Anuncios o embrollos

La primera cuenta que la presidente Bachelet realizó ante el Congreso el pasado 21 de mayo, arroja algunas certezas pero deja en el aire una mayor cantidad de incertidumbre. Lo cierto es que este mensaje presidencial ha sido una clara constatación de que los cambios que el país reclama solo son posibles gracias a la movilización ciudadana.

En efecto, las tímidas y parciales reformas que anunció Bachelet, aún con lo limitadas que son, no habría sido posible que la clase política las asumiera como necesidad si la población, la ciudadanía, la sociedad toda, no las hubiera reclamado y exigido mediante la movilización activa durante los últimos años. Es la movilización la que provoca el impulso de reformas por parte del gobierno de la Nueva Mayoría. No son las reformas que el pueblo movilizado exigía y reclamaba, no tienen la profundidad y el alcance que debieran, pero también es cierto que no podía esperarse otra cosa de la actual clase política. Las inevitables expectativas que se podían haber creado de estar asistiendo a un proceso verdaderamente transformador impulsado por este nuevo gobierno, poco a poco se han ido esfumando. Todos los ejes sustanciales de reformas estructurales se han ido relativizando en las propuestas del ejecutivo, o en la intencionalidad política del gobierno. La verdad es que, de nuevo, dependerá de la movilización social que el contenido de las reformas no se transforme en un gran embrollo de las esperanzas populares y ciudadanas.

El llamado a una Asamblea Constituyente para la definición de una Nueva Constitución política va quedando en el olvido de la voluntad gubernamental. Cualquier intento serio por construir un país decente, por darle sentido a todas las reformas que la ciudadanía reclama, exige terminar de una buena vez con la constitución de la dictadura. Esta es una condición indispensable para generar el piso de garantías, de derechos, de democracia, de participación, de libertad, de justicia, para hacer posibles y sustentables los cambios que el país necesita. Pero la mandataria solo ha hablado de reformas constitucionales que eventualmente serán abordadas el año próximo.

La reforma educacional, la exigencia ciudadana emblemática de las movilizaciones sociales de los últimos años, se ha ido convirtiendo en una serie de proyectos de ley parciales que no abordan el asunto de fondo como un todo y cuya tramitación conlleva los flecos suficientes para desvirtuar el sentido inicial de la reforma. No se ha tomado en cuenta la participación ciudadana en la definición del contenido de estas reformas; el asunto se sigue manejando como un negocio que hay que preservar o desmontar en un proceso de larga dilación.

La reforma tributaria, si bien contiene elementos que permiten calificarla de reforma, no pasa de ser una reforma timorata y limitada pues no aborda cuestiones de fondo que garanticen el propósito final de la misma. Se espera que la reforma tributaria genere fondos suficientes para, precisamente, asumir el financiamiento de las otras reformas que reclama la sociedad. Pero para eso no basta con elevar el impuesto de primera categoría y poner término al FUT. Una reforma tributaria que no quiera siquiera limitar (para que decir terminar) con el robo descarado de nuestras riquezas mineras no puede ser considerada como una reforma en serio; en este caso, no se afecta el royalty ni se ha tocado los intereses de las grandes corporaciones mineras.

Las reformas a medias son la tónica gobernante. El proyecto de reforma electoral se preocupa más de los intereses de la clase política que de las aspiraciones democráticas ciudadanas. La reforma previsional, que desde el punto de vista de los intereses de la población tiene como punto de partida y condición básica el poner término al sistema de AFPs, se ha quedado en el anuncio de una comisión de expertos que estudiará la reforma y de la creación de una AFP estatal. Es decir, no pretende reformar nada. La reforma laboral ya no se sabe en qué cajón quedó olvidada. La reforma energética está dando palos de ciego, porque parte del supuesto falso de la existencia de una crisis energética, que no es tal, pero que es la condición básica para seguir lucrando con el negocio de la energía. La reforma al sistema de salud no existe como necesidad en la lógica del gobierno.

Junto con los anuncios de reformas a medias, comisiones expertas, y promesas cumplidas y por cumplir, efectuados por la mandataria en el Congreso, la suerte de tregua que habían establecido los movimientos sociales llega a su término. Parece evidente que deberán seguir movilizándose para lograr cambios verdaderos.

Contraportada, Fundación Sol. El lucro con los derechos sociales y las propuestas del mundo social.