Por Valentina Luza / resumen.cl

La Fundación Datos protegidos junto con el Observatorio del Derecho a la Comunicación presentaron ante la Comisión de Derechos Interamericana un informe preliminar que da cuenta de diferentes prácticas ocurridas en Chile en el periodo de excepción en el que se declara 71 ataques directos a comunicadores en Santiago, Valparaíso y Concepción. Esto sumado a una vulneración a la garantía de la libertad de expresión tanto en la calle, como en censura de contenido online.

El informe fue presentado al Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH en el contexto de la audiencia pública sobre Chile que abrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH en Quito, este lunes 11 de noviembre.

La Fundación Datos protegidos dejó en evidencia ante la CIDH la obstrucción del derecho a una prensa libre y a la información en un mundo interconectado, siendo este acto un amedrentamiento directo al derecho de la libertad de expresión. Teniendo este mismo diferentes modos estratégicos de acción: la obstrucción al acceso de carácter público, el filtrado automático y el bloqueo de cuentas de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter Youtube, y el amedrentamiento y ataque directo a comunicadores/as que se encontraban en las calles documentando en diferentes territorios del país.

En el primer punto se enfatizó en las restricciones ocurridas en cuanto a la información sobre detenciones y heridos, reuniones de carácter secreto entre el gobierno, el empresariado y los principales canales de TV nacionales, conferencias de prensa sin derecho a preguntas por parte de periodistas y la ausencia de publicación de los decretos de toques de queda.

Así también la interferencia o presión directa sobre los medios de comunicación, cuestionamiento de profesionales y audiencias al tratamiento informativo de los canales de alcance nacional. Esto sumado a la restricción de tránsito a periodistas en el contexto de toque de queda.

En el ámbito online se pudieron documentar 169 casos de censura de contenido en diversos tipos de usuarios; tanto personas naturales, medios y personajes públicos que sufrieron incidentes digitales. Estos fueron dificultades para subir publicaciones, eliminación de cuentas y eliminación de publicaciones que consistían en imágenes, videos, y registros audiovisuales sobre las situaciones de violación y vulneración a los derechos humanos durante el estado de emergencia.

La Fundación Datos Protegidos también pudo recabar cifras sobre los diferentes ataques directos a periodistas, comunicadores y medios de comunicación en diversos puntos del país; estos consideraron 65 sucesos que involucraron 71 comunicadores afectados (55 hombres y 16 mujeres).

De ellos se declararon 46 casos de lesiones por armamento disuasorio (balín, perdigón, lacrimógenas) incluyendo entre ellos un caso de trauma ocular y dos casos de mujeres periodistas obligadas a desnudarse en comisaría.

Además de mencionar que la censura y baja del registro amplificado que permiten tanto las redes sociales como los medios alternativos, es también un hecho que borra la memoria, testimonio y material para denuncias que aún siguen impunes.

La Directora de la Fundación de Datos Protegidos agregó mediante un comunicado de prensa: "A este respecto la evaluación de responsabilidades es compleja, pues observamos la responsabilidad de agentes privados, en este caso de empresas prestadoras de servicios y sus algoritmos, como un factor a incluir en la ecuación final."

Recientemente la ONG también presentó este informe a la comunidad en el espacio de la Universidad Abierta de Recoleta con el propósito de fortalecer el diálogo y afianzar la necesidad de la libertad de expresión de una manera consistente en un mundo que cada vez está más interconectado y en donde todos pueden ser testigos,creadores y amplificadores de contenido.