Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo el foro informativo "Condena política: Las irregularidades de caso Luchsinger Mackay" en el Auditorio de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción, actualmente movilizada y en toma. En la actividad, organizada por familiares de Luis y José Tralcal, dos de los tres condenados en mayo pasado, se abordó la constante violencia ejercida por el estado de Chile contra comunidades mapuche y de la aplicación de la ley Antiterrorista contra sus representantes.

José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, fueron condenados el pasado 5 de mayo por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, como autores de incendio terrorista con resultado de muerte. El Ministerio Público pidió presidio perpetuo para los acusados, es decir, 40 años de prisión sin beneficio alguno. La prueba en la que se sostiene la condena es la declaración de José Peralino Huinca, también condenado en este juicio y que luego declaró que su confesión había sido obtenida mediante apremios ilegítimos por parte de funcionarios de la PDI. Peralino, considerado como delator compensado, arriesga 10 años de presidio.

Durante la jornada estuvieron presentes familiares de la familia Tralcal, pertenecientes al Lof Yeupeko. Lissette Melillan, pareja de Luis Tralcal Quidel, comentó el injusto y abusivo uso de la ley Antiterrorista contra las comunidades mapuche. "Esta ley se ha usado siempre en contra del movimiento mapuche, para criminalizarlo y detener su lucha. Cuando tenemos a lamienes procesados por esta ley, lo único que obtenemos son procesos irregulares. Hay secretos de investigación, testigos protegidos, prisiones preventivas que pueden durar hasta dos años".

Lissette también se refirió a la importancia que tiene, para el pueblo mapuche, la organización familiar. "En el mundo mapuche las y mujeres y hombres tenemos funciones distintas, de esa forma hacemos que la familia funciones, por ende esta ley coarta la organización que cada comunidad pretenda llevar adelante. Este es un amedrentamiento, una forma de decirle a la gente que no comience procesos de reivindicación territorial, porque puede haber cárcel".

Otro gran cuestionamiento que se le ha hecho al veredicto condenatorio del caso Luchsinger Mackay, es la declaración de José Peralino Huinca, en la que se habría dado los nombres de las personas hoy condenadas y perseguidas desde el 3 de enero de 2013 por la fiscalía. En 2013, Peralino fue interrogado por tres funcionarios de la PDI y posterior a ello, el 25 de octubre de 2015, sostuvo una reunión a puertas cerradas con los fiscales Luis Arroyo y Alberto Chiffelle. En ambas reuniones, absolutamente fuera de lo legal- sin abogado, sin cámaras, etc.- José expresó haber sido amedrentado, sobornado y violentado, situación que ratificó ante el tribunal en 2016.

Sobre esta grave situación, Juan Carlos Tralcal, hijo de José Tralcal, comenta que esta situación es completamente irregular "El relato que entrega José Peralino está claro que fue obtenido bajo tortura. La fiscalía se ha basado únicamente en estas declaraciones, pero igualmente absuelve a 8 de las 11 personas supuestamente involucradas. No puede una declaración ser verdad para unas personas y mentira para otras, es totalmente absurdo".

Tralcal agregó que "fiscalía también insiste, en la prueba que tienen de la supuesta reunión en la casa de la machi Francisca Linconao, a través de una geolocalización. Nosotros llevamos perito experto a los tribunales y logramos desmentir científicamente la acusación, porque la señal cubre una amplia zona, donde viven todas las personas acusadas, pero eso no quiere decir que hayan estado en la casa de la machi planificando un ataque".

La lectura de sentencia se realizará el próximo 11 de junio. Por lo pronto, comunidades mapuche y familiares de José y Luis Tralcal esperarán y analizarán las acciones a seguir. Lissette Melillan comentó que "lo último que nos queda pelear en términos judiciales es la apelación que se resuelva en la Corte Suprema en Santiago, pero sabemos que hay pelear esta anulación en el ámbito jurídico y político, por eso vinimos hoy a Concepción".

No es menor la referencia a lo político. Durante la semana se conoció que la jueza Ximena Saldivia, quien no participó del juicio debido a que presentó una licencia médica, acusó directamente al magistrado Germán Varas por acoso laboral y presiones indebidas.  Varas, quien presidió la mesa del segundo juicio, reprendió en ocasiones a Saldivia, quien en varias oportunidades manifestó una postura disidente a los veredictos condenatorios. Antes y durante el juicio además, se cuestionó el compromiso de Varas con el gobierno debido a que el juez está postulando a una notaría en la ciudad de Angol.

Por las presiones indebidas, la magistrada recurrió al Observatorio Ciudadano al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García- Sayán, para denunciar el hecho. Estos antecedentes podrían ser tomados en cuenta por la Corte Suprema y bien podría, nuevamente, ser anulado el juicio.

Juan Carlos Tralcal enfatizó, finalmente, que "si se condena a estas personas, bajo estas pruebas, cualquier movimiento social que se quiera manifestar a futuro, se arriesga a ser perseguido y encarcelado bajo la ley Antiterrorista. Por eso hacemos el llamado a estar atentos para este 11 de junio, donde los peñis arriesgan 40 años de cárcel".