[resumen.cl] En una ceremonia en La Moneda, junto a la ministra de Medio Ambiente y la de Relaciones Exteriores, el presidente Gabriel Boric firmó un mensaje presidencial para la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. Ahora debe ser ratificado por el Congreso para que Chile forme parte de este importante acuerdo de protección medioambiental.

Con este mensaje de adhesión, ahora ambas cámaras del Congreso deben aprobarlo para que el Gobierno finalmente lo firme y Chile pase a formar parte del principal acuerdo de protección medioambiental de América Latina y el Caribe, que entre otras cosas, ofrece protección jurídica a defensores del medio ambiente, víctimas de persecución en el continente.

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"Esto es relevante no sólo porque somos un Gobierno que cumple sus compromisos, sino porque también da cuenta del sentido de urgencia con que entendemos la crisis climática", señaló el presidente Boric, agregando que "Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo".

Por su parte la ministra de medio ambiente, Maisa Rojas, señaló que "Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano".

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Fue el 4 de marzo de 2018, cuando en Costa Rica se estableció el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido popularmente como el Acuerdo de Escazú, el que más de 20 países acordaron respetar, pero hasta ahora sólo cuenta con 12 ratificaciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

El acuerdo de características vinculantes establece en su artículo 9, entre otras cosas, que «Denota la garantía de las Partes de propiciar un entorno seguro a personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, para que estos puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad». Además, establece la participación de las comunidades en proyectos que se desarrollen en sus territorios así como el acceso a información a la población en lo que define como «democracia ambiental».

Paradójicamente, el primer gobierno de Piñera fue uno de los principales impulsores de la iniciativa, pero en su segundo mandato estimó que no era conveniente para los intereses nacionales, ya que supuestamente generaría "incertidumbre jurídica.