informaron que «responsabilizamos de la violencia al gobernador Raúl Jalil, a los diputados y senadores, al intendente Eduardo Córdoba y los concejales, a la jueza Naame y al fiscal Camps que, por acción u omisión, colaboran con estas acciones».