[resumen.cl] El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, se comprometió con la vocera de familiares de los 12 manifestantes del Estallido Social querellados por la casa de estudios en el denominado «Caso UdeC», Elena Orellana, a llamarles para retomar las conversaciones, las que se vieron frustradas ante la presión de gremios y de medios de comunicación locales.

El importante hecho se dio por casualidad cuando Elena Orellana, vocera de las y los familiares de los manifestantes perseguidos políticos, se encontraba en una actividad en el Foro de la Universidad de Concepción y reconoció al rector de la casa de estudios, por lo que fue a encararlo para pedirle por fin poder dialogar luego de más de un año, momento que fue registrado por un periodista de RESUMEN.

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En el diálogo, Saavedra solicitó el teléfono de Orellana y se comprometió a llamarla para coordinar una reunión durante los próximos días.

Ésta es la primera instancia de encuentro entre un representante de los 12 manifestantes con la autoridad universitaria desde septiembre del año pasado, cuando fue presentada la querella.

La insistencia del directorio de la universidad en mantener la querella por simples daños materiales, hizo que perdieran la histórica oportunidad de recibir la primera sesión de la Convención Constitucional fuera de Santiago y pasar a la historia, pues uno de los primeros hitos del organismo constituyente fue precisamente abogar por la libertad de todos y todas las y los presos políticos del Estallido Social, pues fueron esas manifestaciones -en todas sus formas- las que abrieron este proceso.

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Cabe señalar que además de la Universidad de Concepción, es parte querellante el Gobierno a través de la delegación regional presidencial, que presentó su querella tres días fuera del plazo legal, pero fue admitida de todas formas por el Juzgado de Garantía de Concepción, dando más argumentos a la tesis en cuanto a que se trata de una persecución política.

El «Caso UdeC»

Son 12 los jóvenes manifestantes los que se encuentran procesados desde septiembre de 2020 por daños generados al interior de la Universidad de Concepción en el contexto las protestas durante el Estallido Social entre los meses de febrero y marzo de 2020.

Una querella presentada por la casa de estudios penquista y la Intendencia Regional -actual Delegación Presidencial- facilitó que algunos de los jóvenes pasar meses por prisión preventiva, medida cautelar que fue modificada en diciembre del mismo año y que actualmente los mantiene con arresto domiciliario mientras el proceso sigue su curso.

Los detalles de la investigación apuntan a una coordinación entre la Universidad de Concepción, funcionarios de Tribunales de Justicia y la Policía de Investigaciones para levantar antecedentes que permitieron procesar a los manifestantes.