El voto contra el plebiscito ratificatorio en caso de tratados de Comercio y Libre inversión, de este 28 de abril en el Pleno de la Convención Constitucional, significa que si el Senado aprobara el TPP11 -último paso para la ratificación del mismo - no se podrá recurrir a esta vía de democracia directa. Presionados por el gobierno del Presidente Boric, los sectores más "oficialistas" del Frente Amplio y otras articulaciones políticas también defensoras del modelo económico y alejados de la lucha social y ambiental, optaron por negar a los pueblos ese mecanismo democrático. Estos convencionales votaron sin ningún reparo junto a la derecha, asegurando más ganancias a las corporaciones transnacionales y nuevos territorios en sacrificio.

 Lucía Sepúlveda Ruiz / resumen.cl

Este tipo de alianza centro – derecha ha bloqueado o puesto en riesgo también importantes iniciativas relacionadas con demandas ambientales y sociales. En el caso del Segundo informe al Pleno de la comisión de Medio Ambiente, el texto fue rechazado en general faltando sólo 5 votos para los dos tercios, también de socialistas. El artículo presentado y trabajado arduamente como indicación por les convencional Loreto Vallejo y Alvin Saldaña (ambos del D15), se lograron 79 votos (mayoría simple) a favor del plebiscito ratificatorio. Hubo 65 votos en contra y 5 abstenciones.

El bloque popular votó unido por #NOalTPP11. Así lo hicieron Pueblo Constituyente, Movimiento Social Constituyente, Chile Digno (excepto Nicolás Núñez del D16); la Coordinadora Popular y Plurinacional, y los Escaños Reservados (salvo Tiare Aguilera e Isabela Mamani). Faltaron 24 votos para los 103 necesarios que representan los dos tercios, el quorum requerido por el nefasto Acuerdo de Paz. Es necesario ahora dejar el registro de cómo votó cada convencional, considerando que la gran mayoría de ellos dijeron en su campaña estar contra el TPP11. Ramona Reyes de D24 no votó.

Los votos faltantes

Además de los 3 casos ya citados anteriormente como excepciones en sus bloques, diez convencionales del Frente Amplio votaron en contra o se abstuvieron: M.José Oyarzún del D7, Tatiana Urrutia, del D8 , Fernando Atria y Giovanna Roa del D10; Constanza Schonhaut del D11, Ignacio Achurra del D14, Damaris Abarca D15, Jaime Bassa y Christian Viera del D17. Jennifer Mella, del D5 se abstuvo, lo que se suma a la votación en contra.

Siete socialistas hicieron lo mismo: Claudio Gómez del D6; Patricio Fernández, D11; Ricardo Montero, D18; Andrés Cruz, D20; Pedro Muñoz, D24, Julio Alvarez, D26 y Tomás Laibe, D27. Cinco de los No Neutrales negaron también la democracia directa: Patricia Politzer, del D10; Tammy Pustilnik, del D20 y Javier Fuschlocher, D21. Guillermo Namor del D4 y Lorena Céspedes, del D23 se abstuvieron.

Finalmente, hubo 4 votos en contra del bloque Apruebo Dignidad. Luis Barceló del D21, Fuad Chahin, D22 y Eduardo Castillo D23. Por otra parte, Renato Garín del D14 (ex Frente Amplio), votó como siempre con la derecha.

La puñalada a esta demanda socioambiental y ciudadana arrebata a los pueblos el derecho a decir la última palabra sobre el TPP11 y cualquier otro Tratado de Libre Comercio, como el TLC con la Unión Europea que Boric se apresta a aprobar bajo incesante lobby de Joseph Borrell, secretario de la Comisión Europea.

La plataforma Chile Mejor sin TLC, que desde 2015 articula organizaciones sociales, ambientales y campesinas, continuará empujando sus demandas, en el nuevo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, donde originalmente se debió discutir este tema. Poner límites a las garantías a los inversionistas es defender los avances que ha logrado hasta ahora la Convención, que se ven en riesgo si se mantienen las garantías a la inversión contenidas en los tratados de libre comercio e inversión. Chile ya enfrenta tres demandas internacionales presentadas durante la pandemia y aludiendo a la causal de «expropiación indirecta», por parte de inversionistas de la UE y Estados Unidos. No es tolerable que la nueva Constitución perpetúe estas vulneraciones a la soberanía del Estado y ponga las arcas fiscales a disposición de árbitros ligados a las corporaciones.