Por: Ricardo Alarcón de Quesada / jornada.unam.mx

Quienes visitan Puerto Rico comprenden por qué la llaman la isla del encanto. Lo palpan en el aire, en la luz, en el paisaje y también en la gente que la habita. Algo muy diferente provoca la dramática situación que vive su pueblo. Porque los puertorriqueños nunca han sido dueños de ese entorno maravilloso ni tampoco de su destino, amarrados bajo el dominio colonial, primero de España y durante los últimos 117 años de Estados Unidos.

Washington trató de engañar al mundo disfrazando la colonia con el embeleco de un imaginario Estado libre asociado (ELA), que promovía como una vitrina del Caribe de las bienandanzas que la tutela norteña ofrecía generosamente. La experiencia para los boricuas fue bien diferente. Sus consecuencias sociales, políticas y económicas han encontrado siempre la resistencia popular, muchas veces desconocida fuera de la isla.

Tras recorrer un largo camino el tema llega hoy a una coyuntura definitoria. El ELA fue rechazado por la mayoría absoluta del pueblo puertorriqueño en el plebiscito efectuado allí en noviembre de 2012, que las autoridades estadunidenses ignoran hasta ahora.

En los últimos años la situación se ha complicado, hasta el extremo de que el país no puede pagar sus deudas, la economía continúa decreciendo y urge encontrar una salida a la grave crisis financiera. La asamblea legislativa local aprobó una ley enfilada a buscar una solución, olvidando que ni ella ni ninguna otra institución del ELA posee capacidad soberana.

Quienes verdaderamente mandan allá se lo recordaron. El 6 de julio de 2015 la Corte Federal de Apelaciones del primer circuito, ubicada en Boston, Massachusetts, que es la máxima instancia judicial para Puerto Rico, determinó la inconstitucionalidad de esa ley y la anuló subrayando, argumento irrefutable, que es el Congreso federal estadunidense el que tiene plenas facultades sobre ese país y no la asamblea insular.

Hay que agradecer a los jueces del mentado tribunal haber puesto el dedo en la llaga aunque, en rigor, repitieron lo que ya se sabía y lo han sufrido los boricuas por más de un siglo. Sólo que el recordatorio no llega en un momento cualquiera.

El estatus colonial fue rechazado categóricamente por la población y ahora se comprueba igualmente que el modelo económico ha fracasado, ya no es viable y quienes lo administran no tienen capacidad legal para enfrentar el desastre. La quiebra de su economía es consecuencia directa del sometimiento a Estados Unidos y cualquier medida, en las condiciones actuales, estaría exclusivamente en manos del gobierno federal.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz, se refirió el 15 de julio a los problemas que afectan a Puerto Rico y de los que el gobierno federal evade su responsabilidad y se abstiene de tomar decisión. "Su falta de acción en cuanto a las herramientas que nos prohíbe tener y nos niegan, como es la quiebra, lo demuestran... son una serie de instancias en las que Estados Unidos continuamente nos ha faltado el respeto como nación."

Esa actitud, junto con la negativa de excarcelar a "scar López Rivera, hace afirmar a Carmen Yulin que el estatus de Puerto Rico es insostenible y el país tiene que decir basta ya.

Por mucho tiempo la propaganda estadunidense se empeñó en presentar a Puerto Rico como un modelo para el resto de América Latina, con su economía supuestamente floreciente en un país libre, feliz y pacífico.

Ocultaba el verdadero rostro del ELA: la destrucción de la economía autóctona, el dominio absoluto de las corporaciones yanquis, el desempleo generalizado, la emigración masiva, el grave deterioro del medio ambiente y la persecución al movimiento patriótico, víctima del acoso y el espionaje del FBI y de otras incontables acciones hostiles, incluyendo asesinatos que han conmovido al país pero siguen totalmente impunes.

Hace ya más de 10 años que ese modelo entró en la crisis que ahora alcanza titulares en la gran prensa. Desde entonces, la economía se estanca o retrocede. Luego de saquear sus recursos, no pocos inversionistas se han retirado de la isla; el déficit fiscal no dejó de crecer, y más de la mitad de la población se ha visto forzada a emigrar: quedan en la isla unos 3.7 millones y su diáspora en Estados Unidos se acerca ya a 5 millones, según el censo oficial más reciente.

El pueblo, por su parte, ha librado una lucha admirable. Cuando por todas partes avanzaba la ola neoliberal, en Puerto Rico las masas trabajadoras impedían la privatización de servicios públicos esenciales. Lograron con su lucha sacar al ejército invasor de Vieques y de otras bases militares; fueron sus estudiantes los primeros que tomaron las universidades y las calles exigiendo que la educación no fuera presa del lucro; soportando la represión que nunca ha cesado y enfrentando al imperio más poderoso, dieron su voto, en noviembre de 2012, rechazando de modo aplastante al régimen colonial.

Ahora, mientras los políticos discuten y los grandes emporios mediáticos descubren que Puerto Rico existe, decenas de miles de boricuas más se van, escapan del falaz encanto. No van hacia el paraíso. Los esperan, como siempre, la pobreza y la miseria, pero también la discriminación, el odio racial y el desprecio en los arrabales de New York y Chicago, en las granjas de Florida y en otras partes. Su partida es la prueba irrefutable: la vitrina se cae en pedazos.