A pocos más de tres meses del plebiscito en que los pueblos de Chile deberán decidir la aprobación de la propuesta de nueva Constitución, la última medida que está tratando de imponer la clase política -en un gesto absolutamente antidemocrático- es la idea que debe ser este Congreso el que reforme la carta magna apenas sea aprobada y así tratar reducir al máximo la capacidad de cambios reales en el nuevo ordenamiento político del país.

Por Alejandro Baeza

La batalla de la clase política tradicional chilena representante del statu quo está en este momento concentrando su energía en la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, instancia que está trabajando el articulado necesario para la implementación de la nueva Constitución en caso de ser aprobada el 4 de septiembre.

Si bien en el llamado «Acuerdo por la paz» del 15 de noviembre de 2019 la clase política cedió como nunca lo había hecho en su historia para dar un espacio institucional al proceso constituyente que ya habían comenzado los pueblos de Chile, la derecha puso como condición que los artículos fueran aprobados por dos tercios del pleno, creyendo que conseguirían los 52 convencionales necesarios para bloquear las transformaciones reales.

Como esto no ocurrió, el principal muro que puso la elite nacional para frenar los cambios reales fue el Partido Socialista, la ex Concertación y en buena medida sectores del Frente Amplio. No obstante, los cambios conseguidos para un nuevo pacto social son suficientes para que los grandes poderes económicos estén haciendo hasta lo imposible para que estos no sean aplicados, no solamente mediante una agresiva campaña contra la Convención y a favor del Rechazo en sus medios de comunicación y empresas encuestadoras, sino también ejercieron su influencia al interior del organismo durante todo el debate, incluso hasta el día de hoy ya entregado ya el primer borrador de propuesta de nueva Constitución.

Si bien ya hubo fracasados intentos como «Amarillos por Chile» o «tercera vía» y demases para hacer instalar críticas de personas no asociadas con la clásica derecha, no prendieron y no lograron transformarse en actores de interés.

Sin embargo, estos sectores identificaron hábilmente que su batalla la pueden dar ahora en la Comisión de Normas Transitorias, donde intentan de cualquier forma hacer creer -principalmente a través de figuras de la ex Concertación- que sería prudente que el actual Congreso sea el que aplique las reformas al texto plebiscitado para limitar algunos de sus puntos que para ellos les parecen «conflictivos», una idea absolutamente antidemocrática ¿Por qué? Porque la nueva Constitución define una nueva institucionalidad, no sólo por la eliminación del Senado, la paridad y escaños reservados (que sería lo básico para tener legitimidad para reformar), sino porque aplica una serie de cambios y en algunos casos reformulación completa de la forma de administrar el Estado.

El actual Poder Legislativo es incumbente ¿Cómo pueden los senadores decidir si su lucrativo puesto asegurado por 8 años seguirá existiendo y qué pasará con sus cargos en la Cámara de las Regiones? He ahí el claro matiz antidemocrático de este propuesta.

Es necesario, antes que plantear realizar cualquier tipo de reforma, primero realizar elecciones bajo el nuevo sistema. El poder constituyente en sí mismo está por sobre cualquier institución del poder de la Constitución de Pinochet en retirada. Sería no sólo un atentado contra la democracia sino contra toda lógica que el actual Congreso pudiese tener algún tipo de influencia.

Tampoco las y los actuales legisladores pueden pasar automáticamente a formar parte de la próxima institucionalidad, pues nuevas atribuciones constitucionales obligan a que se reformulen los cargos en sí mismos: el nuevo Congreso de las Diputadas y Diputados no será lo mismo que la actual cámara baja, va a tener nuevos roles y atribuciones, por lo tanto la gente que postule a esos puestos debe ser en base a las propuestas al electorado que tendrá en esta nueva entidad.

Es del todo grave la maniobra actualmente en juego. Si logra instalarse, la verdad es que votar Apruebo valdrá poco, alimentando de forma importante la rabia y malestar social que no ha desaparecido luego del Estallido. Los pueblos de Chile deben hacer valer de cualquier forma sus derechos, no podemos permitir que nuevamente la elite pase por encima de nuestra soberanía y aplaste nuestras decisiones cuando éstas no les agradan. A estar atentos y atentas.