Diferentes activistas y organizaciones que luchan por los derechos de personas viviendo con VIH se han mostrado preocupadas por la posible vulneración en la confidencialidad del estado serológico de los/las/les pacientes, debido a la obligatoriedad de presentar una orden GES 18 al momento de vacunarse, cuestión que motivó el ingreso de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por José Figueroa Soto

El día miércoles 2 se dio inicio al proceso de vacunación nacional en contra de la Covid-19, siendo los primeros en vacunarse hombres y mujeres mayores de noventa años, para luego ampliarse al resto de la población de manera gradual. Considerando la edad,  la política se amplia también a funcionarios de salud que realicen funciones críticas, personas con comorbilidades, entre otras.

En esta línea, las personas viviendo con VIH estarían en la primera etapa de vacunación – fase 1e- según el calendario emanado del Ministerio de Salud hace unos días. Sin embargo, y pese a valorar el inicio de la vacunación nacional, organizaciones sociales y activistas seropositivos/as/es han manifestado su preocupación, ya que durante este proceso se podría ver vulnerado el derecho a confidencialidad del estado serológico de las personas, consagrado en la ley 19.779.

Problemática que se habría generado luego de la publicación de la ordenanza B22 n°500 emanada de la Subsecretaría de Salud Pública, denominado "Consideraciones de vacunación contra SARS CoV-2 en personas viviendo con VIH". Este documento establece los requisitos que deben tener las personas para acceder a la vacuna.

"Las personas con VIH candidatas a recibir la vacuna para COVID-19, deben estar en tratamiento antirretroviral, con carga viral <1.000 copias RNA/mL y con recuento de linfocitos CD4 > o = 200 cél/mm3. Si no cumplen estos requisitos, deben asistir a control médico para que evalúe su condición particular y decisión final. En pacientes con infección por VIH no controlada se debe priorizar el inicio de TAR y diferir vacunación.", señala el escrito.

Del mismo modo plantea que "Las PVVIH [personas viviendo con VIH] están consideradas en la fase 1e de vacunación. Para ello deben presentar una orden emitida por profesionales del centro de atención señalado como diagnóstico GES 18".

Es en esta última indicación donde se presentaría el problema, ya que el diagnóstico GES 18 es utilizado para identificar a las personas seropositivas en el sistema de salud, pudiendo ser una vulneración en la confidencialidad del estado serológico de los/las/les pacientes al momento de ir a vacunarse.

Puedes leer| Sputnik V cruza barreras geopolíticas en América y Europa

Preocupación de activistas

En conversación con RESUMEN, el activista Víctor Hugo Robles –el Che de los Gays– si bien valoró la existencia de un protocolo de vacunación dirigido a personas viviendo con VIH, le llama la atención que la conformación de este y las diversas políticas públicas no se considere ni consulten a las organizaciones de la sociedad civil.

"Nuevamente el Ministerio de Salud cae en el mismo error de idear y planificar políticas públicas a espaldas de la sociedad civil y de las oficinas. Sin considerar las necesidades, inquietudes, dudas y los miedos de las personas viviendo con VIH en tiempos de crisis sanitaria.", aseveró el activista.

Asimismo, manifiesta su preocupación por las personas que están diagnosticadas, pero no reciben su terapia antirretroviral (TAR) por diversos motivos, considerando la cancelación y retrasos de horas médicas desde el inicio de la pandemia. Cabe recordar los datos entregados por ONUSIDA referentes a Chile hasta el 2019: 74 mil personas viven con VIH, de las cuales 67.200 personas conocen su diagnóstico y 50.300 personas estarían recibiendo su tratamiento.

En relación a la posible vulneración del principio de confidencialidad, señaló: "Este protocolo no se hace cargo de los problemas en la confidencialidad y en el peligro de que el diagnóstico clínico de una persona viviendo con VIH sea conocido por personas que pudiesen revelar su diagnóstico, sin respetar el principio de la confidencialidad que está establecido en la ley de Sida"; asegurando que este protocolo vulnera dicho principio, ya que las personas se ven expuestas al presentar el rótulo GES 18, lo que podría desincentivar la asistencia al centro de vacunación, tornándose aún más complejo en ciudades o pueblos pequeños.

Del mimo modo, RESUMEN tuvo acceso a declaraciones de activistas y personas viviendo con VIH preocupadas por dicha situación.

Desde la Fundación Sida Maule, Michael Díaz reconoce que es un avance y es importante que las personas viviendo con VIH sean reconocidas dentro de un grupo de riesgo y se apliquen medidas especiales. No obstante, asegura que como Fundación les preocupan dos cosas. Por una parte, el protocolo no señalaría cómo se efectuará la vacunación, entendiendo que muchos centros de atención se encuentran en cuarentena total, lo que ha producido la disminución de atención a personas viviendo con VIH, limitando la entrega de certificado que autoriza la aplicación de la vacuna y, por otra parte, este mismo documento vulneraría la confidencialidad del diagnóstico.

"Nosotros como fundación solicitaremos formalmente, a ambas subsecretarias, una precisión respecto a ese certificado, porque consideramos que bajo el actual parámetro que establece la ley sería vulneratorio de los derechos de las personas que viven con VIH", manifestó Díaz.

En la misma línea, Vasili Deliyanis de Fundación Diversifica, se pregunta qué pasará con las personas que están a diagnosticadas con VIH, pero aún se encuentran a la espera de recibir un tratamiento. Por otro lado, se cuestiona qué vacuna se utilizará  y cuándo deben ir a los centros de vacunación, por lo que emplazan al gobierno a ser claro con la información que entregan.

Desde CEVIH, Matías Marín destaca que exista información más clara en torno al proceso de vacunación. Sin embargo, le parece vergonzoso que las autoridades sanitarias no respondan a la ciudadanía, ya que si no existiera el trabajo de organizaciones ni activista, no se sabría la información respecto a los protocolos, generándose un problema en la difusión de información por parte de las autoridades sanitarias.

Por su parte, Pablo, persona viviendo con VIH, manifiesta: "Debemos acreditar nuestra patología para poder vacunarnos, lo que complica el tema de la confidencialidad. Y para quienes vivimos en regiones es engorroso el hecho de asistir a nuestros controles que se exigen para poder vacunarnos". Del mismo modo Patricia, mujer viviendo con VIH, asegura estar confundida y desorientada en relación a cómo se llevará el proceso de vacunación en regiones fuera de la Metropolitana.

Marco Ruiz, del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/SIDA, se suma a las dudas que se presentan luego de conocer el protocolo de vacunación, ya que la información entregada estaría siendo confusa.

Por otro lado, Carlos Faras, de Chile PrEP, señala que le parece preocupante que no se les pregunte a las organizaciones civiles en la elaboración de normativas y protocolos. Además, enfatiza en la importancia de tener certeza del funcionamiento de la vacuna Sinovac respecto a que esta, indica, «no fue probada en personas VIH positivas«.

Paralelamente, Luis Zambrano, de la agrupación Vida Más del Hospital Sótero del Rio, asegura que las decisiones se han tomado desde la particularidad del centralismo sin considerar la realidad de las regiones. Por tanto, estas medidas a implementar deberían ser reformuladas y reimplementadas, siendo conversado con los diversos actores.

También puedes leer| 1 de diciembre: Día Mundial de la lucha contra el VIH/sida

Presentación de recurso de protección

Motivado por las incertidumbres y la posible vulneración de la confidencialidad, Víctor Hugo Robles ingresó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago este miércoles.

En este se reclama: "como acción del Ministerio de Salud, es la elaboración y ejecución de una campaña de vacunación para personas viviendo con VIH, sin respetar la confidencialidad en el diagnóstico por VIH/SIDA, ni la participación de la comunidad, como lo establece y exige la ley 19.779". Además, reclama el incumplimiento el articulo 2° de la ley 19.779, el cual establece la obligatoriedad de realizar este tipo de campañas con la comunidad.

De esta manera, se solicita "conceder orden de no innovar, para que el recurrido se abstenga de exigir certificado de diagnóstico de VIH, en el proceso de vacunación para personas viviendo con VIH, mientras se resuelve el fondo de esta acción".

Finalmente, Robles hace un llamado a las autoridades de Salud a que respondan a los activistas y organizaciones que han manifestado su preocupación por este protocolo, para que esta situación sea aclarada y corregida con la finalidad de resguardar la confidencialidad de las personas viviendo con VIH.

"Es hora que el Ministerio de Salud escuche a las personas viviendo con VIH, es hora que nos integren en sus políticas públicas y es hora que respeten el trabajo y la lucha que hemos dado las personas viviendo con VIH, no solamente para vivir sino para ser un aporte en la salud pública en Chile", concluyó el activista.

Fotografía principal: El Desconcierto