La Costanera de Concepción ha sido intervenida de manera sistemática desde los años 90. El sueño de que la ciudad se acercara al río y fuera el polo del desarrollo penquista tiene sus cimientos en el deseo de algunos ciudadanos por reemplazar a quienes desde antes del siglo XX habitaron el sector, por grandes avenidas y edificios. Ciertamente estas ganas por limpiar y cambiar la cara de esta costanera pobre comienza por invisibilizar el proceso social que hace del borde río un lugar habitable, algo que podríamos llamar como un proceso de urbanización popular, desarrollado en aquellos años donde comenzaba a gestarse el importante movimiento de pobladores en las grandes ciudades del país.

Haciendo un poco de historia es importante señalar que gran parte de las tomas y poblaciones callampas que se consolidaron desde mediados del siglo XX fueron parte de las soluciones de viviendas generadas por el Estado entre los años 60 y 70 y el resto fueron erradicadas de manera forzada y violenta durante la dictadura cívico-militar. La Costanera quedó ahí sin mucha intervención y siendo uno de los pocos lugares a nivel nacional que da cuenta de cómo los procesos populares son capaces de generar su propia urbanización, calles, negocios y viviendas… todo a través de la autoconstrucción, generando barrios populares dignos, con historia e identidad a pocas cuadras del centro de la ciudad.

A mediados de los años 80 comienzan a gestarse una serie de megaproyectos de renovación urbana a nivel nacional, que tienen como fin hacer real el rostro moderno que el neoliberalismo nos vendía en la tele y vitrinas comerciales. Uno de estos proyectos es El Plan Ribera Norte, que vendría a ser la primera de una serie de grandes intervenciones en el sector de la Costanera de Concepción.

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Se erradicó, las y los vecinos se movilizaron y debido a la presión se entregaron viviendas en los sectores intervenidos y se hizo una tremenda operación urbana de donde salen las grandes avenidas que hoy conocemos: Puente Llacolén, las avenidas Prat, Alberto Hurtado y Costanera, y el Parque Bicentenario, todo esto construido entre los años 1990-2005, quedando toda la parte de intervención estatal concretada, con lo que se pudo realizar un desarrollo comercial púbico en el sector de la gobernación y privado con la instalación de grandes centros comerciales (Líder y el Mall que fue construido en un terreno que en sus inicios contemplaba vivienda social) y proyectos de tipo inmobiliario en las inmediaciones de éste (Portal bicentenario, torres de oficina, edificios de educación privada, entre otras), quedando al debe la segunda parte del proyecto que era el incentivo de la inversión privada entre la av. Alberto Hurtado y el río.

El terremoto de 2010 vino como anillo al dedo para reactivar los intereses privados en el sector, la elite política y económica vuelcan sus esfuerzos para hacer que un puente en desuso hace años pase a ser una de las obras emblemáticas del Plan de Reconstrucción 27F, lo que significó dar prioridad a la infraestructura y saltarse una serie de cuestiones como el Estudio de Impacto Ambiental.

El año 2017 ingresa por primera vez al Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto "Construcción nuevo puente ferroviario Biobío", desistiendo en su primer intento de ingresar con una Declaración de Impacto Ambiental  y siendo reingresado el año 2019 mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

Todas estas intervenciones no han pasado desapercibidas para las comunidades que han construido y habitado la Costanera desde hace décadas. Los impactos de un desarrollo urbano profundamente neoliberal que no ha considerado a quienes habitan los lugares intervenidos, han ido desde las erradicaciones directas, produciendo fuertes procesos de desarraigo y desintegración social, impactando en la identidad y en la salud mental de la población. Bien lo saben las y los vecinos de Aurora de Chile, que hoy día sufren la desterritorialización de su propio territorio, que tienen que convivir en medio de demoliciones, ruidos, plagas y por sobre todo sentir la ausencia de los vecinos que los acompañaron durante todas estas décadas, y que hoy serán reemplazados por los pilares de un puente que se levanta como si allí no existieran. Muchos de quienes tuvieron acceso a las viviendas entregadas por el Estado construidas en el mismo sector hoy sufren las consecuencias de una política de vivienda desalmada que sólo se preocupa de entregar soluciones construidas por empresas que ven en la vida de la gente un negocio, y que a menos de un año de su entrega sufren las consecuencias de la mala construcción y el desinterés del Estado.

Además, todas las poblaciones del sector ven hoy como la presión inmobiliaria toca sus puertas, construyendo grandes torres de oficinas y departamentos para quienes sí tienen el derecho de habitar en su sector, viendo como suben los precios del suelo y como poco a poco y de manera silenciosa son desplazados de los terrenos que habitaron sus abuelas y abuelos ganándole terreno al río, procesos que expertas y expertas han llamado gentrificación.

Los últimos proyectos de gran envergadura luego de la construcción del Puente Chacabuco son el Soterramiento de la línea férrea y el Nuevo puente Ferroviario y túnel en el cerro Chepe. La desconfianza de las vecinas y vecinos no viene de la nada. Por eso nos parece importante empezar contando la historia del sector. ¿Cómo no se va a desconfiar con esta historia de violencias y vejámenes producidas desde el Estado? ¿Cómo no ponerse en alerta cuando vemos día a día que la ciudad se levanta como una muralla y amenaza con constante prepotencia con sacarnos de nuestro territorio, luego de haber reducido el sector de Pratt a Binimelis? ¿Cómo no oponernos a un desarrollo que nunca ha contemplado a quienes habitan y viven su cotidiano junto al río y al cerro Chepe?

Entre los años 2018 y 2019 las y los vecinos comenzaron a ponerse alerta. En los diarios salían semana a semana estos grandes proyectos de intervención en la Costanera sin que nadie se acercara a explicar ni preguntar sobre éste a quienes serían directamente afectados. Se hicieron talleres, conversatorios y una serie de actividades donde se definieron los efectos a corto y largo plazo que implica la construcción y el desarrollo de estos proyectos. La conclusión es que no trae nada bueno para las comunidades de la Costanera. Se ve día a día a alcaldes y agentes de gobiernos llenándose la boca con el tema de la Participación Ciudadana, pero esa participación nunca llega a las poblaciones, menos a las poblaciones pobres.

Pero las y los pobladores tienen memoria. Se sabe lo que pasó con el Puente Chacabuco, se ve día a día. Sabemos que la defensa de nuestro territorio y el ser escuchados y escuchadas depende de nosotras y de lo fuerte que salga nuestro grito. Tenemos reparos y desconfianza y lo primero que se exige es que se respondan de buena manera, que no se minimicen, que no se invisibilizan nuestras preocupaciones.

¿Por qué un proyecto que viene desde el año 2018 ahora aparece como parte del programa Paso a Paso Chile se recupera? ¿Por qué este proyecto es importante en el contexto de pandemia cuando los beneficios más grandes que trae son para el mercado forestal? ¿Por qué tienen que seguir siendo las comunidades las que asumen los efectos negativos del desarrollo? Miles de millones de dólares para la reactivación económica por la pandemia. Miles de millones de dólares traspasados directamente desde el Estado a grandes empresarios. ¿Cuáles son las necesidades que quedan destapadas con la pandemia? La salud, el trabajo, la educación de los sectores empobrecidos... nada de eso se contempla, todo se justifica con dar supuestos espacios laborales surgidos de estos grandes proyectos que sabemos que no son para la población que habita en los lugares y que además son trabajos transitorios y precarios.

El falso desarrollo impulsado por este proyecto de puente y túnel ferroviario es muy claro y verificable: 1) Participación vecinal decorativa en un proyecto que que no nos consultaron y que no se hace cargo debidamente de su radio de influencia. 2) Fuertes impactos en sector de Pedro del Rio Zañartu y el histórico Cerro Chepe (incluyendo 60 detonaciones), tanto durante la obra como posteriores, incluyendo riesgos, daños y contaminación permanente -por hidrocarburos, ruidos- así como encajonamiento y obstrucción de salida, deteriorando la calidad de vida de miles de habitantes de un sector de más de cien años de antigüedad. 3) 220 millones de dólares de fondos públicos para eso y para multiplicar la capacidad de carga (celulosa, químicos, madera) día y noche dentro de la ciudad, en beneficio de empresas forestales que no tributan y secan la región.

Por eso levantamos la exigencia de que dejen de confundir carga con  pasajeros; hagan un cambio de trazado con puente río arriba respetando el cerro, el territorio y a quienes habitamos aquí; y que el desarrollo no signifique más sacrificio de personas y comunidades. No queremos este proyecto, no aceptamos ningún tipo de ruidos, vibraciones ni tronaduras sea con dinamitas, químicos u otras, que implican hacer otro agujero al cerro. Simplemente cambien el trazado.

Parques, teatros, puentes, grandes avenidas, edificios, comercio, centros de educación y salud... nada ha sido para los habitantes de la Costanera. Nada lo será. Y las pocas migajas que han dado fruto de la resistencia de las y los pobladores han sido una vergüenza y parte de la miseria que entrega el Estado, demostración de que las y los pobladores no nacen en situación de vulnerabilidad, sino que son vulnerados constantemente, generación tras generación por el Estado de Chile.

Hoy el llamado es a mantenernos en pie de movilización. Como parte de un territorio apetecido y atenazado por el interés inmobiliario por un lado y el forestal por otro, tenemos derecho a desconfiar y negarnos a este proyecto, además sabemos que no es un proyecto aislado sino que hace parte de una serie de iniciativas económicas impulsadas para sostener la riqueza de la clase política-empresarial de quienes son dueños de este país.  Sabemos que en sus sumas de beneficios las y los pobladores no están en ninguna parte. Pero el contexto en el país hoy día es diferente porque ya no se puede seguir en esta inercia. El pueblo se hace consciente, estudia, y crea conocimientos. El pueblo ratifica hoy día su derecho a habitar, su derecho a la memoria, a la identidad y a decidir lo que pasa en su territorio. Las pobladoras y comunidades son capaces de desentramar y denunciar las mafias que hoy día nos gobiernan porque es hora de defender nuestra memoria social y territorial, nuestra calidad de vida y formas de habitar, nuestros árboles, ríos, aves y todo aquello que se han encargado de robarnos durante estas más de cuatro décadas de saqueo neliberal.

Por nuestra salud, entorno y calidad de vida

Coordinación Pedro del Río presente !

El Chepe se defiende !

Escrito por Coordinación Pedro del Río