Desde hace décadas el litio es explotado en el norte del país por el gran empresariado, pese a ser un metal de interés nacional y no concesionable en la legislación. Todo a vista y paciencia del Estado mediante la facilitación de contratos, trayendo consigo un auge progresivo de conflictos socioambientales e impactos que transgreden al ecosistema altoandino completo.

Por OLCA*, OCMAL** y RESUMEN

El sostenido interés sobre el litio como metal a explotar remece a distintos países del mundo desde donde el llamado "oro blanco del siglo XXI" es extraído. En este punto, tres países de América Latina concentran hasta el 85% de las reservas -descubiertas- de litio: Bolivia, Argentina y Chile.

Por su capacidad de densidad eléctrica, característica que le permiten ser, entre otras cosas, un metal de buen almacenamiento de calor y electricidad, ha estado en la mira de la explotación minera transnacional bajo una lógica extractivista.

En este contexto, el propio Estado chileno ha reconocido la preponderancia del metal en los territorios, principalmente, en los Salares del norte del país, ubicando tres de estos en los ecosistemas que, a nivel mundial, concentran mayor cantidad de litio; concretamente: Atacama, La Isla y Maricunga.

(Fuente: Comisión Chilena del Cobre. (2014). La explotación del litio en Chile en el contexto del mercado internacional, p. 4).

Ante este escenario, se ha instaurado la idea de trabajar el litio bajo el marco de comprensión neoliberal, por lo que se han incentivado progresiva y sistemáticamente proyectos de explotación y exploración del metal que benefician a grandes grupos económicos. 

Pese a que parte importante del impacto y anclaje de la forma de operar de los proyectos mineros se desarrolla en la década de los noventa, el panorama está cruzado por procesos y elementos anteriores.

No concesionable y de interés nuclear

Fue durante la dictadura cívico-militar que la legislación sobre el litio sufrió importantes cambios que arrastran consecuencias para su administración en la actualidad.

Ya en 1975 se declaró el interés nuclear sobre el metal debido a sus propiedades, lo que ancló su autorización y cuota de explotación a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), siendo decretado en 1979 como no concesionable y de interés nacional, plasmándose en la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (DL 18.097). 

En este contexto, la explotación del litio, restringida por el Estado, se puede facilitar mediante concesiones administrativas, Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) o directamente a empresas estatales, siempre contando con la autorización de la CChEN.

Así, durante décadas en Chile se han establecido la Corporación del Fomento de la Producción (CORFO), la Empresa Nacional de la Minería (ENAMI) y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) como las tres instituciones estatales de mayor relevancia respecto a su posesión sobre concesiones mineras, las mismas que han abierto la oportunidad de asociaciones y/o contrarios de exploración y explotación con privados.

En este contexto, ha sido la postdictadura el escenario legislativo-social que ha conllevado el aumento de tensiones del conflicto socioambiental. La llamada "gobernanza del litio", pese a traer consigo una teórica mayor injerencia del Estado, en lo concreto continúa facilitando la explotación con poca discrecionalidad del metal.

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Salares: foco de explotación

El Estado chileno ha enfatizado en la idea de que el litio posee tres fuentes potencialmente explotables: rocas sedimentarias, salmueras y mineral de roca (también conocida como pegmatitas). Sin embargo, tanto a escala local como mundial, el mayor porcentaje se encuentra en los Salares.

Así, Atacama, Pedernales y Maricunga han sido señalados como importantes Salares donde se han presentado proyectos y autorizado la extracción del metal a empresas como Codelco, Cominor, Soquimich, Salar Blanco, Albelarme y Simbalik Group Inversiones Lmtd.

(Fuente: Jerez, Bárbara. (2018). Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur. OCMAL, p. 15).

Esta instalación territorial ha conllevado un profundo impacto en los territorios. Los -no consagrados en la Constitución chilena- Derechos de la Naturaleza son constante y reiterativamente violentados por el avance de la matriz extractivista del litio, la cual se centra en el modelo económico de producción primaria.

Ante esto, se ha señalado que "la extracción de salmueras para la minería desde un punto determinado del salar puede afectar el comportamiento hidrogeológico de las salmueras de pertenencias contiguas, corriendo el riesgo de afectar la disponibilidad de recursos hídricos de su entorno y los ecosistemas, afectando los grupos humanos que habitan la cuenca del salar".

Sin embargo, esto no ha sido considerado en la práctica, ni estatal ni privada, en los estudios de exploración y/o explotación del metal.

El ojo del empresariado: auge de conflictos

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha establecido en su Mapa de Conflictos Socioambientales un total de 118 casos a nivel nacional, donde existe una problemática y resistencia de la población debido a tensiones ante la amenaza o existencia de proyectos que invaden los territorios y afectan a las comunidades. De estos, un 28% corresponden a casos de la minería, emplazándose algunos en la zona norte del país.

Si bien la cifra debe ser revisada y actualizada, como también los fundamentos metodológicos para caracterizar y comprender un conflicto socioambiental, la situación representa una constante que ha ido en auge con el paso de los años. Y es que las tensiones socioambientales han ido creciendo acorde avanza, también, la vulneración de los Derechos de la Naturaleza y permanece la lógica extractivista.

En este sentido, la explotación de los Salares, lejos de como pudiera imaginarse, ha sido un foco del empresariado desde hace décadas.

Eduardo Herrera, integrante del Colectivo en Defensa del Medio Ambiente de Atacama (CODEMAA) señala que, en el caso de Maricunga, la explotación se ha hecho presente en diversas oportunidades para explotar otros minerales además del litio.

Herrera asegura que, por ejemplo en Maricunga y Pedernales, existen registros de explotación de Boro en la zona. Asimismo, sobre el primero, señala la presencia de pozos de proyectos mineros para extraer agua. Así, acredita que "la explotación del Salar no es solamente por litio, sino que viene de antes", conceptualizando la situación como mucho más compleja de lo que se piensa.

Ante esto, la explotación y exploración del litio en Chile no ha estado exenta de problemáticas y, en perspectiva, pareciera agudizarse progresivamente. Los formatos y figuras de asociaciones estratégicas que se han impulsado entre el sector estatal y privado han promovido las tensiones en el territorio, lo cual se suma a lo ya planteado con anterioridad: la alteración de los ecosistemas, el consumo irrestricto de agua, incluidas las napas subterráneas, y la intervención en las comunidades han sido fenómenos pasados a segundo plano, cuando, por el contrario, son piedra angular de la puerta de entrada de la profundización del extractivismo en Chile a través del litio.

* Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

** Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

El presente escrito forma parte de una serie de notas de una investigación que se encuentra en curso respecto a "MARICUNGA AMENAZADO: Ambición, extractivismo y resistencias frente al litio", la cual tiene como objetivo sistematizar la situación a la que se enfrenta el ecosistema del Salar de Maricunga ante el avance de la explotación del litio en el territorio.

Fotografía principal: DF