La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza González sometió a proceso a 4 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad como autores del homicidio del entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, hecho ocurrido entre el 29 y 30 de noviembre de 1976 en la comuna de Providencia.

Por Darío Núñez

La magistrada (causa rol 4.975-2021) encausó y ordenó la prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén de los ex oficiales de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma.

En la investigación judicial queda de manifiesto que el crimen de la víctima fue perpetrado por agentes de la DINA utilizando gas sarín para consumar el asesinato del abogado de 69 años de edad.

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Los ahora procesados eran oficiales capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA en donde conformaron una unidad especial destinada a realizar acciones y operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a personas opositoras a la dictadura militar. Esta unidad especial recibía la pomposa denominación de "Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta", luego fue denominada Brigada Mulchén de la DINA, antecesora de la Unidad Antiterrorista de la CNI.

Este grupo de agentes dependían directamente de Manuel Contreras, el director del ente criminal represivo, y operativamente eran comandados por el entonces capitán de ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de los capitanes Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, entre otros.

En la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N° 4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de los agentes civiles DINA Michael Townley, de origen estadounidense, y su esposa Mariana Callejas, un laboratorio a cargo del agente civil Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la "Brigada Quetrupillán" de la DINA – integrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el «rubro» de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el «Proyecto Andrea».

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Así, entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la mencionada agrupación especial, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetrupillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N° 14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio del entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Jorge Renato Francisco León Zenteno, era el objetivo del operativo criminal. El abogado al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes operativos que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.

Luego, los oficiales proceden a limpiar todo indicio de su presencia en el lugar y se retiran del inmueble. Sin embargo, dejaron olvidado el contenedor del mortal gas, motivo por el cual Eugenio Berrios Sagredo acompañado de José Ríos San Martín, vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, pero no lograron su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.

Eugenio Berríos, conocido como Hermes, el "Químico de la DINA", estuvo involucrado en numerosos hechos criminales cometidos por ese aparato represivo contra personas opositoras a la dictadura o consideradas obstáculos para sus propósitos. Terminada la dictadura, ante la eventualidad de que el Químico fuese detenido producto de investigaciones judiciales abiertas, Hermes fue sacado ilegal y clandestinamente del país con destino a Uruguay para proteger a los altos mandos involucrados en esos delitos, secretos éstos que el individuo conocía de sobra. Luego, en 1993, los superiores de Berríos deciden asesinarlo y enterrarlo en un lugar remoto de aquel país.

Por su parte, Jaime Lepe Orellana permaneció poco tiempo en el grupo de Salinas pues luego fue promovido a la también pomposa "Agrupación de Seguridad Directa" del tirano, conformada por individuos de confianza del dictador y destinada a proteger a su séquito. Desde allí siguió forjando su camino cercano a Pinochet para convertirse en Secretario General del Ejército y ascender hasta el grado de Brigadier. Este individuo fue condenado por la Corte Suprema en marzo de 2019 por su participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, cometido en julio de 1976, antes del asesinato del Conservador.

El motivo del asesinato de una persona que no tenía ninguna vinculación política, ni menos opositora a la dictadura, se funda en el celo profesional del abogado para resguardar la función que cumplía; esto porque en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó en un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que se opuso quien ejercía el cargo en ese entonces, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar. Esa actitud del Conservador le significó la muerte por asesinato de parte de los militares dictatoriales.