En la provincia de Catamarca, Argentina, la población resiste desde hace años a la explotación minera liderada por capitales transnacionales. Pese a la criminalización, violencia estatal y la prisión política, los y las habitantes de Andalgalá mantienen firme su oposición y exigen el término de la intervención y amedrentamientos en el lugar.

Por OLCA y RESUMEN

Un conflicto latente viven desde hace años las y los habitantes de Andalgalá, territorio ubicado en la provincia de Catamarca -Argentina-, ante la persistencia del empresariado de instalar faenas mineras para la explotación de, principalmente, oro y cobre.

En contacto con Rosa Farías, integrante de la Asamblea El Algarrobo, señaló que el conflicto inicia entre los año 2009 y 2010, luego que se estableciera el espacio de organización que buscaba frenar la implantación de lo que explica como un «segundo proyecto de megaminería» en el territorio, el cual estaría a 17 km de las viviendas.

Un punto relevante a considerar, plantea Rosa, es que dicho proyecto se instalaría «sobre uno de los ríos que alimenta la cuenca del río Andalgalá, que es del que nosotros tomamos agua», lo cual ha significado una férrea defensa por parte de las comunidades.

Este conflicto ya tuvo un álgido momento durante 2010, cuando un corte que buscaba evitar el transporte de maquinarias al complejo minero fue abruptamente reprimido por la policía, lo cual decantó en una «pueblada» -concepto que hace referencia a un levantamiento de la población- por la violencia estatal ejercida.

Fotografía: Asamblea El Algarrobo

Así, se ha dado paso a más de una década de organización y resistencia con la intención de defender el territorio de la explotación liderada por capitales transnacionales, principalmente canadienses mediante la empresa Yamana Gold.

Sin embargo, ya en diciembre de 2020 se acreditó que el proyecto original -Agua Rica- se integró con la planta de Minera Alumbrera, dando paso al Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), convergiendo con las empresas Glencore International AG y Newmont Corp, constituyéndose la empresa Joint Venture.

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La agudización reciente del conflicto

Fue a inicios de abril que el conflicto existente desde hace años estalló nuevamente. Acorde a lo indicado por Rosa Farías, el 7 de abril de 2021 «se produce el ingreso de unas máquinas perforadoras por otro departamento vecino a espaldas de nuestra población», lo cual era custodiado por agentes de la Gendarmería Nacional.

Esta situación vulneró, indican desde El Algarrobo, los instrumentos legales que existen, como lo es el amparo ambiental ganado por la población en la Corte Suprema de Justicia contra la empresa, además de una ordenanza municipal que contempla la defensa de la cuenca.

El hecho desató protestas en el territorio y la criminalización contra la población, conllevando la prisión política de integrantes de la Asamblea El Algarrobo, quienes el pasado 26 de abril fueron puestos en libertad bajo caución por un monto de $300.000 pesos argentinos sobre cada uno (más de $2 millones de pesos chilenos).

Mediante un comunicado público, la Asamblea emplazó tanto a representantes de la institucionalidad como también al empresariado a que «hagan valer el derecho a la autodeterminación de los pueblos en lugar de gastar tiempo y energía en criminalizar a quienes vivimos en este territorio».

Rosa Farías indica que los más de 10 años de conflicto han conllevado la realización de tareas fructíferas, donde la resistencia ha sido «férrea, constante, produciendo distintas áreas de lo social, ya sea por ejemplo Congresos, movilizaciones, lo legal, tenemos una radio comunitaria que transmite semanalmente», lo cual ha contribuido a la defensa del territorio.

Consultada por acercamientos de la empresa, indica que esta nunca ha considerado las exigencias de las y los habitantes, mientras que la relación con los órganos estatales ha sido «muy corta»; más aún debido a que es la propia institucionalidad la que ha tardado notablemente en entregar información de manera pública.

Respecto a las proyecciones, Rosa enfatiza en que tanto lo legal como lo vecinal continúa para ejercer la defensa irrestricta de Andalgalá, por lo que las manifestaciones continuarán, al igual que como lo han hecho durante estos años.

Fotografía principal: Asamblea El Algarrobo