Sumado a las extensas prisiones preventivas que han tenido que enfrentar y que siguen padeciendo las y los presos políticos del Estallido Social, desde la cárcel de San Antonio denunciaron precarias condiciones sanitarias y contagios masivos de Covid-19.

Por Juan Contreras Jara

Jordano, Claudio y Jorge son tres de los cuatro presos políticos del llamado Caso PDI en San Antonio que actualmente permanecen en prisión preventiva. Desde el jueves pasado están en cuarentena tras presentar un PCR positivo. Patricio es el cuarto preso político formalizado, que por motivos de salud se mantiene bajo arresto domiciliario total. Todos ellos llevan casi un año bajo medidas cautelares.

Tanto los presos de la revuelta como el resto de la población carcelaria denunciaron este fin de semana paupérrimas condiciones sanitarias y hacinamiento al interior del penal de San Antonio. Sus familias afirman que han tenido que sostener de forma autónoma el cuidado de sus seres queridos durante la pandemia, ingresando mascarillas, artículos de aseo y medicamentos debido a que Gendarmería no las proporcionaría.

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Tania Parada, pareja del preso político Jordano Santander, acusó que la institución no ha hecho nada para frenar el brote: "No ha entrado un médico. Gendarmería insiste en decirnos que sí ingresó uno, pero cuando le preguntamos a nuestros familiares nos aseguran que no ha ingresado nadie a evaluarlos".

La única medida mitigante, afirmó Parada, ocurrió "cuando vino la Seremi de Salud y dijeron que tenían que tener una hora y media de patio para poder tomar aire y poder ventilarse, porque era la única manera en que el virus se iba. En ese momento se supone que entran a sanitizar su colectivo (pabellón o celda) de los chiquillos. Nos dicen que hay al menos 50 contagiados".

Lo insólito es que Gendarmería mandó a soldar latones en la entrada y ventanas del pabellón que actualmente alberga a Claudio, Jorge y Jordano como supuesta medida sanitaria de asilamiento.

Los jóvenes permanecen contagiados y sin los cuidados pertinentes a la Covid-19 en el colectivo N°1, en compañía de 17 personas más, pese a que el espacio es para un máximo de 12  reclusos. El lugar en total mide 9 metros de largo por 6 metros de ancho y cuenta con apenas un baño.

El lunes de la semana pasada, cuando se preparaban en compañía de sus abogadas la audiencia de preparación de juicio que se realizaría al día siguiente, "se acercó un gendarme y dijo que tenía que llevarse a los jóvenes porque estaban en cuarentena, porque dos de las personas de su colectivo estaban con síntomas y ellos eran contagios estrechos", relató Tania Parada.

La información que habría entregado Gendarmeria al respecto es que el brote se habría originado mediante las visitas, versión desmentida por las familias y redes de apoyo que declararon haber descartado su contagio mediante examen PCR. Responsabilizan de los contagios a los mismos gendarmes, debido a que son quienes pueden entrar y salir del penal.

Las redes de apoyo de los presos políticos de San Antonio se mantienen alerta y adelantaron que ya habría casos confirmados en el colectivo 3 y 4 del penal, según informó Jordano a su familia el domingo recién pasado. Su pareja indicó que pese al brote de Covid, el recinto no cuenta con personal de salud permanente, "el domingo fui a dejarle remedios y no me los recibieron porque no había paramédico ese día. Es mentira que hay una enfermería, el paramédico solo va de lunes a viernes".

El llamado caso PDI

Los cuatro jóvenes fueron detenidos por personal de la PDI el 3 de marzo de 2020, acusados de un supuesto ataque a su cuartel y a la Fiscalía de San Antonio. Estando en el cuartel fueron brutalmente golpeados, torturados y amenazados de muerte por los policías de turno, quienes mediante estos ilícitos buscaban conseguir su confesión como autores.

A esta grave situación hay que agregar que al día siguiente de su detención fueron formalizados frente al intendente de Valparaíso y la gobernadora de San Antonio, quien invocó la Ley de Seguridad. Desde el 4 de marzo de 2020 tres de ellos se mantienen en prisión preventiva y uno con arresto domiciliario total.

La situación es compleja para los presos de la revuelta en San Antonio. Además de enfrentar todo el juicio político y la precondena del Estado a través de su extensa prisión preventiva, deben lidiar hoy con la deficiente capacidad sanitaria de Gendarmería.

Por lo pronto, los jóvenes tendrán que esperar hasta el  5 de abril  para tener una nueva audiencia de preparación de juicio, a un año y un mes de haber sido detenidos, torturados y acusados por funcionarios de la PDI.

*Imagen obtenida de El Desconcierto