Las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán este mes de noviembre tienen la particularidad de que son las primeras que se realizan con la fórmula electoral de inscripción automática y voto voluntario. Este hecho genera la incertidumbre de cuánta será la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso eleccionario, lo que puede convertirse en un indicador del interés popular en la cuestión electoral, tal como está hoy concebida, y un indicador de la capacidad de convocatoria de los candidatos y de los partidos políticos y coaliciones que representan. La incertidumbre se genera por el escenario de crisis de representatividad y credibilidad del sistema político y electoral vigente en que se efectuarán estas elecciones. El descrédito que se ha ganado la clase política tiene su origen en la forma excluyente, utilitaria y selectiva en que se concibe la participación política ciudadana que reduce el papel de la población al de simples votantes entre opciones que no representan los intereses populares, que no encarnan las necesidades de la población, que no se originan en las luchas y organizaciones sociales.

Además de las candidaturas presidenciales y parlamentarias, por vez primera se elegirán los consejeros regionales. Esta, hasta ahora, aparentemente irrelevante función administrativa, en las regiones ha sido un nido de alojamiento de operadores políticos, de sirvientes de lobistas, de cuoteos entre las coaliciones dominantes, y de ocupaciones de consuelo para candidatos derrotados. Desde estas consejerías, no obstante, se han tomado decisiones gravitantes para los pueblos y localidades provincianas que han resultado víctimas de la voracidad y depredación empresarial con la anuencia y complicidad de consejeros designados a dedo. No significa que el solo hecho de que ahora vayan a ser electos, se traduzca en un cambio de característica de los eventuales consejeros, pero es un elemento nuevo en esta democracia electoral que no termina de romper las cadenas conque la dejó atada la dictadura.

Sin embargo, la principal característica del próximo proceso eleccionario presidencial y parlamentario, es que se trata del primero que se efectúa luego del inicio de las movilizaciones populares que han sacudido al país desde el año 2011 en adelante. Se supone que los políticos, sus partidos, las coaliciones, o los candidatos en competencia debieran dar respuesta a las demandas y exigencias levantadas por la ciudadanía movilizada, o debieran esbozar sus estrategias de contención y desmovilización frente al escenario de un pueblo que ya se hartó del abuso.

En estos últimos años las movilizaciones sociales se han extendido desde Magallanes hasta Arica, pasando por Aysén, por los territorios mapuche, por Arauco, Coronel, Ventana, Quintero, Freirina, Tocopilla, Calama, y por las manifestaciones urbanas protagonizadas por estudiantes, por trabajadores públicos de diversos servicios, por trabajadores de la salud, además de las luchas específicas llevadas a cabo por sindicatos y organizaciones de trabajadores de empresas privadas y públicas. Todas estas acciones sociales han ido configurando un amplio movimiento social que en lo esencial coincide en exigir una participación democrática real; participación que debe expresarse en un ejercicio más directo en las decisiones que afecten las realidades sociales y geográficas, como también en un beneficio directo de las riquezas que se están produciendo o extrayendo del territorio nacional. En ese contexto es que se ha levantado la exigencia de convocar a una Asamblea Constituyente que defina una nueva constitución política y establezca un nuevo sistema electoral y administrativo.

Los candidatos

La no despreciable suma de nueve son los postulantes al palacio de La Moneda en esta elección. Lo positivo de esta variedad es que ha obligado a los representantes de los bloques dominantes a definir posturas frente a diversos temas que los demás candidatos representan o pretenden representar. Según el orden alfabético de sus apellidos estos candidatos son: Michelle Bachelet Jeria, candidata de la coalición Nueva Mayoría conformada por los partidos de la Concertación más el PC, IC y MAS. El economista, ex militante de la DC, ex PPD y actual Humanista, Marcel Claude Reyes quien postula en representación de la coalición Todos a La Moneda (Partido Humanista e Izquierda Unida). El fundador del PRO Marco Enríquez-Ominami, candidato de la coalición del Partido Progresista y Partido Liberal. El abogado Ricardo Israel Zipper del PRI (Partido Regionalista de los Independientes). Tomás Jocelyn-Holt, ex DC, candidato Independiente. Evelyn Matthei Fornet, de la UDI y coalición Alianza por Chile. La dirigente de Andha Chile y presidenta del Partido Igualdad, Roxana Miranda Meneses del Partido Igualdad. El Ingeniero Comercial, independiente de derecha, Franco Parisi Fernández. El economista Alfredo Sfier Younis, del Partido Ecologista Verde y Partido Ecologista Verde Norte.

Las propuestas

El punto de partida de las grandes movilizaciones fue la cuestión de la educación y por lo mismo es que todos los candidatos presidenciales en competencia alguna ponencia referida a la problemática de la educación han incorporado en sus propuestas programáticas. De los nueve candidatos, siete acogen la demanda de la gratuidad universal en el sistema público de educación; los dos que no están por esta opción son, desde luego, la candidata de la derecha gobernante (Evelyn Matthei) y el independiente Tomás Jocelyn-Holt. Del mismo modo, Claude, Israel, Enríquez-Ominami, Miranda y Bachelet, se refieren directamente a poner término al lucro con recursos públicos en la educación y en todos los niveles.

En cuanto al sistema político, los mismos Claude, Israel, Enríquez-Ominami, Miranda y Bachelet plantean la necesidad de una nueva constitución, pero solo Claude y Miranda señalan que debe ser mediante una asamblea constituyente. Claude, Enríquez-Ominami y Bachelet se refieren a poner término al sistema electoral binominal.

En la cuestión de la salud, la mayoría de los candidatos incluyen propuestas alusivas en sus programas, buscando el fortalecimiento de FONASA, y el mejoramiento de las coberturas de la salud pública.

En cuanto al sistema tributario, Claude, Israel, Enríquez-Ominami, Miranda, Bachelet y Parisi incluyen reformas en sus propuestas con la premisa de recaudar más fondos para financiar gasto social y las otras reformas estructurales, y de terminar o disminuir la evasión. Por su parte Claude agrega la necesidad de modificación de la ley laboral y poner término al código del trabajo.

En la política energética, las propuestas mayoritarias tienden a cerrar la puerta a proyectos como Hidroaysén y priorizar por el impulso de proyectos de energía alternativos, renovables. Como es lógico, Matthei  plantea despejar el camino para la realización de los grandes proyectos energéticos, y Jocelyn-Holt no se pronuncia respecto de estos temas.

La dimensión de las promesas

Lo cierto es que las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales solo son una forma de dar cuenta de su percepción de la realidad nacional y de sus estrategias de absorción del descontento social. No son más que eso porque ese es el estilo de hacer campañas electorales que ha impuesto la clase política. Los programas, salvo alguna excepción, no representan una real intensión de aplicar o hacer efectiva tal o cual medida, sino que solo son una manifestación de que tal o cual problema está integrado (a favor o en contra) en la agenda del candidato o de su colectividad, y con ello se ganan atenciones y votos.

La ciudadanía, por ejemplo, se ha levantado exigiendo poner fin al sistema de las AFP y establecer un nuevo sistema previsional. Algunos candidatos recogen este reclamo y lo transforman en una propuesta acorde a sus intereses y afanes. Parisi e Israel reafirman la existencia del actual sistema aunque formulan la posibilidad de creación de una AFP estatal, y el primero plantea que el cotizante pueda solicitar préstamos desde su propio fondo. Miranda plantea la nacionalización de las actuales AFP. Claude postula el fin del sistema actual y la instauración de un sistema solidario. El resto de los candidatos no se refieren al asunto.

Elegir el camino propio

Lo único que demuestran las propuestas programáticas de la mayoría de los candidatos es que las manifestaciones y movilizaciones de los últimos años han surtido efectos. Las promesas electorales han debido incluir o referirse a los temas que la ciudadanía ha puesto en el tapete mediante su organización y movilización.

También ha estado en el tapete del acontecer social y político de los últimos años cuestiones tan decidoras como la colusión de las farmacias, la colusión de los productores de pollos, la grandes estafas como La Polar, los atropellos de los sistemas financieros, los abusos escandalosos de los sistemas de Isapres, etc. Pero estos problemas se han hecho públicos y notorios por razones propias de la avaricia inescrupulosa de empresarios que se saben y sienten impunes, y no producto de la organización y movilización social. Por lo mismo, no se encuentra en ninguna de las propuestas programáticas de los candidatos planteamientos o políticas tendientes a combatir o terminar con estas prácticas abusivas contra los ciudadanos. Es decir, si los problemas no son evidenciados por la protesta social es como si no existieran o todos se hacen los desentendidos sobre las causales de origen de los escándalos.

Pero igual cosa ocurría hasta hace un tiempo con los abusos y atropellos que se producían sin limitante alguna en la educación, en la salud, en el sistema previsional, etc. Son las protestas sociales en esos campos los que llevan a que, al menos, esos temas estén presentes en las actuales contiendas electorales. Lo mismo ocurre con cuestiones de índole más global. Es la constatación de la necesidad de planes públicos para resolver los problemas de la población lo que lleva a la ciudadanía a tomar conciencia de la necesidad de una reforma tributaria que apunte a corregir las insalvables injusticias e incoherencias del actual sistema tributario; es la constatación de este problema lo que lleva a tomar conciencia de la pérdida de recursos de todos los chilenos como lo son las riquezas mineras y la necesidad de plantearse la renacionalización del cobre y de los recursos naturales. En ese proceso se encuentra también la cuestión de la propiedad de las aguas territoriales, vinculadas directamente al abuso de las grandes empresas generadoras de energía, y de los mares, vinculadas directamente al abuso de las grandes empresas pesqueras que se han apoderado de los recursos marinos.

Son las protestas y movilizaciones de los pobladores de Freirina, Coronel, Laraquete, Quintero, Ventanas, Tocopilla, lo que lleva a tomar conciencia ciudadana de los problemas medio ambientales generados por la acción inescrupulosa de las grandes empresas generadoras de energía sucia y contaminante, en algunos casos, o creadoras de productos con mecanismos sucios y contaminantes. En ambos casos recurriendo a prácticas que no observan ningún respeto por la población de los entornos, por el medio ambiente, la naturaleza, el clima, en otras palabras, ningún respeto por la vida, el planeta y los seres humanos. Sin embargo, la movilización social ha puesto también en evidencia las prácticas abusivas y depredadoras de empresarios inescrupulosos y bárbaros.

La participación electoral es solo un instrumento más de manifestación ciudadana que es legítimo y valedero que la población lo exprese si así lo decide, pero no es el más importante en el actual sistema político. La práctica de lucha social ha demostrado que el principal camino a elegir es el de la organización y la movilización para construir un futuro mejor, para tener una sociedad más democrática y realmente participativa, para lograr vivir en un país más justo.