Una favorable acogida ha tenido la propuesta de normas del trabajo para una Nueva Constitución que han realizado las y los dirigentes de la agrupación intersindical Unidad por Trabajo Digno (UTD) a los/as convencionales constituyentes, quienes han valorado la redacción, la patrocinarán o considerarán como insumo en el análisis comparado de articulados para construir textos fusionados que luego irán a votación.
Por Marisol Águila
El articulado de UTD propone, en primer término, la consagración constitucional del Derecho al trabajo, entendido como un trabajo decente en términos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debiendo el Estado desarrollar políticas para que las personas accedan a éste.
Se entiende por trabajo decente un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas.
Según explicó el abogado laboralista e integrante de UTD, Claudio Aravena, el articulado incluye también la propuesta de que aquella persona que por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, podrá recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.
"En la práctica, es un recurso de protección ampliado a los derechos fundamentales del trabajo, como un mecanismo ágil al cual puedan acudir de forma inmediata las y los trabajadores frente a graves vulneraciones de derechos. Ante situaciones que pongan en riesgo la integridad física o cuestiones de carácter grave, la ley debe generar mecanismos diferentes", propuso Aravena.
El dirigente del comercio y parte de UTD, Sergio Pérez, destacó que la propuesta de normativa laboral de UTD se diferencia de otras al omitir la libertad de trabajo en el articulado, por cuanto dicho concepto tiene un fuerte componente neoliberal en su origen y representa un riesgo de ser entendido como libertad de despedido, como ocurre actualmente.
"Buscamos que la consagración del Derecho al Trabajo y su Protección con rango constitucional, implique un avance hacia mayores niveles de estabilidad en el empleo. No esperamos inamovilidad en el trabajo, sino evitar el despido arbitrario como sucede hoy con el artículo 161 del Código laboral sobre "necesidades de la empresa", que se presta para innumerables abusos", afirmó Pérez.
La dirigenta de la salud privada e integrante de UTD, Natalia Mesías Quila, afirmó que el derecho al trabajo decente de la OIT sobre el cual se plantea el articulado implica la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. Agregó, asimismo, que la propuesta presentada a las y los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales prohíbe el despido arbitrario y toda discriminación en el trabajo, especialmente en materia de remuneraciones entre hombres y mujeres.
"Como mujeres trabajadoras del sector privado de servicios, particularmente del área de la salud que es altamente feminizada y que hemos cumplido el rol de trabajadores/as esenciales durante la pandemia, consideramos fundamental que la Nueva Constitución tenga una perspectiva de género transversal en todo el texto, para contrarrestar la discriminación estructural que hemos sufrido históricamente las mujeres", señaló la dirigenta.
Los y las dirigentas de Unidad por Trabajo Digno han sostenido una intensa agenda de reuniones para presentar su articulado con gran parte de las y los convencionales de la Comisión de Derechos Fundamentales, entre ellos la Presidenta y el Vicepresidente de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, respectivamente. También se reunieron con Benito Baranda, Roberto Celedón, Aurora Delgado, Lidia González, Javier Fuchslocher, Isabella Mamani, César Valenzuela, Janis Meneses, María Rivera, Valentina Miranda, Elsa Labraña, Dayana González, Mariela Serey, entre otros y otras convencionales.