[resumen.cl Las condiciones laborales en el país han experimentado un empeoramiento ostensible durante la pandemia, profundizándose la necesidad de generar propuestas tendientes a corregir y superar este escenario empobrecedor. En este sentido, el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable ha publicado hace algún tiempo Trabajo post-pandemia: evitar desempleo estructural, un documento en que, junto con elaborar un diagnóstico de las situaciones que determinan las relaciones laborales en el país, entrega recomendaciones.

Para tener en consideración, de acuerdo al último Boletín de Informalidad Laboral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), informó que en el último trimestre observado, de julio a septiembre de 2021, la cantidad de trabajadoras/es informales en el país fue de 2.307.500 personas, lo cual representa un 27,7% del total de la fuerza de trabajo, constituyendo un incremento abrupto respecto al mismo trimestre del año anterior, pues comporta 577.552 personas más en esta condición. Por otra parte, los salarios del 50% de los trabajadores y trabajadoras en Chile son menores que $420 mil pesos mensuales y solamente el 30% gana más de $635.000 líquidos y el 16,1 % más de $1.000.000, de acuerdo a Fundación Sol.

Por su parte, Johannes Rehner, María Inés Ramírez, Andrés Señoret, como autora y autores de Trabajo post-pandemia: evitar desempleo estructural, indican que "existe una notoria amenaza para el empleo y el bienestar económico que consiste en la posibilidad que la recuperación no sea de manera permanente, y que se profundice la desprotección laboral preexistente -eufemísticamente llamado "flexibilización". Reestructuraciones del mundo laboral pueden llevar además a un desempleo estructural afectando de sobremanera a trabajadores/as de servicios poco calificados y a jóvenes, incluso con formación profesional".

Trabajadoras de la agroindustria. Extraída de dt.gob.cl

Siguiendo documentos de la CEPAL y del Banco Central, establecen que:

– "Durante las últimas dos décadas el crecimiento de empleo se concentró en los rubros; comercio, construcción, gastronomía, servicios sociales y otros servicios personales, impulsando así por sobre todo empleos urbanos, pero de baja productividad, bajo sueldo y poca seguridad laboral". Durante la primera fase de la pandemia (hasta junio de 2020) se habían perdido puestos laborales de estos rubros, principalmente.

– Los rubros propios de la matriz primario exportadora (minería, sector silvo-agropecuario, acuícola y pesquero) pueden pueden emplear escasa mano de obra, pero bien remunerada, como en la minería, o una cantidad mayor de personas bajo regímenes estacionales, de menores salarios, tal como ocurre en el sector frutícola o forestal.

– "Chile destaca por su alto nivel de creación de nuevas empresas. Sin embargo, estas generan puestos laborales poco estables y también muestran una tendencia hacia los servicios y al empleo de baja calificación y remuneración. Abunda el autoempleo y la deficiente protección laboral...". De acuerdo al texto, esto se suma a la alta informalidad que deja desprovistas de garantías a las personas expuestas ella.

-La desigualdad de género se expresa entre otra manifestaciones en diferencias salariales perjudiciales para las mujeres, discriminación al momento de acceder a un empleo y mayor probabilidad de despido, mostrando una mayor probabilidad de retirarse del ámbito laboral por asumir responsabilidades de cuidado de familiares.

La publicación establece que en el contexto propiciado por la propia matriz productiva del país, "con un elevado peso de servicios de baja calificación y remuneración, se debe suponer que parte relevante de esta fuerza laboral no recupere su puesto laboral. En parte se ha impulsado el uso de tecnologías de comunicación, el trabajo remoto, la automatización y ciertos usos de inteligencia artificial, lo que puede hacer obsoleto parte del empleo que hoy es una importante fuente de ingreso".

Agregan que las respuestas políticas a la situación actual giran en torno a lo siguiente:

– medidas como el ingreso familiar de emergencia (IFE) y similares.

– fomento a la demanda como los tres retiros del 10% de fondos previsionales o la entrega de créditos.

– fomento a PyMES a través de créditos "blandos",

– uso del seguro de cesantía, evitando así los despidos con los recursos de las propias trabajadoras/es.

Seguidamente, alertan que tales medidas resultarían ineficaces para el escenario económico, pues:

• Fomentan las ventas de las empresas dependientes de la demanda interna pero no necesariamente la creación o recuperación de empleo.

• No consideran el problema fundamental de la creciente precarización de las condiciones laborales en términos contractuales.

• Financian el consumo a través de fondos de los mismos trabajadores diseñados para otros fines: jubilación y desempleo, por lo cual ponen en peligro la futura estabilidad.

• Puede tener efectos financieros peligrosos, ya que posiblemente va a haber una gran cantidad de emprendimientos y PyMES, que habiendo recibido créditos, no podrán pagar sus obligaciones.

Ante esta situación, consignan recomendaciones que en términos generales se pueden sintetizar en:

Fomento a la calidad del empleo de cuidado y servicios de salud

– Se requiere aumentar el financiamiento de estos servicios aún más importantes en el futuro, debido a cambios demográficos y sociales, además requieren de servicio personal de alta intensidad laboral y por ende pueden generar una sólida demanda por trabajadores/as.

– Formalizar todos los segmentos y servicios en este campo laboral para mayor seguridad a largo plazo, garantizar ingreso y cotización al sistema de protección social…

Formalizar el empleo organizado en plataformas digitales y aplicaciones

– Esos servicios requieren de una consideración política y legal como trabajo dependiente y no como emprendimiento o actividad por cuenta propia, para proteger los derechos laborales, regular y asegurar ingresos y estabilidad a puestos laborales con bajo nivel de calificación.

Fomento a la seguridad laboral de servicios con baja calificación

– Fomentar la eliminación de la subcontratación en grandes empresas

– Impulsar a empresas y otras organizaciones que cuentan con financiamiento estatal hacia la contratación directa de personal de limpieza, seguridad entre otros (efecto a mediano plazo).

– Fortalecer la sindicalización, organizada por rubros y territorios. Facilitar la organización por sindicatos que reúnen a todos los trabajadores de una cierta actividad económica (efecto a largo plazo).

Fomento al empleo joven, altamente calificado

– Los proyectos de investigación financiados por el Estado a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), no deberían financiar incentivos a los investigadores con contratos en universidades o instituciones similares, dedicando estos recursos financieros públicos a la creación de puestos laborales con contratos a plazo fijo para académicos jóvenes.

Fotografía principal extraída de dt.gob.cl

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