Revocación de prisión preventiva de detenidos en protestas posibilitaría a otras/os salir de cárcel por similares razones

[resumen.cl] Este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde ejerció Tatiana Escobar como jueza, resolvió revocar la prisión preventiva para trece personas formalizadas por el delito de desórdenes públicos en el marco de la mentada causa «Primera línea», referida a detenciones ejecutadas por carabineros en el contexto de las protestas sociales de estos últimos meses. La medida cautelar de todos ellos fue cambiada a la de firma mensual.

Según informó La Tercera, la jueza estableció en su resolución que: "lo más razonable para determinar una medida cautelar desde la perspectiva de la proporcionalidad es situarse en el escenario de una sentencia condenatoria y, desde esa perspectiva, hacer el análisis si el imputado debiese terminar privado de libertad o no. A propósito de los antecedentes en este hecho en particular, en que por un lado el legislador atribuye una pena menor a este delito, que además es el mismo legislador el que establece al momento de determinar las penas que ocurre cuando concurre una atenuante, que es el caso de todos estos imputados que tienen irreprochable conducta anterior, que sitúa entonces el mínimo en el tramo que establece el legislador y que por otro lado en cuanto a la forma de cumplimiento serían de todas maneras posibles beneficiarios de alguna de las penas sustitutivas que establece el legislador".

De este modo, la jueza Tatiana Escobar ha focalizado su argumentación en la proporcionalidad de la medida cautelar con la pena a la que estarían expuestas estas personas y, además, en la atenuante de irreprochable conducta anterior presentada por todas ellas. Sorprendentemente, esta fue también una de las razones esgrimidas por el Juez Daniel Urrutia quien había resuelto también revocar la prisión preventiva, aunque a arresto domiciliario total para ellos, no obstante su resolución fue invalidada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de suspenderlo de su cargo y emprender un sumario en su contra acusándolo de un actuar negligente.

La confirmación de estos argumentos establece una jurisprudencia útil para las defensas de una gran cantidad de hombres, mujeres y adolescentes que en estos momentos permanecen en prisión bajo esta medida cautelar, cuestión que les expone a los riesgos ahora exacerbados dentro de las cárceles chilenas.

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