[resumen.cl] La destacada periodista Mónica González, de extensa trayectoria y ganadora del «Premio Nacional de Periodismo 2019», publicó esta mañana en CIPER Chile -medio del que fue directora- una carta en respuesta a un emplazamiento que había realizado Carabineros a ella y al medio. En la misiva, González se dirige directamente al cuestionado General Director, Mario Rozas, señalando falaz de sus argumentaciones y dejando en claro el criminal actuar que ha tenido la instituciones por los sistemáticos crímenes de lesa humanidad al cometer sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Léela a continuación:

Señor Mario Rozas

General Director de Carabineros:

Me dirijo directamente a usted en relación con la carta que en su representación le envió al director de CIPER, Pedro Ramírez, la persona individualizada como Jorge Parra Aguilar, de la "Defensoría Jurídica del Personal (J.2.) de Carabineros de Chile".  En ella se intenta desmentir los hechos que aparecen consignados en el artículo "Furia desatada en Carabineros: sin control y sin piloto", publicado por CIPER  el 12 de noviembre pasado y del que soy la autora, acusándome de "falta de rigurosidad periodística" y de hacer imputaciones "sin fundamento alguno".

Al respecto, quisiera punto por punto mostrarle a usted que ninguno de los hechos que en el citado artículo se mencionan carece de sustento. Y que, releído con atención hoy, a la luz de los hechos de público conocimiento -y de otros que yo misma he continuado recabando desde el 12 de noviembre-, debo afirmar que la ausencia de respeto al mando que usted ejerce sobre los 60 mil hombres que componen su institución, constituye un problema mucho más grave que hace un mes para la seguridad del país y la integridad física de los ciudadanos que lo habitan.

La afirmación que vengo a sostener se sustenta en varios hechos que paso a consignar:

1-. En el informe entregado el 26 de noviembre por la ONG internacional Human Rights Watch, tras dos semanas de trabajo en terreno en el país, junto con denunciar que "Chile enfrenta una situación de extrema gravedad en el orden público", y que los efectivos de Carabineros que son los encargados de restaurar el orden público cometen en el desempeño de esta función, "graves violaciones a los derechos humanos", se recomienda -y con urgencia- una profunda reforma a Carabineros.

El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, concluyó sobre el contenido de ese informe que en Carabineros existe "una cultura de abusos sin que haya ninguna consecuencia". Y dio ejemplos: "uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes, facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos".

Y respecto de la responsabilidad del general director de Carabineros en estos hechos, aludiendo directamente a su responsabilidad, José Miguel Vivanco afirmó:

"No es posible que la máxima autoridad de Carabineros no conozca, no sepa, cuál es la composición material de los perdigones. Me parece que es elemental de cualquier fuerza pública en el mundo que por lo menos conozca con mayor precisión no solo las consecuencias que tenga el uso de estas escopetas (antidisturbios), sino la composición y las reglas del juego para usarlas".

No solo a José Miguel Vivanco le pareció impresentable su primera declaración pública al respecto, en la que desmintió el estudio de la Universidad de Chile que indica que los perdigones que dispara en las manifestaciones el personal bajo su mando contienen plomo, entre otros componentes que provocan daño importante en las personas, y que incluso puede ser letal; para luego tener que reconocerlo y deslindar responsabilidad en el proveedor de los perdigones, diciendo que usted desconocía su composición.

Esa actitud habla por sí sola del desconocimiento que tiene de protocolos, procedimientos y adquisiciones en áreas clave de una institución que debe garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes de este país. Sus dos declaraciones fueron escuchadas por los cientos de miles de personas que en estos 54 días han comprobado personalmente, o a través de los testimonios de sus familiares y amigos, la violencia sin control que despliegan sus hombres contra quienes se manifiestan en forma pacífica, en contraste con la inacción que se percibe frente a grupos organizados de delincuentes o del narcotráfico.

Su actitud fue leída por muchos como la vía para endosar la responsabilidad por las más de 1.550 personas que han sido heridas y atendidas en hospitales a causa de la violación de los protocolos del uso de estas armas antidisturbios. Una actitud muy poco digna de la investidura que aún lleva.

El mismo día que se conoció el informe de Human Rights Watch, el gobierno informó -a través de su ministro del Interior- que le había solicitado al general director de Carabineros -es decir, a usted- un informe que debía ser entregado en el plazo de una semana. Y lo hizo. En ese informe de 36 páginas, usted intentó refutar los graves hechos que consigna el documento de Human Rights Watch.

Se cuestionan las cifras, específicamente la de la cuantía de heridos entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, que en esos días llegaba a 11.564 personas, de los cuales "más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves" y "al menos 1.051 personas resultaron heridas por impacto de perdigones". Para Carabineros, en el informe refrendado por usted, sus registros indicaban un total de 1.195 civiles lesionado hasta el 2 de diciembre, de los cuales solo 376 presentaban heridas de perdigones "cuya autoría aún no se encuentra determinada por los órganos persecutores". También refutaron las cifras de abusos sexuales.

Sobre este último punto, en el informe de Carabineros que usted firmó, se lee: "Agrega el informe HRW (Human Rights Watch), la existencia de 74 casos relacionados con abusos sexuales en que los detenidos fueron obligados a desvestirse y hacer 'sentadillas' en las comisarías, sin que existan elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de esos relatos". Y agregó: "Por lo demás, varios de ellos han podido desvirtuarse en sede administrativa con la sola exhibición de cámaras de televigilancia existente en los cuarteles".

Es decir, usted no reconoce ni una sola "sentadilla" en total desnudez a las que han sido obligadas menores en sus retenes, ni una sola tocación violenta en los genitales de detenidos hombres y mujeres y ni una sola violación. Y ello, a pesar de que, tal como le refutó José Miguel Vivanco el 5 de diciembre, las querellas por abusos sexuales desde el 18 de octubre llegaban en esos días a 74, las que incluyen testimonios estremecedores. No hubo ni una sola información sobre sumarios en curso. José Miguel Vivanco lo dejó en silencio. Y se entiende.

Después del informe de Human Rights Watch vino el segundo pronunciamiento sobre el uso excesivo de la fuerza policial que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que se iniciara el estallido social el 18 de octubre pasado. En él se expresa la preocupación por el alto número de denuncias de violaciones a los derechos humanos, las que presentan un patrón de conductas de violencia en contra de manifestantes que se repiten. Junto con llamar al gobierno al "cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado", el organismo de la OEA expresó su alarma por el alto número de acciones judiciales por abusos sexuales contra menores que se manifestaban. Usted, señor general director, guardó silencio.

También guardó silencio cuando pese a la orden que emanó del gobierno prohibiéndole al personal bajo su mando disparar perdigones, debido al alto número de heridos que habían dejado esas armas antidisturbios en el país, se siguieron registrando heridos por la misma causa. Cientos de imágenes captadas por equipos de documentalistas que recorren el país registrando cada manifestación, muestran cómo sus hombres desobedecieron las órdenes de las autoridades. Y también se aprecia como efectivos policiales bajo su mando continuaron disparando bombas lacrimógenas directo al cuerpo y a corta distancia contra personas que manifestaban de forma pacífica.

El 6 de diciembre pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyas cifras se han constituido en el registro de la verdad sobre la vulneración de derechos en Chile desde el 18 de octubre, ya que su sustento son las cifras oficiales que sus funcionarios recogen en hospitales y comisarías en todo el país, entregó su último recuento:

Personas heridas y atendidas en hospitales: 3.449, de las cuales 254 corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Heridos por lesión ocular: 352.

Heridos por disparos: 1.983, de los cuales 1.554 corresponden a perdigones, 180 a balines y 51 heridos por bala.

Denuncias por Tortura: 405

Denuncias por violencia sexual: 192.

El balance del INDH fue un duro golpe. Si a esa cifra se le suman las al menos 26 víctimas fatales que se registran desde el 18 de octubre, la dimensión de las violaciones a los derechos humanos cometidas principalmente por efectivos policiales bajo su mando adquiere una dimensión inédita en estos 30 años desde la recuperación de la democracia.

Pero eso no fue todo. Al finalizar la tarde del pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando miles de chilenos se reunieron pacíficamente a denunciar la violación de los Derechos Humanos que tiene lugar en estos días en Chile, sus hombres volvieron a violar los protocolos dejando en el centro de Santiago a 14 personas heridas por el impacto de bombas lacrimógenas, dos de ellas -una menor de 15 años y un hombre de 35 años- con riesgo vital al haber recibido el impacto directo en la cabeza.

Esa noche, el director del INDH, Sergio Micco, después de constatar el estado de salud de los heridos y la violación de los protocolos por parte de los efectivos policiales sin que nadie responda por ello, afirmó: "Exigimos que se cumplan los protocolos. Es público y notorio que estas situaciones siguen sucediendo, el dolor y el miedo se expanden y esto le hace más daño a la sociedad chilena. Hay cientos de testimonios que indican que esto sigue ocurriendo (disparo al cuerpo)".

Horas antes se había reunido la comisión constituida por el gobierno para diseñar la reforma de Carabineros, la que ya no habló de "modernización", sino que se sumergió en la "reestructuración urgente" de la institución debido a la gravedad y dimensión de las reiteradas violaciones a los derechos humanos provocados por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. Y se dio un plazo de 50 días para ello. Usted nuevamente guardó silencio. En los precisos momentos en que se está ejecutando una reingeniería profunda a su institución por las graves violaciones y delitos cometidos, el hombre que está al mando guarda absoluto silencio. Y sigue en su puesto.

El mismo silencio que usted mantuvo -aunque parezca increíble- cuando en la tarde de ayer miércoles 11 de diciembre el Senado aprobó la acusación constitucional en contra de quien fuera ministro del Interior hasta el 28 de noviembre, Andrés Chadwick. Y el fundamento de esa condena política es la responsabilidad que ese ministro tiene al no haber sido capaz de parar los graves abusos que han cometidos los efectivos policiales bajo su mando.

Lo hasta aquí relatado y ocurrido en estos 54 días transcurridos desde que el 18 de octubre se iniciara el estallido social protagonizado por millones de chilenos en las calles de distintas ciudades del país, indica que su permanencia y su actitud a la cabeza de Carabineros se ha constituido en la constatación de que en Chile se violan los derechos humanos en democracia, y sin costos para sus autores. Esta suerte de impunidad representa un problema grave no solo por la violencia ejercida sobre más de tres mil ciudadanos, sino por los juicios que mantendrán ocupado al Estado de Chile en los años que vienen. En esto, ya no hay vuelta atrás.

2-. En la carta que firma su representante se lee en el primer punto que, en el reportaje en cuestión, y "bajo el título 'Rozas, un general de escritorio', se dice que 'el general de 52 años, que fue agregado policial en la embajada de España, edecán de Piñera en su primer mandato, que estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y un magíster y cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de la institución', aseveraciones que son complementadas con la expresión 'es imposible que el oficial que solo es general desde 2017 y que carece de experiencia sólida en mando operacional, pueda imponer su autoridad ante los hombres de las Fuerzas Especiales y del Comando Jungla".

Y agrega su representante defensor: "La nota periodística pretende construir una imagen hacia la opinión pública del General Director de Carabineros, fundada en expresiones erradas, incompletas, y contradictorias, lo que deja en evidencia la carente rigurosidad utilizada en este tipo de reportajes".

Su representante fundamenta lo que afirma su representante de la siguiente manera (punto 3 de su carta):

"Si se revisa la hoja de vida del general director de Carabineros Mario Alberto Rozas Córdova, se acredita que prestó servicios durante su carrera profesional en diferentes unidades operativas, tales como; la Tercera Comisaría de Talca, en la Primera Comisaría de Linares, en el Departamento de Drogas O.S.7., entre los años 1993-1996, en la Sexta Comisaría de Isla de Pascua, fue Comisario de la 17ª. Comisaria 'Las Condes', y en el año 2017 como Jefe de la Zona de Tránsito y Carreteras, datos omitidos que destruyen la tesis del reportaje".

Desmenucemos lo que su representante afirma. Lo primero a destacar es lo que su representante obvió de lo que escribí en el reportaje en cuestión. Porque allí, bajo el subtítulo (y no título) "Rozas, un general de escritorio", el párrafo comienza así: "Porque ni el Presidente Piñera ni el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ignoran que el jefe de Carabineros, el general Mario Rozas, quien asumió hace solo 11 meses, no garantiza el mando de su institución. Saben que el general de 52 años, que fue agregado policial en la embajada de España, edecán de Piñera en su primer mandato, que estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y un magister y cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de la institución...". Hasta aquí va textual lo que se lee en el reportaje que lleva mi firma, pero su representante obvia lo que sigue en mi reportaje: "función asimilada por los oficiales jóvenes y suboficiales de Carabineros al corazón de la corrupción del alto mando (la Dirección de Bienestar)". Y es por todo ello, agrego, que el general Mario Rozas "no es respetado ni obedecido en los retenes y comisarías".

La afirmación la mantengo. Y ahora agrego que efectivamente no cité algunas de las destinaciones que el general Mario Rozas ha tenido en su carrera. Por ejemplo, no dije que sirvió una jefatura en Isla de Pascua, una destinación que, al igual que la Agregaduría Policial en España y ser designado edecán presidencial por cuatro años (en el primer gobierno de Sebastián Piñera), son premios reservados para los "regalones" o favoritos del alto mando. Ese mismo alto mando que aparece en el juicio en curso como responsables algunos y otros beneficiarios del fraude que ya completa $29.000 millones; del montaje de la "Operación Huracán", que terminó con el desmantelamiento de todo el equipo de Inteligencia policial y con algunos de los altos mandos que montaron el operativo de guerra e inventaron el "enfrentamiento" en el que fue asesinado el joven mapuche Camilo Catrillanca en noviembre del 2018.

Si sumamos Isla de Pascua a sus destinaciones como jefe de la 17ª Comisaria 'Las Condes', jefe de la Zona de Tránsito y Carreteras, además de haber servido tres años en el OS-7 (entre 1993 y 1996), su experiencia operativa no varía mucho: el general Mario Rozas carece de experiencia operativa en las funciones más delicadas de una institución clave para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos de este país. Y su falta de conocimiento y mando ha quedado de manifiesto en estos 54 días.

3-. En el punto 5 de la carta que envía su representante se hace mención a lo que se afirma en el reportaje (que ya mencioné), pero que aquí se cita fuera de contexto: "cuyo último puesto fue ser jefe de Bienestar de Ja institución, función asimilada por los oficiales jóvenes y suboficiales de Carabineros al corazón de la corrupción del alto mando, no es respetado ni obedecido en los retenes y comisarías".

La explicación de ese desmentido está en el punto 6 de la carta que envió su representante. Allí se lee:

"Estas expresiones claramente refieren a fuentes periodísticas carentes de información verídica, por cuanto al asumir el mando de la Dirección de Bienestar en marzo del 2018, el general Mario Alberto Rozas Córdova, ya se había concluido la Auditoria efectuada en el año 2017 a la precitada Alta Repartición por la Contraloría General de la Republica, la que no dispuso ningún sumario administrativo, como  tampoco la existencia de hechos ilícitos, correspondiendo a mi representado solo dar cumplimiento a las observaciones dispuestas por el "rgano de Control, luego las expresiones utilizadas en el reportaje son carentes de fundamento, al igual que lo referente a la obediencia y el respeto hacia el general director".

Como su mismo representante lo asume, en ninguna parte del reportaje se dice que usted es responsable de un fraude. Por lo menos hasta esta fecha. Lo que allí se dice -afirmación que mantengo- es que la Dirección de Bienestar de Carabineros ha sido identificada por los oficiales de menor grado y los suboficiales de Carabineros como una repartición que favorecía con discriminación y secretismo a los integrantes del alto mando. Una de esas áreas eran los préstamos que otorgaban a los altos oficiales para la compra de casas de lujo, como las que habitaban en Peñaflor los generales Bruno Villalobos y Fernando Cordero, ambos ex generales directores de Carabineros involucrados en graves irregularidades.

En la investigación publicada por CIPER el 8 de junio de 2017 ("El elegante condominio de altos oficiales de Carabineros que no pagan contribuciones"), se reveló que los 18 propietarios de las hermosas parcelas de 5 mil metros cuadrados del condominio "El Tranque de San Javier" no pagaban contribuciones. Entre ellos estaban Villalobos, Cordero y otros altos oficiales de Carabineros, como la generala (r) Lilian González González, quien fue directora de Bienestar de la institución entre 2006 y 2009, unidad clave en el otorgamiento de préstamos habitacionales para el personal policial. En ese periodo, se han detectado las mayores operaciones del fraude millonario que afecta a Carabineros. La generala González está casada con un ex alto oficial de Carabineros: Emilio Maldonado Lobos, del área de Administración y Finanzas, cuyo superior el general Flavio Echeverría está preso por su responsabilidad en el fraude millonario. Maldonado ha sido representante del Club de Huasos y Rodeo de Carabineros ante el SII y miembro de la directiva del Radio Club de Carabineros.

Las últimas irregularidades detectadas en la Dirección de Bienestar dicen relación con los sobresueldos que recibían los oficiales que asumían su dirección, como el general Marcos Tello, y que, según las confesiones de los propios protagonistas del fraude, salían de los gastos reservados que recibía la institución. Se calcula que un 40% del monto total de los gastos reservados que recibía cada año Carabineros iban a parar a los bolsillos de los miembros del alto mando.

Otra de las irregularidades detectadas por la Contraloría en la Dirección de Bienestar fue el no registro de los ingresos percibidos por los centros recreacionales y gastronómicos de Carabineros en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe), así como el cobro por cifras mucho menores a las debidas por el arriendo de las instalaciones de la Casa de Campo de La Reina. La investigación del millonario fraude aún no ha terminado.

En total, hasta ahora suman 12 los generales que tuvieron mando sobre unidades de Carabineros relacionadas con el gran desfalco y que tienen responsabilidad directa en los delitos detectados.

En todo caso, general, usted debiera tener cierto pudor cuando habla de sumarios, pues todavía se está esperando el cumplimiento de la orden emanada de la Contraloría en septiembre de este año de devolver los $1.620 millones que no fueron ejecutados de uno de los planes clave contra el crimen organizado, como lo es el Plan Nacional contra el Narcotráfico.

4-. En el punto 7 de la carta que envió su representante se lee: "El Reportaje agrega 'el general Rozas representa las dobles contrataciones y asignaciones y regalías a destajo con que se beneficiaron muchos altos oficiales del círculo del poder'. Y citan como ejemplo, los dos sueldos con sus respectivas regalías que tuvo el asesor jurídico de Mario Rozas en la Dirección de Bienestar: el coronel Christian Retamal Contreras. En este caso las imprecisiones publicadas son las siguientes: ningún general de Carabineros, a cargo de Direcciones tiene la facultad legal para otorgar ningún tipo asignaciones o regalías a sus subalternos y menos a destajo".

Su representante cita luego la normativa legal que regula las asignaciones y sus fiscalizaciones, para concluir: "por lo que las aseveraciones son falsas".

En los párrafos precedentes se ha hecho una sucinta acotación sobre las múltiples ilegalidades e irregularidades que se han descubierto en la investigación del millonario fraude cometido por oficiales del alto mando de carabineros para beneficiarse y que alcanza a los $29 mil millones. Todos estos hechos son de público conocimiento. Y en ellos también están involucrados los oficiales que han estado a la cabeza de la Dirección de Bienestar.

Sobre las asignaciones dobles que recibió el asesor jurídico del general Mario Rozas (coronel Christian Retamal Contreras) cuando éste era jefe de la Dirección de Bienestar, en el reportaje en cuestión se dice lo siguiente: "Malas prácticas que, si bien han sido aceptadas por Contraloría, en virtud de los reglamentos vigentes, han provocado rechazo en la tropa. Para otros, Rozas es parte del círculo del poder porque su esposa, la coronel Carola Ahengo, quien renunció cuando su marido fue designado general director, trabajó en la Subsecretaría de Carabineros desde 2006 a 2009 con Javiera Blanco".

Esto significa que en ninguna parte del reportaje se acusa al general Rozas de haber otorgado dobles asignaciones de forma ilegal, sino que utilizando los reglamentos al filo de lo legal para no ser sancionado. Igual como lo hicieron sus antecesores.

Después de haber escuchado por más de tres años el relato de los ilícitos cometidos por los altos oficiales de Carabineros para un enriquecimiento que significó robarle al estado miles de millones, lo que ha provocado la ira de los oficiales de menor grado y de los suboficiales que, además, reciben mal trato de sus superiores, lo que la ciudadanía espera del general director de Carabineros es una actitud humilde, clara y firme.

Esa pareció que sería su actitud cuando el 11 de enero de 2019, recién nombrado al mando de Carabineros, usted general Rozas asumió la crisis, de la que nunca ha salido, y dijo: "La única forma de salir de esta crisis es escuchando críticas y asumiendo culpas, porque hay que asumir que fuimos soberbios como institución".

Y tres meses y medio más tarde, para la celebración del Día del Carabinero, volvió a recordar el duro momento que vivía su institución: "¿En qué momento caímos por este abismo tortuoso y perverso? ¿Cómo es posible que se cometieran tantas acciones corruptas sin siquiera detectar oportunamente estos ilícitos?".

Hasta el 27 de abril pasado usted general Mario Rozas parecía tener claro que Carabineros estaba en crisis y que habría que hacer un enorme esfuerzo para limpiar y reforzar a sus mandos y sobre todo a su tropa para salir adelante. Ahora no asume -o nunca supo- que los efectivos policiales que están en la calle tienen solo un año de formación y carecen de conocimientos sobre protocolos y uso adecuado del armamento antidisturbios. Otro de los efectos nocivos de la corrupción que se comió el presupuesto destinado a formar a los nuevos contingentes.

Al inicio de dicha carta su representante me acusa de falta de rigor. Allí se dice que en el reportaje en cuestión "sin fundamento alguno, se efectúan imputaciones y que contienen imprecisiones tales que no hacen sino -al menos- presumir su falta de rigurosidad periodística".  Su acusación general Rozas, carece de veracidad. Pero eso es lo menos importante. Lo que los ciudadanos requieren ahora es que usted asuma su responsabilidad, porque lo que necesitamos todos y con urgencia es una policía que garantice el orden público y, al mismo tiempo, respete la integridad y la vida de los ciudadanos que pacíficamente reclaman sus derechos. Así funciona el Estado de Derecho. De lo contrario es la democracia la que está en peligro.

Mónica González