1.  El día 9 de noviembre, en la ciudad de Paine, fueron allanadas violentamente por funcionarios de la PDI, las radios comunitarias TENTACI"N, Radio 24 y FELICIDAD; en el procedimiento policial se rompieron puertas, ventanas y se incautaron los equipos de transmisión. Este nuevo hecho de violencia y censura contra radios comunitarios es producto de la aplicación del articulo 36 B de la ley de Telecomunicaciones que criminaliza a los que buscan ejercer sin restricciones el derecho a la comunicación, que hoy monopolizan por los grandes consorcios de radiales agrupados en la ARCHI.

2.  El día domingo 31 de octubre fue publicado la última edición del periódico semanal Diario UNO, producto de la falta de avisaje, lo que puso fin a 8 meses de compromiso y profesionalismo de sus trabajadores con la realidad que otros medios silencian. Hoy en Chile COPESA y EL MERCURIO conforman un oligopolio comunicacional que concentra la propiedad de la prensa escrita de mayor circulación nacional; este oligopolio es responsabilidad del Estado que lo financia a través de su avisaje Estatal.

Es necesario denunciar que los trabajadores de Diario Uno se vieron enfrentados a un cierre arbitrario, unilateral y sorpresivo; solo vía correo electrónico son informados, al cierre de su última edición, del termino de la circulación de Diario Uno. Lo anterior es una falta de respeto a los trabajadores de Diario Uno quines mantienen su compromiso con el proyecto comunicacional mas que con las ganancias económicas. Lo anterior es directa responsabilidad de su director Marcel Claude.

3. Los hechos denunciados son claras violaciones a la libertad de expresión, derecho que hoy en chile es patrimonio exclusivo de grandes consorcios económicos que monopolizan los medios de comunicación, a través de los cuales silencian las luchas de todos los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades campesinas, y muchos más que día a día se enfrentan a  los grandes capitales que dominan este país. Todo lo cual es sin duda amparado por el Estado a través de leyes que criminalización el ejerció de la comunicación y el financiamiento directo de estos monopolios a través de avisaje estatal.

El allanamiento e incautación de equipos de radios comunitarias, la falta de avisaje estatal y la concentración de la propiedad de los medios de comunicación  son ejemplos de la falta de libertad de expresión y, en definitiva,  de democracia que impera en Chile.

Es urgente que defendamos nuestro derecho a la comunicación, debemos poner fin a la censura que sobre nuestras legítimas demandas imponen los monopolios comunicacionales. Defendamos y apoyemos nuestros propios medios, todos los medios de comunicación que los pueblos se dan para denunciar y hacer pública las realidades que viven y que los medios comerciales ocultan.

Por el Fin de la criminalización de la comunicación

Por una nueva ley de comunicaciones

Por el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la comunicación que tod@s tenemos.

RED DE MEDIOS DE LOS PUEBLOS.