Primos Tralcal y José Peralino denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile

Primos Tralcal y José Peralino denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile

Por Javier Arroyo Olea

Tras su detención a finales de febrero del 2019 por parte de efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) perteneciente a la PDI en la Región Metropolitana y los constantes problemas sostenidos con Gendarmería de Chile para su (re)ingreso a la cárcel de Temuco, los primos José Tralcal y Luis Tralcal, en conjunto con José Peralino, condenados por el caso Luchsinger Mackay, han logrado instaurar una denuncia contra el Estado de Chile, con el apoyo del Centro de Investigación y Defensa SUR (CIDSUR), en base a la violación de los derechos de las personas condenadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El documento presentado el 10 de abril del 2019, al cual tuvo acceso RESUMEN, consta de un total de 117 páginas que plantea diferentes derechos vulnerados a los condenados como lo son la presunción de inocencia, la no discriminación, el derecho a un juez imparcial, entre otros tantos que desglosa a lo largo de la denuncia y que justifican las 7 peticiones realizadas por parte de la defensa hacia la Comisión, las cuales se sintetizan a continuación:

  1. Declarar admisible la denuncia y acoger a tramitación para dar traslado de la denuncia al Gobierno de Chile.
  2. Eliminar y dejar sin efecto, en un plazo razonable, la condena hacia los primos Tralcal y José Peralino.
  3. Recomendar al Estado chileno que adopte las medidas necesarias para perseguir las respectivas responsabilidades administrativas y penales en los hechos denunciados por José Peralino.
  4. Disponer medidas de reparación a favor del condenado de manera amplia a íntegra.
  5. Fiscalizar al Estado de Chile en lo que respecta al cumplimiento del principio de no discriminación a indígenas en la Araucanía, enfatizando en los años posteriores a la visita de Ben Emmerson (relator ONU) es decir, desde mayo del 2014.
  6. Recomendar al Estado chileno la revisión de la Ley 18.314 respecto a conductas terroristas, haciendo hincapié en su invocación durante la investigación sin control judicial.
  7. Requerir al Estado de Chile, con el objetivo de que otorgue la libertad al condenado mientras se tramita la denuncia en cuestión, pudiendo estar sujeto a una medida cautelar menos gravosa dando, a modo de ejemplo, el arraigo nacional.

La denuncia consta de 5 apartados: 1. Presentación de los antecedentes para la revisión de la denuncia, donde relata de manera general los procesos que llevan a acudir a la Comisión Interamericana; 2. Los hechos alegados, entregando antecedentes del caso para contextualizar, describiendo y explicando los hechos y procesos particulares que se denuncian; 3. Las violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas, haciendo descripción particular de los derechos violentados sintetizando aspectos jurídicos y concretos vividos por los condenados; 4. Las peticiones, donde presentan las solicitudes expresas que realizan los denunciantes a la Comisión Interamericana y; 5. Los documentos acompañados, considerando insumos que dan respaldo a la denuncia,

Respecto al quehacer mientras dura este proceso, Juan Tralcal, hijo del condenado José Tralcal, plantea que existe “plazo de un año para que la Comisión lo revise y, ya con la admisibilidad que deberíamos saberla durante este año, pasaría a la Corte Interamericana”, haciendo referencia a que se debe estar a la espera del llamado a los abogados y abogada para asistir a la Audiencia donde deben defender la postura. En este marco, Juan Tralcal plantea que “como familia esperamos que la Corte Interamericana pueda revertir la condena (…). Lo importante es que se revierta la acusación, obviamente porque no son culpables y así se demuestra en los papeles, dentro del sistema, que ellos son inocentes y así terminaría la persecución hacia su persona, la estigmatización”. Asimismo, profundiza que “con eso se podría evitar la persecución a familiares porque igual existe el temor de que ya condenados dos peñi Tralcal puedan tratar de utilizar esta condena injusta para perseguir a más gente de la comunidad”, cuestión que ya ha realizado el Estado chileno en otros casos contra luchadores/as sociales.

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