Así como en otros proyectos y en otros gobiernos ha ocurrido, nuevamente el criterio economicista se toma un proyecto de ley que poco o nada tendrá que ver con la educación. Otra vez la cúpula de «expertos» en educación -es decir, economistas, sociólogos, ingenieros y ni un solo profesor- decidieron presentar un proyecto de Carrera Profesional que es sinónimo de flexibilidad laboral y rendimientos evaluados por pruebas estandarizadas.

Así como el resto de la reforma educativa ha sido denunciada por diversos actores sociales como la continuidad y profundización del modelo de mercado en la educación, la carrera docente forma parte de este mismo andamiaje. Bajo la idea de que el profesor es uno de los principales -sino el principal- responsables de los malos resultados en educación, se apuesta a mejorar sus condiciones individuales remuneracionales dejando de lado lo colectivo. Es decir, dejando de lado que los buenos resultados en educación provienen del trabajo colaborativo y no del desempeño individual: la carrera docente apunta al desarrollo profesional individual y se concentra principalmente en aumentar las remuneraciones a los docentes con hasta 37 horas semanales.

Tal como los secundarios son medidos con la PSU y el SIMCE, pruebas estandarizadas que lejos de entregar la educación que queremos crea autómatas que responden de «memoria», ahora la Carrera Docente plantea la medición de los profesores a través de una prueba que le permita acceder a mejores remuneraciones. Es decir, otorga bonos por productividad, como en una fabrica de estudiantes.

La maltratada labor docente se vera aun mas vapuleada con el aumento de posibilidades de despedir a los que tengan mal desempeño y la mantención bajo el código del trabajo -el mismo de la dictadura y profundizado con las modificaciones a realizarse- a los docentes de particulares subvencionados. No obstante no hay castigo alguno a las entidades de educación superior que sean formadoras de profesionales de «mala calidad». Es decir, se corta el hilo por lo mas delgado, pues la educación superior se sigue basando en el sistema de acreditaciones -pese a los escándalos de corrupción por acreditaciones irregulares- y en los mentados convenios por desempeño. El gobierno busca -como si la PSU indicara profesionales de calidad- exigir mayores puntajes en la PSU para optar a pedagogías.

La principal y mas sentida demanda de los profesores en la reciente movilización era precisamente el agobio laboral al que se verán aun mas expuestos debido a las nuevas exigencias de realización de cursos y perfeccionamientos y a que la apuesta del gobierno esta lejos de la propuesta de 50 horas lectivas y 50 no lectivas de los profesores, alcanzando solo el 65/35 al año 2018.

Las nuevas exigencias permiten mayor flexibilidad laboral, al punto de hacerlo perder su trabajo si no hay mejores resultados.