Miles de vecinos de la provincia de Concepción y de Arauco se congregaron este sábado para desmentir la campaña de desinformación lanzada desde el propio Gobierno Central y decir que ha pasado «un año sin recostrucción». La reunión fue en Plaza Perú, que durante el 2010 se convirtió en punto de comienzo para las sucesivas marchas que protagonizaron trabajadores, damnificados y mapuches. Posteriormente, la multitud se dirigió a la Plaza Independencia, otro escenario de innumerables protestas.

La movilización, convocada por la Red Construyamos, fue el inicio de una serie de protestas que conmemorarán el primer aniversario del cataclismo, sin el sello autocomplaciente y antidemocrático del Gobierno y la clase política, que tuvo su expresión a la misma hora de éste sábado, cuando Piñera arribaba a la Peninsula de Tumbes, custiodiado por numerosos cordones policiales.

Resumen conversó con representantes de diversas organizaciones que participaron de este acto.

«Dichato sigue igual, no se ha movido nada», dicen los damnificados que fueron violentamente reprimidos en la visita que Sebastían Piñera hizo al balneario, sobre la cual afirmaron que «estabamos en Estado de Sitio, faltaron los puros submarinos». Efectiamente, los dirigentes han denunciado que junto a Piñera llegaron 200 carabineros, 4 helicópteros, efectivos de la Armada y de la PDI que impidieron a los vecinos entregarles sólo una carta.

Sobre las expropiaciones que sufren los que viven en el borde costero, plantearon que «les van a dar 20 millones de pesos por un terreno que vale 80 o 100 millones de pesos», por lo que lo calificaron como un abuso. Un pescador artesanal dice perdió su bote en el maremoto y que hasta hoy no ha recibido ayuda de los organismos, supuestamente encargados de otorgarla. Consultado por cómo lo hace para vivir, explica que por suerte tiene una pensión de 75 mil pesos.

Miriam Inostroza, representante de los campamentos de 8 Oriente de Chiguayante, en que hoy viven los damnificados de los  pabellones, construidos hace casi 100 años para obreros de la recientemente cerrada textil Tavex, dijo que «se nos prometió que nuestras casas se demolerían antes del 27 de febrero, lo que no ha sido así… Estamos ubicados muy cerca de la municipalidad y no tenemos luz, el agua potable me la vabn a dejar una vez al mes… nos sentimos atropellados, nos han dilatado todo este año».

Leticia de Villa Futuro de Chiguayante denuncia que «nos están expropiando y estamos exigiendo que nos paguen un precio justo por nuestras casas, porque con los 9 millones que nos ofrecen no nos alcanza para comprar otra casa, por eso tenemos compañeros en huelga de hambre, peleando por una causa justa».

Elvira Sanchez, dirigenta de los campamentos de Curanilahue plantea que «ya ha pasado un año y no hemos recibido solución -más todavía- recibimos una noticia de que el 60% de los damnificados, sencillamente no podrá optar a vivienda definitiva… Estamos aquí para decir: Basta de mentiras, solamente prometen, prometen, pero nada…»

Claudia Arriagada, dirigenta de ANDHA Chile a Luchar, afirmó a Resumen que «el Gobierno dice que hay un 50% de reconstrucción, pero nosotros hemos recorrido poblaciones donde hay deudores habitacionales que quedaron sin hogar y les siguen cobrando los dividendos… el gobierno ha sido inoperante en otorgar soluciones a los vecinos».

Roxana Miranda, dirigenta de la Federación Nacional de Pobladores explica que «estamos denunciante a una autoridad indolente e indescente, porque acá se ha puesto una cortina de humo ante una necesidad y se está expropiando a lugares que no se deben, haciendo un negocio redondo. Hemos reconocido que las luchas individuales no sirven y necesitamos unificar nuestras fuerzas y dar un golpe a la autoridad que todo hace a puertas cerradas…»

Tatiana Rodriguez de Camilo Olavarría de Coronel contó que «tenía un departamento, estaba pagado, lo expropiaron y me están pagando $1.800.000. Ahora, tengo otra casa, pero tampoco puedo optar a subsidio porque tengo esa casa».

Hilda Saez vocera de un grupo de 11 familias afectadas, demandaron al Estado y señaló a Resumen que «el Gobierno no nos reconoce como damnificados a quienes tenemos otra propiedad, por lo tal nos deja fuera del subsidio. Queremos que, al menos, nos expropien por el valor fiscal de los departamentos (7 millones de pesos).

Cabe señalar que los departamentos de Camilo Olavarría son de más de 70 metros cuadrados, tres dormitorios, con vista a los dos lados, puertas de rauli, piso de parquet madera, etc. Hilda denuncia que «hemos recibido constantes amenzas de estos agentes territoriales de la Intendenta, no nos amedrentarán, seguiremos lucahando».

Ricardo Toloza del edificio Plaza del Río dijo que «nuestros vecinos continúan pagando dividendo». Para los vecinos más pobres, la Intendenta les ha dicho que pueden acceder a un subsidio de 430 UF, aunque nada está garantizado. «El resto -dice- se las ha tenido que arreglar como ha podido».

Angélica Álvarez de la población Villamar de Talcahuano, afirma que «los vecinos, a un año del 27 de febrero, están en la misma condición. 10 familias que perdieron sus viviendas con el maremoto, hoy están pagando arriendo, mientras el banco ha cobrado su parte».

Por otra parte «los seguros siguen sin pagarse de acuerdo a los daños que se produjeron. A nosotros no nos han ofrecido soluxción, la Intendenta nos ha cerrado las puertas… Exigimos la condonación de la deuda», tomando en cuenta que las casas ya están pagadas y que su estado es inhabitable.

Aldo Beroi, vocero de los vecinos de la población Centinela 2 de los cerros de Talcahuano, narra que a un año del terremoto «casi las 600 familias (sólo quedan 50) han tenido que desalojar los departamentos, porque la Intendenta pidió que, para poder recostruir, teniamos que desalojarlos. Hoy los vecinos están viviendo de allegados, arrendando o en mediaguas, sin que se hayan cumplido las promesas que hizo la Intendenta. Los subsidios que ofrecen para comprar una nueva vivienda son de 8 millones de pesos y con eso no alcanza para nada».

«Exigios proyecto ahbitacional real y con participación de los pobladores, que los subsidios para comprar casas sean de 20 millones de pesos y si nos quieren desalojar, que nos paguen un subsidio de arriendo… sin soución habitacional no nos vamos ir de Centinela».

Pedro Jorquera del sector Higueras de Talcahuano plantea que «nos mueve la solidaridad hacia los sectores del borde costero de Talcahuano que fueron más afectados por el terremoto y también una crítica a la reconstrucción que no ha avanzado lo suficiente»

Inés Oliva, secretaria del Comité de Vecinos de Aurora de Chile que explica que, si bien no son damnificados, pasan por una difícil situación. «Estabamos siendo víctimas de un engaño (orquestado por la propia Intendenta) donde nos querían llevar a vivir a un campamento que, de hecho se construyó. Nos dijeron que había un proyecto habitacional que no existía… la ministra Matte aseguró que no había proyecto. Exigimos que se nos deje vivir en paz». Los vecinos han planteado que la farsa que protagonizó la Intendenta tenía el propósito de despojarlos de sus terreno, hoy altamente avaluados para ororgarselos a empresas que lucrarían con ellos.

David Aedo, de la Federación de Trabajadores Pesqueros afirmó que, la sobreexplotación de los recursos pesqueros en beneficio de los grandes empresarios ha hecho que durante el 2010, el sector haya dejado cesantes unos 3 mil trabajadores. Esto, acentuado con la fusión de las pesqueras. que se preparan para el futuro escenario: la licitación de la pesca, por parte del Estado.

Laura Jerez, coordinadora zonal de la organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, afirmó que «creemos que la recostrucción también pasa por recostruir la dignidad de los que han sido discriminados por todos estos años, como somos nosotros, la población LGBT (lesbianas, geys, bisexuales y transexuales)».

Sandra Micco de Ciudadanos por la Defensa de la Salud Pública afirmó que «somos una región que ha quedado enferma, después de todo esto y (se puede recuperar) sólo con una salud pública firme que trabaje en una reconstrucción participativa». Sin embargo, «cuando se piensa en la recostrucción se favorece a particulares y no hay una política que favorezca la salud pública… por eso estamos aquí».

Simultáneamente, también marcharon militantes de la Concertación y el Partido Comunista, quienes se matuvieron al margen de la movilización. Alex Iturra, presidente provincial de CUT (Central Unitaria de Trabajadores) fue pifiado cuando accedió a hablar por el micrófono a la multitud.   

Aunque con gran presencia policial, la movilización terminó sin detenidos y con la incertidumbre y la indignación de miles, frente a un Gobierno que ni siquiera reconoce la magnitud de los resultados de una política catastrófica.