El presidente Boric aplicó un indulto presidencial a presos políticos. Entre los indultados se encuentra Jordano Santander, víctima de tortura en un cuartel de la PDI y Felipe Santana, quien presenta un «retraso cognitivo» ¿Quiénes son todos los manifestantes que se encontraban en prisión política?

Por Alejandro Baeza

A través de un comunicado pública, la presidencia informó la decisión de aplicar un indulto a 10 manifestantes que participaron de las protestas del Estallido Social y un exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Consultado por RESUMEN, Osvaldo Durán vocero de la «Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta», señaló que «Estamos muy contentos, llevamos trabajando mucho tiempo este tema y vemos que está dando frutos. Lamentablemente no ha sido extensivo para todas las personas, por lo que seguiremos trabajando. La lucha no se ha terminado».

Además, expresó su agradecimiento a todas las personas que han sido parte de este camino «Agradecemos a todas las personas, a CODEPU, a Jorge Palma, abogado independiente que nos acompañó a las reuniones al Ministerio de Justicia, así como a todas las personas que nunca dejaron de creer que la única opción para liberar a los presos políticos es a través de la vía política. O son proyectos de ley o son trámites como los que logramos hoy.»

Pero ¿Quiénes son estos presos políticos?

Jordano Santander, 38 años

Jordano es uno de los casos más emblemáticos. Detenido el 2 de marzo de 2020 en una de las últimas protestas previo al inicio de la pandemia de Covid-19 en Chile, siendo condenado por el delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones a cumplir 7 años y 4 meses de prisión efectiva en San Antonio, en un proceso judicial altamente cuestionado, acusado de amenazar a un detective en medio de la sesión de tortura de la que era víctima en el denominado «Caso PDI» de San Antonio.

Se encontraba en prisión al interior del CCP San Antonio, donde fue víctima de múltiples episodios de hostigamiento. El pasado lunes 28 de noviembre fue allanado perdiendo gran parte de sus pertenencias. Tania Parada, pareja de Santander, indicó que han existido recurrente allanamientos que provendrían de una política impulsada por el Gobierno, lo cual ha provocado la pérdida del contenido de las encomiendas que se ha enviado al preso político.

Felipe Santana, 22 años

Detenido en Puerto Montt, fue acusado de extraer bancas de la Catedral para quemarlas. En 2020, la defensa de Felipe Santana presentó un recurso de nulidad con la finalidad de anular el juicio o realizar otro. El documento incluyó que solo dos de los testigos »habrían identificado al encartado en las acciones incendiarias (...) y que ninguno de ellos fue presencial». Por lo tanto, se habrían limitado a hacer »estudios comparativos de imágenes y videos».

Sin embargo, en febrero de 2021 la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de nulidad y ratificó la condena a Felipe Santana. Fernando Leal, abogado de Felipe Santana, afirmó que «se le negó su derecho a defensa y debido proceso, toda vez que no hay prueba alguna que lo vincule con la hoguera». «Lo único que existe es una fotografía donde aparece tomando una malla que, posteriormente, aparece en dicha hoguera. Pero ningún juez ha sido capaz de acreditar que realizó el incendio», añadió. Asimismo, apuntó que el condenado tiene un «retraso cognitivo» que el tribunal no tomó en consideración en la resolución.

Cristián Cayupán Queupil, 30 años

Fue detenido en una balacera cruzada que empezó la PDI contra manifestantes, donde terminó por impactar a una funcionaria que recibió además recibió un disparo de bala de su propio compañero, que también impactó a Cayupán, que lo dejó sin un riñón, parte del bazo e hígado.

El 21 de octubre del 2019, recién operado, con drenaje y hospitalizado, fue formalizado y trasladado al ASA de la cárcel concesionada Santiago 1.

Tras más de un año en prisión preventiva, en 2020 fue condenado a 15 años de cárcel, por un supuesto «Homicidio Frustrado» en un juicio sin pruebas más que las declaraciones de testigos, todos PDI.

Juan Bastián Olguín, 31 años

Bastián Olguín, es un manifestante del Estallido Social de Curicó. Solicitó indulto presidencial el pasado 18 de abril. Pasó más de un año en prisión preventiva y 20 meses en arresto domiciliario, pese a que su condena fue rebajada por falta de pruebas. Tuvo que rehacer su vida y trabajo, restableciendo el contacto con su hija y familiares por lo que se niega a la sentencia dictaminada desde Fiscalía.

Francisco Hernández Riquelme, 23 años

El joven fue detenido el 10 de diciembre del 2019 en las cercanías de Plaza de la Dignidad. Fue acusado por Fuerzas Especiales de Carabineros de lanzar molotov contra uniformados, quedando recluido en el penal de Santiago 1 y condenado a cinco años y un día de cárcel. Su familia siempre alegó inocencia, acusando que se presentaron pruebas vagas y débiles en su contra.

«Johanna Hernández, prima y vocera de la familia, siempre aseguró a la prensa que no fue posible encontrar restos de hidrocarburos en las ropas de Francisco Hernández y, además, que los testigos en su contra eran funcionarios de Carabineros. Pese a eso, recibió la condena» consigna El Desconcierto

Bastián Campos Gaete, 22 años

Detenido en Antofagasta acusado de sustraer tres botellas de pisco desde un supermercado y porte de molotovs, esto último negado tanto por él como por su familia. Por ello fue condenado a la pena efectiva de 3 años y un día y 61 días de presidio.

Luis Castillo Opazo, 37 años

Fue detenido el 12 de noviembre de 2019, mientras se desarrollaba una marcha por calle Los Carrera de Copiapó, a acusado de desordenes y un supuesto robo en lugar no habitado. El 25 de mayo de 2021, Castillo inició una huelga de hambre líquida en el Complejo Penitenciario de La Serena exigiendo un juicio justo.

Sebastián Montenegro Coo, 25 años

En prisión preventiva desde 2020, la única prueba en su contra corresponde a los testimonios de Carabineros que afirman que tenía las municiones dentro de su mochila. Un amigo que lo acompañaba al momento de su detención, siempre ha señalado que Sebastián jamás tuvo municiones en su mochila y que solo tenía "un gorro Nike negro, una bolsa de papas y un par de chelas", reiterando que se trata de un montaje de Carabineros.

La Coordinadora anticarcelaria Pampa Libre emitió un comunicado denunciando también un montaje de Carabineros.

"Pedimos difusión y solidaridad activa por Sebastián Montenegro, detenido el día 3 de marzo alrededor de las 12:30 am luego de participar de la marcha. Al otro día fue llevado a fiscalía para su audiencia, donde se manifestó que el acusado contaba con municiones de guerra, por lo que se le dio una sentencia de 50 días de prisión preventiva", relataron.

"Su familia y amigos alegan inocencia, relatando el contenido de la mochila y acusando que las municiones fueron colocadas por agentes del estado. Nosotros como coordinadora anticarcelaria Pampa Libre iniciamos la solidaridad activa y efectiva con el compañero Sebastián, dejando en claro que no dudamos de su inocencia y acusamos al estado experto en montajes de querer acusar falsamente a un compañero", según publicó El Regionalista.

Claudio Romero Domínguez, 21 años

Condenado a 5 años y un día de presidio efectivo por supuesto lanzamiento de molotov y 61 días de presidio por «asociación ilícita» por participar de las masivas y legítimas protestas populares del Estallido Social.

Brandon Rojas Cornejo, 22 años

Joven que tenía 19 años cuando se unió a las masivas protestas sociales. Fue condenado a 5 años y un día de presidio por supuestamente lanzar molotov, desórdenes públicos y una ridícula «asociación ilícita».

Alejandro Carvajal, 22 años

Fue acusado por el incendio a la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en la sede ubicada en Vicuña Mackenna, Providencia, episodio que siempre generó dudas respecto a su origen y las evidencias esgrimidas por Carabineros, que son contradictorias con los registros del lugar. Había sido condenado a 5 años.

Matías Elías Rojas, 21 años

Fue involucrado en el caso del incendio al Hotel Principado de Asturias. Había sido condenado a cinco años de presidio por lanzamiento de artefacto incendiario

Jorge Mauricio Mateluna Rojas, 48 años

Combatiente de la resistencia a la dictadura en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es el único indultado que no tiene relación con el Estallido Social. Estaba condenado a 16 años de cárcel por asalto a una sucursal de un banco en 2013, hecho que tanto él como su familia siempre negó. Su caso siempre estuvo marcado por una serie de errores en la investigación en su contra, que hicieron al menos sospechar que se trataba de una persecución política.

La noticia de los indultos ha provocado el rechazo de la derecha política que quiere ensañarse con los manifestantes para usarlos de escarmiento hacia el resto de la población para que no vuelvan a ocurrir sublevaciones sociales y protestas de las magnitudes del Estallido Social, que en cada declaración que emiten pareciera les provoca pesadillas hasta el día de hoy.