Querella contra Carabineros por disparo de lacrimógena al ojo de un niño en Talcahuano se estanca en Fiscalía y familia prepara demanda civil contra el Estado

Tras la querella presentada el 17 de diciembre de 2019 por el cuerpo de abogada/os del comité 19 de octubre en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, la familia del niño prepara una demanda civil contra el Estado debido a la falta de registros audiovisuales y a la nula cooperación de personal de Carabineros en el caso.

Por Kathia Cancino Rojas

J.H. tenía 16 años cuando el 16 de noviembre del 2019, en el marco del Estallido Social, un piquete de Fuerzas Especiales de Carabineros se aposta entre Puente Perales y Avenida Colón para reprimir una manifestación de estudiantes y docentes en la comuna de Talcahuano. Según relatos de su madre, Mónica Jara, tres de los 10 uniformados realizan disparos de lacrimógena dejando como resultado una lesión irreversible en el ojo derecho del niño.

"Mi hijo tiene una pérdida visual del 90% del ojo derecho y es un daño irreversible, porque la cicatriz del trauma está en la retina y el especialista que lo atiende explicó que ni siquiera un trasplante podría salvar su vista", comenta. Sin embargo, las lesiones también incluyen un glaucoma ocular y una válvula que le permite vaciar, cada cierto tiempo, la presión alojada en el ojo; ello sin mencionar el tratamiento psicológico al cual se debió someter el niño durante los meses posteriores al accidente.

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Respecto a la querella presentada el 17 de diciembre por el comité de abogadas y abogados, actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público, aunque Jara explica que las posibilidades de hallar a los culpables son prácticamente mínimas debido a que no existen registros audiovisuales del caso. En sus palabras "es muy difícil determinar a la persona que disparó la bomba, porque no hay registros de cámaras como en el caso Gatica, además la cooperación de Carabineros ha sido nula y nadie [de la institución] se ha acercado ni pronunciado al respecto".

Es por ello que el siguiente paso consiste en una demanda civil en contra del Estado, pues el estancamiento momentáneo de la investigación por falta de pruebas, no es una respuesta alentadora que ayude a la reparación y la justicia buscada por la familia del niño.

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