[resumen.cl] El mentado Parque Científico y Tecnológico del Biobío [Pacyt] ha estado sujeto a una campaña publicitaria orquestada entre instituciones públicas, clase política, empresas y medios de comunicación que han reproducido textualmente los dictados de estas entidades. Por su parte, la web del Pacyt no entrega información, sino que solo ofrece la posibilidad de solicitarla, obviamente sin garantizar su entrega. A pesar de la desinformación que ha envuelto a esta iniciativa, fue aprobado su financiamiento con $12.863.910.000 por parte del Consejo de Gobierno de la Región del Biobío, el 29 de diciembre de 2014. Ahora cabe responder a las preguntas: ¿Qué se financió y por qué la Contraloría General de la República determinó que este acto no se ajustó a derecho?

Sitio web de Pacyt

En la fecha indicada, el Consejo de Gobierno de la Región del Biobío [Gore] estableció un convenio con la Corporación Universidad de Concepción, financiando la construcción del Parque Científico y Tecnológico, el cual se emplazaría en 91.3 hectáreas correspondientes a la primera etapa del loteo realizado en los fundos La Cantera y El Guindo, de propiedad de la Corporación y que están en contiguos a la casa de estudios. Esta etapa representa la primera de un loteo que abarca 255 hectáreas en total.

Para comenzar los trabajos, y empezar a usar el dinero, la Contraloría debía tomar razón de la entrega de estos recursos, lo cual no sucedió, pues, el pasado 13 de abril, emitió una declaración donde comunica que la entrega de los recursos no se ajusta a derecho, porque no cumple con lo indicado en el Artículo 70, letra f de la Ley 19.175, la cual indica, entre otras disposiciones, que: "El dominio de los bienes [...] que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades [...] públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades". Es decir, la Contraloría no tiene antecedentes para establecer que los trabajos para los cuales se han comprometido casi trece mil millones de pesos del erario fiscal constituirán un servicio de utilidad pública.

En otro párrafo de la declaración, este organismo afirma carecer de "elementos que den cuenta, entre otros aspectos, de la naturaleza y características de las edificaciones que se instalarán una vez terminada la urbanización del inmueble, lo que impide conocer los alcances del proyecto…". O sea, al igual que la comunidad de la provincia de Concepción, la Contraloría asevera no tener información acerca de qué se hará en eso que han venido a llamar Parque Científico y Tecnológico del Biobío.

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizadora no se refirió en su comunicación a otro hecho que invalida el proyecto del Pacyt, el cual han denunciado organizaciones sociales y no gubernamentales, como el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff). Éste radica en la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental entregada a este proyecto el 03 de abril de 2012, pues, de acuerdo al artículo 25 ter de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, su vigencia ha prescrito. Este artículo establece que: "La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación". Y agrega: "El Reglamento deberá precisar las gestiones, actos o faenas mínimas que, según el tipo de proyecto o actividad, permitirán constatar el inicio de la ejecución del mismo".

El 9 de agosto de 2017, Codeff, denunció ante la Superintendencia del Medio Ambiente la caducidad de este proyecto, pues "dicha empresa [UdeC] no ha iniciado la ejecución de las obras del proyecto aprobado el 2012", habiendo transcurrido más de cinco años. Frente a lo cual, la Superintendencia respondió el 14 de noviembre de 2017 que el SEA [Servicio de Evaluación Ambiental] ha acreditado el inicio de la ejecución del proyecto. Sin embargo, recién el 27 de diciembre se comunicó el nombramiento del ingeniero supervisor de las obras de urbanización (Pablo Saavedra) y la empresa adjudicadora de la licitación de las obras (Valko S.A.). Con estos antecedentes, cabe preguntarse cómo es que se acreditó el inicio del proyecto sin nombrar a la entidad ejecutora, siquiera.

Luego de recibir estas respuestas, los representantes de Codeff concurrieron hasta la Contraloría el 29 de diciembre de 2017, solicitando que considerara la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, ante lo cual la institución respondió que pediría los antecedentes pertinentes fijando el 28 de enero del presente año como fin del plazo para su entrega. Sin embargo, esta gestión fue infructífera, en tanto, el organismo contralor sólo solicitó información a la propia Superintendencia del Medio Ambiente, la cual respondió lo mismo que a Codeff, basándose en "actos administrativos", o sea, en documentos que indican el inicio de la ejecución de las obras, sin demostrar su materialización.

El reconocimiento de la caducidad es de suma importancia, pues invalidaría de oficio el proyecto Pacyt y, en el caso que sus impulsores estuvieran interesados en insistir en su ejecución, deberían someterlo a un Estudio de Impacto Ambiental, en el marco del cual la población podría deliberar respecto a los costos y beneficios que comporta este determinante proyecto que impactará en las condiciones ambientales de los cerros pertenecientes a las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui, y circunscritos al Área de Influencia de la Reserva Nonguén.