Policía autonómica catalana forma una nueva unidad antidisturbios para las comunas del sector oriente de Santiago

Las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea de la capital destinaron 20.000 euros ($18.720.000) al viaje, el alojamiento y los honorarios de cinco mandos de la policía catalana (Mossos d'esquadra) el pasado mes de febrero. El exconseller Miquel Buch había asegurado en el Parlamento de Cataluña que sólo se trataba de «formación básica de seguridad en un cuerpo de vigilantes y de inspectores»

 Por Jesús Rodríguez para directa.cat / Traducción del catalán al castellano de Resumen.cl

Una solicitud de información, presentada por el medio de comunicación NYC Prod al Portal de Transparencia de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Las Condes, ha revelado los detalles de la financiación y de los contenidos de la formación que mandos de la Escuela de Policía de Cataluña y del Área de la Brigada Móvil hicieron el pasado mes de febrero a inspectores de seguridad de ese distrito acomodado de la capital chilena. Los documentos desmentirían algunos de los datos aportados por el exconseller Miquel Buch en sede parlamentaria a preguntas de los diputados Carles Riera (CUP-CC) y Susana Segovia (Cataluña en Común-Podemos). Los gastos fueron realizados por la Asociación de Municipalidades para la seguridad de la "Sector Oriente" -área residencial de altos ingresos, con clubes ecuestres, campos de golf, tiendas de lujo y restaurantes gourmet-, ente que agrupa a los distritos capitalinos de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. En total, a la formación por parte de la policía catalana, se destinaron 20.466 euros (cerca de 19 millones de pesos chilenos) públicos: 6.623 euros por los billetes de avión, 6.023 euros en habitaciones de hotel y 7.820 euros en honorarios por las 86 horas de formaciones teóricas y prácticas.

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Entre las clases impartidas encontramos «Introducción a los derechos humanos y la deontología profesional», «Técnicas de resolución de conflictos», «Defensa personal policial» o «La educación física policial y el plan de entrenamiento personal». Pero, sin duda, el plato estrella con 40 horas lectivas fue «el modelo de orden público de la Brigada Móvil, con ejercicios prácticos de despliegue policial que nos introducen a la intervención global en orden público y gestión de masas». En los siguientes días se profundizó la formación con sesiones sobre «la organización del equipo de intervención, el desarrollo, la protección, los cortes de carretera, evoluciones a pie y en vehículos policiales. Separación de la masa, cordones policiales, protección de personas y protección de edificios «. Estas clases prácticas fueron impartidas por el intendente M.H. de la Comisaría General de Recursos Operativos y el subinspector O. A. de la Brigada Móvil. Buch había asegurado en la sede parlamentaria que se trataba de «formación básica de seguridad en un cuerpo de vigilantes y de inspectores» y quiso poner énfasis en el hecho de que «no impartieron formación en el cuerpo de antidisturbios de la policía chilena «.

La literalidad de los hechos apunta, sin embargo, a que los policías catalanes habrían instruido futuros agentes antidisturbios. Pocas semanas después de la formación varios inspectores del municipio de Las Condes modificaron su uniformidad, incluyendo protecciones características de los antidisturbios, casco anti-trauma, escudo y un velcro en la chaqueta con el acrónimo BRIOP, que responde al nombre de brigada de Intervención y Orden Público. Y no han pasado desapercibidos. Durante los meses de verano de este invierno chileno han desplegado contundentes operativos en las calles de Las Condes, algunos de los cuales en el marco de movilizaciones sociales; especialmente criticado por el activismo feminista fue la presencia de los antidisturbios en posición de carga y rodeando una concentración celebrada el 6 de agosto en solidaridad con Ámbar Cornejo, una joven de 16 años violada y asesinada. La misma escena de acoso policial se había vivido a finales de julio durante una concentración en homenaje a Antonia Barra, una joven que se suicidó un mes después de ser violada por su pareja. Los agentes de la BRIOP, además de actuar en grandes operativos, también patrullan habitualmente por Las Condes en furgoneta o en motocicleta, protagonizando incidentes que han sido denunciados en las redes sociales. Así lo detalla en la Directa Luciano Espinosa, ingeniero de administración y directivo de la empresa Transportes E’xpress.

«Me detuvieron ilegalmente mientras me encontraba en un estacionamiento de motocicletas de la calle San Sebastián de Las Condes. Estaba comiendo una empanada y una bebida cuando, de repente, llegaron dos motos con policías, me arrinconaron, me tomaron por los brazos y me lanzaron gas pimienta», recuerda con nitidez. Espinosa sigue narrando con estupefacción la controvertida intervención policial, de la que se registró un video que se hizo viral en las redes: «primero me acusaban de robar una motocicleta, después de robar las llaves y luego dijeron que se trataba de un control de tránsito y que yo me había dado a la fuga, todo muy arbitrario y abusivo. Me pusieron la rodilla en la cabeza, dejándome sin aire para respirar «. Instantes más tarde llegaron a la escena de los hechos agentes de los Carabineros y todo se fue diluyendo, quedando como un malentendido, sin ninguna acusación formal. Espinosa ahora está valorando la presentación de una querella contra los policías. El empresario, además, constata desde finales de la primavera un notable incremento «de abusos de poder» contra repartidores que trabajan en las calles de Las Condes. Según ha podido confirmar la Directa, uno de los dos inspectores que detuvieron y lanzaron gas pimienta contra Luciano Espinosa habían participado en la formación de la policía autonómica catalana.

La presencia de la policía catalana en Chile, sin embargo, no se limitó a formar nuevos antidisturbios entre los inspectores de los distritos adinerados de Santiago. El cuerpo de los Carabineros (policía estatal) publicó el 19 de febrero una fotografía con dos de sus comandantes posando en compañía del comisario Joan Figuera y del inspector Ricard Fernández (exintendente del distrito de Gràcia de Barcelona) durante una visita a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros, sin concretar cuál habría sido el fin de la presencia de los representantes del Cuerpo policial catalán en estas dependencias oficiales. Curiosamente, el inspector Fernández aparece en la imagen con el uniforme de la Brigada Móvil, pese a no ser miembro de esta unidad.

 

Controvertida trayectoria de los formadores

El 29 de enero de 2020 desde la comisaría de Egara, Sabadell se hacía llegar un fax a la sección 8 de la Audiencia de Barcelona para informarles que el subinspector de la Brigada Móvil con número de placa 5887 no podría asistir como testigo al juicio que debía celebrarse el 25 de febrero en el Palacio de Justicia de Barcelona. El motivo alegado era que el mando de los antidisturbios se encontraría de viaje en Santiago de Chile impartiendo una formación que los policías catalanes describían como un módulo con el título «Apoyo a la Seguridad Ciudadana y Gestión del Orden Público». El juicio en cuestión al que disculpaba su ausencia era contra un joven independentista detenido el 21 de diciembre de 2018 por las protestas en Barcelona durante la celebración de un Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez. La Fiscalía pedía para el joven cuatro años de prisión, con una versión de los hechos construida a partir de los testimonios policiales (entre ellos el del policía 5887) donde se le acusaba de empujar un policía y hacerlo caer al suelo. El joven independentista siempre lo negó y, sin embargo, fue condenado a un año y once meses de prisión. Fue el desenlace judicial de una de las decenas de intervenciones en orden público del subinspector 5887, en su larga trayectoria en desalojos y disolución de manifestaciones en Cataluña.

Los cinco policías catalanes del equipo de formadores no viajaron juntos a Chile. El 11 de febrero volaron hasta Santiago el comisario Joan Figuera, el inspector Ricard Fernández y un cabo de la Escuela de Policía de Cataluña. En un segundo viaje, una semana más tarde, cruzaron el Atlántico MH, subjefe de la Comisaría General de Recursos Operativos y OA, subjefe del Área de la Brigada Móvil y con número de placa 5887. Fernández había aparecido en los informativos de todos los medios de comunicación de España diez años atrás, el 21 de agosto de 2010, como máximo responsable del operativo policial para impedir la lectura de un manifiesto de bienvenida a la presa política Laura Riera, tras nueve años recluida por colaboración con ETA, durante la Fiesta Mayor de Gràcia. El entonces intendente del Área Básica Policial del Distrito de Gràcia ordenó a los antidisturbios subir al escenario y detener a la persona que estaba leyendo el manifiesto, bajo la acusación de haber «podido cometer actos incluidos en La resolución del juez «. Minutos más tarde ordenaba duras cargas contra la gente que se manifestaba por las calles del barrio. Todas las pancartas donde se daba la bienvenida a Laura Riera o se denunciaba los abusos de la Audiencia Nacional española fueron retiradas y confiscadas por orden del intendente Fernández.

 

Un alcalde pinochetista

El alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, no ha dejado de hacer promoción del nuevo comando, alabando el hecho de que lleven cámara incrustada en el casco con capacidad de detección de personas con fiebre. «Fiscalización con toma de temperatura a distancia. Por ejemplo, este casco que mide a muchas personas a la vez. Lo llevan nuestros inspectores «, tuiteó Lavín desde su cuenta oficial el 14 de julio. El actual alcalde fue ministro de Educación y de Desarrollo Social en el gobierno del conservador de Sebastián Piñera. En su currículum figuran varios capítulos que lo sitúan en la órbita del dictador Augusto Pinochet: con sólo 26 años fue designado decano de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y posteriormente escribió el libro Una revolución silenciosa, donde exaltaba el modelo económico impuesto por el dictador. Es miembro de la ultraconservadora prelatura de la iglesia católica Opus Dei y se postula como futuro candidato de la derecha a la presidencia del país.

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