Un reciente pronunciamiento de la Comisión Chilena de Energía Nuclear ha abierto el cuestionamiento a la empresa minera Aclara que busca explotar tierras raras en Penco. Esto, luego de confirmar presencia de Uranio y Torio en las muestras presentadas en la tramitación ambiental del proyecto. Organizaciones y comunidades desconfían del abordaje de la empresa, la misma que en una tramitación ambiental del proyecto en 2022 declaró que no contemplaba el manejo de material radiactivo.

Por J. Arroyo Olea

Con fecha 02 de septiembre, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) se pronunció ante la solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respecto al proyecto minero de extracción de tierras raras que busca instalarse en la comuna de Penco.

La solicitud respondida por el organismo hace referencia a las dudas sobre los estudios de radioactividad que se podrían generar a partir de la explotación en los cerros de Penco, luego que se presentara información del año 2019.

En el texto, la CChEN señala que , tras la revisión del Estudio de Impacto Ambiental, se confirmó que «los resultados verifican la presencia de elementos radiactivos de origen natural en las muestras analizadas», correspondiendo a elementos de series radiactivas de uranio-238, uranio-235 y torio-232.

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En este sentido, el organismo especificó que las actividades de las muestras resultaron con un «valor que está muy por debajo del límite inferior que define a los materiales radiactivos de acuerdo con la Ley 18.302». De igual forma, debieran cumplirse elementos de protección radiológica de «los trabajadores de la industria de la extracción y beneficio de minerales de tierras raras», motivo por el cual la Comisión recomendó a la empresa constituir un «plan de monitoreo de radiaciones ionizantes, en base al contenido de radionucleidos naturales en los concentrados de tierras raras y en los residuos del proyecto».

Sin embargo, los cuestionamientos hacia el proyecto minero han permanecido. Mediante redes sociales, organizaciones de Penco indicaron que «el proceso de extracción y concentración puede aumentar la exposición a la radiación, poniendo en riesgo a los trabajadores y al entorno. Además, la inhalación de partículas en suspensión durante el procesamiento puede ser perjudicial, no solo por la radiación, sino también por el contenido de sílice, un conocido riesgo para la salud».

En contacto con RESUMEN el concejal de Penco, Leonardo Jara explicó que «estamos en presencia de una de las observaciones más críticas que, hasta el momento, ha tenido este proyecto». Esta situación comenta el concejal, ya se vivió anteriormente cuando el proyecto era BioLantánidos, donde mediante sus adendas la empresa Aclara señalaba que el proyecto «no contempla el manejo de material radiactivo, ni se relaciona con la extracción de elementos como el Torio y el Uranio». Sin embargo, «la comunidad siempre lo planteó».

En esta línea, Jara señaló que «nuevamente tenemos un proyecto que está incompleto, un proyecto que no se toma en serio los riesgos asociados a los impactos hacia la comunidad», enfatizando en que «estamos hablando de materiales radioactivos que si bien están bajo los niveles permitidos, en su alta concentración y densidad, cuando estos se junten, van a generar un efecto negativo hacia la comunidad. Acá no estamos hablando solamente de lodo, ni tierra, ni el impacto en el terreno o agua, estamos hablando de componentes como Uranio utilizado para energía nuclear, y estamos hablando del Torio».

Así las cosas, el concejal de Penco apuntó a que este hecho no solo cuestionaría las condiciones e impactos reales del estudio, sino que refleja que «obviamente es un proyecto que no se toma seriamente las medidas e impactos a la comunidad», recalcando que «una minera a dos kilómetros del centro de Penco, sacrificando nuestros afluentes de agua, creemos que es muy peligroso para el futuro de nuestra comuna».

Por su parte, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambientales – OLCA, explicó a RESUMEN que con esta declaración la CChEN «reconoce que hay riesgo de contaminación radioactiva, cuando informa que en estos casos se debe tomar medidas preventivas con los trabajadores/as, de acuerdo con las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en la protección radiológica de los trabajadores de la industria de la extracción y beneficio de minerales de tierras raras. Todo esto lo omite Aclara a la hora de interpretar convenientemente el Informe de la CCHEN a requerimiento del SEA».

En esta línea, Cuenca señaló que el informe «si bien se detecta que las actividades específicas totales serían de un valor por debajo del límite inferior que define a los materiales radioactivos de acuerdo a la ley 18.302, lo concreto es que confirma la presencia de elementos radioactivos».

De igual forma, el director de OLCA comentó que la preocupación de la CChEN se refleja en la recomendación de elaborar un plan de monitoreo. Así, emplaza a que «se deben realizar nuevas muestras sobre elementos radioactivos en las distintas etapas de los procesos del proyecto, en las arcillas a procesar, en el concentrado de tierras raras y en los residuos», proceso que debiera «tomar y analizar directamente la CChEN, y los resultados se deben incorporar y analizar en el marco del EIA del proyecto minero».

Cuenca alertó que «la contaminación radioactiva es muy grave y no se puede dejar en manos de una empresa que engaña sistemáticamente. A diferencia de la omisión que hizo la empresa en la versión actual de proyecto que se está evaluando en el SEA -donde presentó resultados de análisis del año 2019 de muestras tomadas por la empresa-, no se hace mención a la posible contaminación por elementos radioactivos, ni se evalúan medidas sobre esta grave contaminación».

Este medio tomó contacto con la empresa minera Aclara, quienes declararon que el informe de la «Comisión Chilena de Energía Nuclear emitido para el SEA, confirma científicamente que nuestro proyecto de tierras raras no genera radiactividad y que la presencia de elementos radiactivos en las muestras analizadas son de origen natural, incluso muy por debajo del límite exigido por la Ley N° 18.302. En consecuencia, no existe un riesgo a la salud de las personas».