Blanco de una de las movilizaciones sociales más importantes desarrolladas en América Latina en los últimos años, el sistema educativo chileno vive de escándalo en escándalo. El más reciente derivó en una mini crisis política.

Gutenberg Martínez es el máximo operador político de la Democracia Cristiana (DC) de Chile, el partido mayoritario de la coalición que gobernó el país hasta 2010. Ex diputado, nunca ha ocupado un cargo de gobierno y sin embargo es el hacedor de reyes de su colectividad; su esposa, Soledad Alvear, fue la carta que la DC puso sobre la mesa en 2005 para intentar frustrar la candidatura presidencial de Michelle Bachelet y evitarse la humillación de ver a otro socialista sucediendo a Ricardo Lagos en el palacio de La Moneda. A su vez, Alvear fue canciller del gobierno de Lagos y tuvo un papel principal en el apresurado apoyo que Chile dio al golpe de 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez, mientras la mayoría de los países latinoamericanos mantenía distancia ante los golpistas. Por esas coincidencias de la vida, Gutenberg Martínez era entonces el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, dominada por partidos conservadores y de sesgo anticomunista, y tenía muy buenos vínculos con el partido Social Cristiano de Venezuela, cuyas corrupción e ineficiencia en el gobierno abrieron el camino para el advenimiento de Chávez. Desde esa época, la DC chilena ha criticado sin tregua al chavismo, logrando incluso declaraciones del parlamento de Chile que son rayanas en la intervención en los asuntos internos de Venezuela. En su otra vida, Gutenberg Martínez es el fundador, rector e integrante del directorio de la Universidad Miguel de Cervantes, una de las decenas de universidades privadas que se crearon, y se siguen creando, bajo las leyes impuestas por la dictadura para desarticular el sistema universitario estatal chileno. Uno de sus socios en ese proyecto fue Ángel Maulén, también figura de la DC y subsecretario de Economía entre 1995 y 1996, durante el gobierno de Eduardo Frei. Maulén, que en 2006 se lanzó por cuenta propia para crear la Universidad Pedro de Valdivia, está actualmente procesado por cinco delitos de cohecho y lavado de activos, en un escándalo que abarca esa y otras universidades, además de la Comisión Nacional de Acreditación, el órgano encargado de certificar la viabilidad de las instituciones de educación superior.

Alicia Romo es, desde hace 31 años, la rectora de la Universidad Gabriela Mistral (UGM), donde no están permitidas las organizaciones estudiantiles y a un estudiante brillante se le negó la asistencia a la ceremonia de graduación porque usaba su pelo en «colita». La señora Romo, abogada, estuvo entre los redactores de la Constitución de la dictadura, promulgada en 1980 y hasta ahora vigente. Un año más tarde, fue la pionera en aprovechar el nuevo sistema universitario creado por los socios civiles de Pinochet y estableció, con su familia, la que hoy se precia en su material publicitario de ser la primera universidad privada acreditada. La UGM está en el centro de una red de empresas de propiedad de la rectora y sus parientes, que prestan servicios o arriendan inmuebles a la misma universidad; en 2011, solamente dos de esas sociedades eran dueñas de más de una docena de edificios donde funcionan facultades y oficinas, con un valor fiscal cercano a los 900.000 dólares.

La Universidad del Desarrollo fue creada por el ex candidato presidencial de la derecha en 2005, ex ministro de Educación y actual ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavín, junto a empresarios cercanos al presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Economía de Pinochet y también candidato presidencial Hernán Büchi, y varios profesionales que integran o han integrado el gobierno de Piñera. Cuando no tenía más que 26 años, Lavín fue decano de la facultad de Economía de la Universidad de Concepción, intervenida con toda la fuerza de la dictadura por haber sido el lugar de origen de grupos simbólicos de la izquierda, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria; por ese pasado y por sus vínculos con la Universidad del Desarrollo debió dejar el ministerio de Educación en 2011, al calor de las protestas estudiantiles.

Es muy larga la lista de personeros del gobierno, antiguos funcionarios de la dictadura, políticos oficialistas y de la oposición que aparecen entre los propietarios de las universidades y colegios privados que brotaron como hongos a consecuencia de la «reforma educacional» de 1980-1981, la cual, en consonancia con la política económica impuesta por el régimen autoritario, convirtió a la educación en un negocio más. Aparte del dinero recaudado por las matrículas, que en el caso universitario (según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) han convertido a Chile en el país donde las familias pagan más en el mundo por educar a sus hijos, el atractivo del negocio está en los dineros entregados por el Estado. En los colegios, los dueños reciben una suma mensual por cada alumno que aparece como presente regularmente en los registros de asistencia; en las universidades, se les paga una cantidad anual (Aporte Fiscal Indirecto, AFI) según el número de alumnos de alto puntaje en la prueba nacional de ingreso que hayan conseguido atraer, y también reciben fondos a través de un engorroso sistema de becas y créditos a los estudiantes, que estuvo en el centro de los reclamos y protestas que comenzaron el año pasado.

Legalmente, los propietarios no pueden retirar ganancias de los establecimientos educacionales, pero la ley guarda silencio o es vaga en cuanto a que ellos participen en empresas que trabajan con las mismas instituciones. La forma más común de obtener los beneficios del negocio es poseer una inmobiliaria, que aparece como propietaria de las instalaciones y recibe cuantiosas sumas por alquileres. Por otra parte, los trabajos de asesoría, reales o inventados, para distintas dependencias de la universidad, servicios del gobierno y empresas, hechos por otras compañías de pantalla, permiten mantener las apariencias de que no se está practicando el lucro. El tema de las asesorías aparece en los escándalos que estallaron recientemente, escándalos que han sido los primeros en llegar con fuerza a la justicia en las más de tres décadas de vigencia del negocio de la educación en Chile, tal vez porque los intereses comprometidos en éste trascienden las barreras políticas. Así, por ejemplo, en 2005 Gutenberg Martínez había sido cuestionado porque la Sociedad Defensa Jurídica, de propiedad de la Universidad Miguel de Cervantes, obtuvo alrededor del 40 por ciento de los causas, en una licitación de la Defensoría Pública en la Región Metropolitana. Gobernaba en esa época la Concertación de Partidos por la Democracia, en la que Martínez era y es un hombre influyente; el subsecretario de Justicia era Jaime Arellano, antiguo director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, y la Defensoría Pública estaba a cargo del socialista Rodrigo Quintana, cercano a Soledad Alvear, esposa de Martínez, senadora por la Democracia Cristiana en la coalición de gobierno y ministra de Justicia entre 1994 y 1999.

Buen negocio y plataforma ideológica

La mitad de las 35 universidades privadas que existen actualmente en Chile solicitaron la autorización de sus actividades en las postrimerías de la dictadura de Pinochet, entre octubre de 1988 y noviembre de 1989; seis más se crearon al inicio de la transición, hasta marzo de 1990, y siguen estableciéndose, por lo general a partir de institutos de enseñanza técnica.

La periodista María Olivia Mönckeberg, autora de dos libros sobre el negocio universitario, que sospechosamente han tenido poca acogida en los medios, sostiene que la educación universitaria privada se aprovecha de la legislación histórica que beneficia a las antiguas universidades públicas o de genuino servicio público, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica o la Universidad de Concepción, por lo cual no pagan IVA y otros impuestos, y tienen más facilidades tributarias que la construcción, de crecimiento explosivo en las principales ciudades chilenas. No obstante, como Mönckeberg lo revela en sus investigaciones, existe «el negocio a largo plazo, el negocio ideológico. Como el que tiene el Opus Dei o los Legionarios de Cristo en las universidades Los Andes y Finis Terrae. O la Universidad Adolfo Ibáñez… Allí hay una gran afinidad con el modelo neoliberal puro y duro».

Neoliberales, militares, izquierdistas, masones, católicos, adventistas: todos tienen su universidad en Chile, sin que ninguna ley prevenga que las instituciones sean utilizadas para la difusión de ideologías o religiones. La fuerte presencia de los elementos conservadores no permite siquiera garantizar el pluralismo; la Universidad de Los Andes, controlada por el Opus Dei, encabeza la lista de donaciones recibidas de particulares, con más de 10 millones de dólares al año, y junto a la Adolfo Ibáñez, gozó en 2011 de los mayores aportes fiscales indirectos en el grupo de las privadas: un millón y dos millones de dólares, respectivamente. Bajo una capa de academicismo, la universidad del Opus Dei provee los argumentos para los muy influyentes sectores opuestos al aborto (ilegal en Chile en todas sus formas) y a cualquier iniciativa para la legalización del matrimonio homosexual. La Miguel de Cervantes mantiene una estrecha relación con la fundación Konrad Adenauer, centro del pensamiento más conservador de la Democracia Cristiana alemana y por lo tanto, afín a las ideas del rector y prohombre de la DC chilena Gutenberg Martínez.

«¡Los chilenos son todos incestuosos!», exclamó con una mezcla de asombro e indignación el director argentino de una ONG internacional, después de asistir a una reunión con sus colegas chilenos. La razón de esas palabras fue haber presenciado que, conversando amablemente alrededor de la mesa, estaban varios parientes de perseguidores y perseguidos, torturados y torturadores, asesinos y asesinados durante la dictadura, además de un ex integrante de los servicios de inteligencia del primer gobierno democrático. Esa mezcla extraña de parentescos, amistades e intereses, que anula muchas veces las barreras ideológicas o éticas es relativamente común en Chile y crea el ambiente para que existan numerosas formas de corrupción y tráfico de influencias, que no son siempre reconocidas como tales. En los negocios, se traducen en un estado de amoralidad, como el que envuelve las actividades de la educación privada.

«Pequeñas victorias»

La crisis de la educación se cobró un ministro, Teodoro Ribera, titular de Justicia, que debió renunciar el 18 de diciembre, sumándose a los ya numerosos integrantes de los gabinetes de Piñera que han debido abandonar el gobierno por aparecer involucrados en distintos affaires.

Ribera, dirigente del partido Renovación Nacional, el mismo de Piñera, del cual era un estrecho colaborador, fue puesto en entredicho por una investigación periodística por haber recibido, cuando era rector de la privada Universidad Autónoma, enormes transferencias de fondos de parte de la estatal Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por concepto de becas y créditos por los lazos que mantenía con el presidente de este organismo, Luis Eugenio Díaz. Díaz está actualmente detenido acusado de soborno, cohecho y lavado de activos. De acuerdo a lo revelado por el Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper), el ex presidente de la CNA había recibido súper millonarias coimas por habilitar centros de estudios que carecían de la calificación necesaria.

Una de las universidades privadas más beneficiadas por la CNA fue precisamente la Autónoma, a la que Díaz, según un informe de la Fiscalía de Chile sacado a luz por Ciper, le cobró 100 millones de pesos por acreditarla por cinco años. Correos electrónicos entre Díaz y Ribera prueban que el ex consejero llegó a pedirle al ahora ex ministro que a cambio de sus prestaciones, que colocaban a la Autónoma muy por encima de otras universidades en principio de mayor calidad, lo contratara a él como asesor del ministerio; Díaz también pidió a las autoridades de otra de las universidades asistidas, la usek, que aceptaran y becaran a «una sobrinita», primero, y que lo contrataran a él mismo, después. «La acreditación era muy importante para los débiles estados financieros de la Universidad sek, pues permitía que sus alumnos pudieran acceder al Crédito con Aval del Estado (cae), que en 2010 le reportó montos por 400 millones de pesos. La Universidad sek recibió ese dinero gracias a la acreditación que obtuvo de la CNA en 2009», donde Díaz revistaba desde dos años antes, señala el Ciper en su página web. Y agrega: «El capítulo sek es sólo uno de una patética secuencia de negociaciones incompatibles aderezadas con trapicheos vergonzosos y que tienen como gran telón de fondo miles de millones de pesos de dineros fiscales destinados a dar créditos a los estudiantes más pobres (los cae). Cada negocio que establece Díaz con las acreditaciones no es una mancha más sobre su reputación, sino una evidencia de cómo el fisco y los bienes públicos que los comisionados debían garantizar en su último destino, quedaron sin resguardo».

La investigación de Ciper señala que otro de los ejemplos de esa «falta de resguardos» y del fracaso del modelo educativo chileno es el estado de indefensión en que han quedado 17.000 alumnos de la Universidad del Mar, un centro de estudios que en 2010 recibió la acreditación de la CNA y estaba entre los tres más grandes del país. La universidad anunció su quiebra semanas atrás, y ahora se descubrió que también ella había obtenido su acreditación de manera fraudulenta. La mayoría de los alumnos de ese centro eran de clase baja, y habían podido pagar su carrera con un crédito interno bastante menos oneroso que el de los bancos pero que de todas maneras los había dejado fuertemente endeudados. Con el cierre corren riesgo de perder todo lo que invirtieron (en promedio unos 60.000 dólares por cuatro años de estudio), porque ninguna otra universidad acepta reconocerles lo ya pagado, ni tampoco revalida la totalidad de las materias que cursaron. Guillermo Arias, de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Mar, dijo a la agencia francesa AFP que la opción que les queda sería la estatización. «La mayoría de estudiantes entraron a esta universidad porque les dieron facilidades, podían trabajar y estudiar, y no estarían en condiciones de asumir un segundo crédito en otra universidad». Ahora se rumorea que la Universidad del Mar podría ser adquirida por la Iglesia Evangélica. El sistema terciario chileno, dice la investigación de Ciper, se ha convertido en un pasamanos de universidades, que se compran y se venden como un negocio más, aunque la ley excluya expresamente que puedan convertirse en organismos con fines de lucro. Sin embargo, eso es lo que son.

Entre los informes presentados por Ciper, en su página web (www.ciperchile.cl), figura una ilustrativa entrevista con Jorge Selume, presidente de la Región Andina de Laureate, el mayor holding de educación superior de Chile, propietario de tres universidades privadas (entre ellas la muy reputada Andrés Bello) y otros centros de estudio. Selume es lapidario en cuanto al sistema de acreditaciones, al que considera «mal parido» y viciado desde el momento mismo en que, dice, todos los integrantes del CNA tenían algún tipo de lazos con las universidades que debían auditar.

El 20 de diciembre, el presidente Piñera dijo que eliminará al CNA y que modificará el sistema de regulación de la educación terciaria, creando una Superintendencia de contralor y bajando las tasas de interés por los préstamos contraídos por los alumnos. Los sindicatos de estudiantes, que en abril de 2011 iniciaron movilizaciones para denunciar la inequidad del sistema educativo, heredado de la dictadura pero luego mantenido en su esencia en democracia, consideran este anuncio, así como la renuncia de Ribera, como «pequeñas victorias». «El triunfo real -dijo uno de sus referentes- será el día en que este sistema, que aumenta las desigualdades sociales, fomenta el lucro, y es de baja calidad, caiga definitivamente.»

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