A inicios de abril, medios ecuatorianos anunciaron que un campamento minero levantado en 2014 por la Empresa Nacional de Ecuador (ENAMI EP) y Exploraciones Mineras Andinas Ecuador EMSAEC (subsidiaria de Codelco) fue incendiado por personas desconocidas a fines de marzo.
El campamento minero se originó tras la apropiación y transformación de parte de ambas empresas minera del mirador turístico del grupo EcoJunin, afectando gravemente a la actividad económica vinculada a la defensa del territorio. En este sentido, desde el mismo grupo de turismo indicaron: «Es injusto e incoherente pensar que nuestra organización tuvo algo que ver con la destrucción de un bien comunitario".
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El campamento minero era parte del cuestionado Proyecto Llurimagua, sobre el cual la propia empresa estatal chilena ha negado consecutivamente acceso a la información y transparencia en sus operaciones. Desde marzo de 2023, el proyecto minero se encuentra suspendido por la Corte Superior de Imbabura, en cuyo fallo dictaminó la vulneración del derecho a consulta ambiental y de los derechos de la Naturaleza. Tras dicha suspensión, las empresas vinculadas despidieron a decenas de trabajadores.
El conflicto minero en la zona de Intag es de larga data, arrastrándose desde fines de la década de los noventa. Sin embargo, la resistencia de las comunidades y organizaciones ha permitido no solo el freno de los proyectos, sino también la construcción de alternativas, como lo es la consolidación del turismo comunitario en la zona.