PÓSTER| Parque Científico y Tecnológico ¡A quién le preguntaron si es necesario!

PÓSTER| Parque Científico y Tecnológico ¡A quién le preguntaron si es necesario!

[resumen.cl] El proyecto Parque Científico y Tecnológico del Biobío [Pacyt] ha estado sujeto a una campaña publicitaria orquestada entre instituciones públicas, clase política, empresas y medios de comunicación. Por su parte, la web del Pacyt no entrega información, sino que solo ofrece la posibilidad de solicitarla, obviamente sin garantizar su entrega.

El póster en su tamaño original, puedes descargarlo aquí

A pesar de la desinformación que ha envuelto a esta iniciativa, fue aprobado su financiamiento con $12.863.910.000 por parte del Consejo de Gobierno de la Región del Biobío, el 29 de diciembre de 2014. Sin embargo, el pasado 13 de abril, la Contraloría emitió una declaración donde comunica que la entrega de estos recursos no se ajusta a derecho, porque no cumple con lo indicado en el Artículo 70, letra f de la Ley 19.175, la cual indica, entre otras disposiciones, que: “El dominio de los bienes […] que se adquieran o construyan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se entenderá transferido a las entidades […] públicas o privadas sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad pública, desde el momento en que estos bienes sean asignados por el intendente a dichas entidades”. Es decir, la Contraloría no tiene antecedentes para establecer que los trabajos para los cuales se han comprometido casi trece mil millones de pesos del erario fiscal constituirán un servicio de utilidad pública.

En otro párrafo de la declaración, este organismo afirma carecer de “elementos que den cuenta, entre otros aspectos, de la naturaleza y características de las edificaciones que se instalarán una vez terminada la urbanización del inmueble, lo que impide conocer los alcances del proyecto…”. O sea, al igual que la comunidad de la provincia de Concepción, la Contraloría asevera no tener información acerca de qué se hará en eso que han venido a llamar Parque Científico y Tecnológico del Biobío.

Luego de estas declaraciones, el proyecto está paralizado. Sus impulsores intentan formular nuevamente su presentación para que sí parezca “de utilidad pública” sin que haya certeza de cuándo volverán a intentar su validación legal. Por su parte, las organizaciones sociales y ONG que han denunciado los intereses que podrían estar detrás de esta iniciativa y han alertado acerca de las consecuencias de su implementación continúan expectantes a las nuevas gestiones de las empresas interesadas.

Para entregar antecedentes respecto a este proyecto y alertar a la comunidad acerca de sus efectos, Resumen ha elaborado este póster informativo que puedes descargar aquí.

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¿Por qué Contraloría determinó que el financiamiento del Parque Científico y Tecnológico no se ajusta a derecho?

En los párrafos que siguen te entregamos algunos datos acerca de este proyecto.

-El Parque Científico y Tecnológico del Biobío [Pacyt], ese construirá en 91.3 hectáreas correspondientes a la primera etapa del loteo realizado en los fundos La Cantera y El Guindo, de propiedad de la Corporación Universidad de Concepción y ubicados en el cerro contiguo a la casa de estudios. Esta etapa representa la primera de un loteo que abarca 255 hectáreas.

-Sus impulsores justifican su necesidad afirmando que “el problema central identificado es bajos niveles de generación de oportunidades para que las empresas desarrollen i+d+i [investigación, desarrollo e innovación] como principal herramienta para la incorporación de innovación en su procesos productivos”. Es decir, el proyecto se define en función los requerimientos de sofisticación de las empresas que operan en la región, infiriéndose que con el desarrollo de éstas provendrá un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, cuestión absolutamente cuestionable, si consideramos que en las mismas décadas que empresas pesqueras y forestales, por ejemplo, acrecentaron exponencialmente su patrimonio, la comunidad regional sufrió la pérdida de fuentes de subsistencia, precarización laboral y la degradación de su hábitat.

-Para la urbanización de las 91,3 hectáreas que albergarían el mentado Parque, el 29 de diciembre de 2014, el Consejo de Gobierno de la Región del Biobío aprobó la entrega de $12.863.910.000 (casi trece mil millones de pesos). Según Javier Ávila, a la sazón, consejero del Biobío, éste fue el mayor monto entregado por parte del Consejo a una iniciativa hasta entonces.

-Se ha alertado sobre la pérdida de la posibilidad de que la comunidad regional acceda a los servicios de una posible restauración ambiental de este mismo cerro, hasta ahora cubierto con plantaciones de pino y eucalipto. También, se ha cuestionado el supuesto aporte al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, pues se soslaya la matriz económico y productivo de la región y el país, destinado proveer de materias primas a firmas transnacionales y comprarle a éstas productos manufacturados.

-Todos los recursos asignados por el GORE serán utilizados en la urbanización de la superficie, sin que se haya presentado una garantía de construcción posterior, por lo cual el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff) ha declarado que esto “deja abierta la hipótesis” de que “una vez que estos terrenos hayan sido urbanizados con nuestros fondos públicos, NO se concrete la construcción del soñado Parque de Ciencia y Tecnología a corto plazo en la Etapa I, sino que termine con lujosos proyectos inmobiliarios en las Etapas II y III”.

Codeff también ha planteado que, de acuerdo al el artículo 25 ter de la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental del Pacyt ya caducó, pues: “La resolución que califique favorablemente un proyecto o actividad caducará cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada, contado desde su notificación”. Y si se considera que ésta fue entregada en abril de 2012, Codeff indica que así ha ocurrido, pues antes de abril de 2017 no se había iniciado la ejecución del proyecto.

-Es necesario que la población pueda deliberar, acerca de los costos y beneficios que comporta este determinante proyecto. Para ello, se debe someter al Sistema de Evaluación Ambiental por segunda vez y que, en esta ocasión, se abran instancias de participación vinculante para la comunidad.

Imaginémonos que todos los cerros que colindan con las ciudades de Concepción, Chiguayante y Hualqui podrían constituir un Gran Parque donde podamos acudir a descansar, a asombrarnos de la belleza de un bosque y conocer cómo es que ocurren sus procesos vitales. En ese Gran Parque se podría producir miel a un costo accesible para la población, recolectores de frutos silvestres podrían proveernos de sus productos y se podrían realizar un sinnúmero de actividades sustentables. Pero, para ello, es necesario al menos tres condiciones:

1.- Y, que si los impulsores insisten en su proyecto de Parque Científico y Tecnológico, al menos lo sometan a un Estudio de Impacto Ambiental y la comunidad de la provincia de Concepción pueda deliberar acerca de si éste representa un beneficio o un perjuicio.

2.- Que toda esa gran superficie deje de ser el escenario de negocios inmobiliarios y forestales.

3.- Que todos esos cerros, que constituyen el Área de Influencia de la Reserva Nonguén, sean declarados de propiedad del Estado y se implemente en ellos un programa de restauración ambiental, con el propósito de revertir el daño causado por todas la actividades nocivas ejecutadas ahí.

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