[resumen.cl] El día lunes 22 de agosto comenzaron los cobros de los peajes de la Ruta Concepción Cabrero, ruta cuya concesión el MOP se la entregó a la empresa SACYR, transnacional española que se hizo nombrada en el país por ser responsable del desborde del río Mapocho, en la Región Metropolitana. Se trata de 2 peajes ubicados en el kilómetro 33.9 en la Ruta 146 y Puentes Negros que se encuentra en el kilómetro 12 en la Ruta Q-97-N. Ayer los vecinos del sector Tomeco se tomaron la autopista denunciando que se les cobra peaje por llegar a su sector.

Los autos y camionetas con y sin remolques cancelan en el Peaje Huinanco $2.600, mientras que en el Peaje Puentes Negros $350. Los vecinos de Tomeco deben cancelar un peaje, si conducen sus vehículos, de $2600, pese a que la distancia entre el peaje y sus casas es de alrededor de 150 metros. Serían alrededor de 100 familias que se ven afectadas por los cobros de la Transnacional española.

No es primera vez que los residentes de Tomeco protestan en la autopista. Antes de que comenzaran los cobros, ya se habían tomado la autopista con su principal exigencia: una entrada independiente que les permita entrar y salir de sus hogares sin tener que pagar.

Valles del Bío Bío es el nombre de la concesión por 35 años que se adjudicó la constructora transnacional española Sacyr. Un proyecto de un trayecto de 102 kilómetros y una inversión de US$369 millones. Hace unos meses hubo protestas contra la empresa debido a que los habitantes de Tomeco exigían a la concesionaria paradero para tomar bus, señaléticas luminosas en la vía, habilitar tramos de dobles pista que ya están terminados, entre otras, obras que no eran consideradas por la empresa ni el MOP pese a dejarlos verdaderamente aislados y con riesgo de sufrir atropellos en la vía.

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Sacyr es la empresa que encabeza el conglomerado de constructoras a cargo de las obras en el Canal de Panamá, cuyo desarrollo no ha estado exento de escándalos. Las obras estuvieron a punto de paralizarse porque Sacyr habría reclamado 1625 millones de dólares adicionales del gobierno panameño que, supuestamente, no podían haber estado previstos en el presupuesto original de la obra. Finalmente se llegó a un acuerdo, pero lo impresentable fue lo que no se dijo. Si el gobierno panameño hubiese cobrado las boletas de garantía a SACYR, una de las empresas aseguradoras que habría tenido que responder - CESCE- tiene como accionista al propio gobierno español. Es decir, el Estado Español habría asumido los costos de las operaciones de una empresa privada en Panamá. Hace unas semanas SACYR señaló a El País de España que la obra costaría 5 mi millones de dólares, cerca de 1800 millones más de lo que debía costar el proyecto.
Sacyr además, es una empresa que también estaría involucrada en el financiamiento ilegal del PP -el caso Bárcenas-  cuyas operaciones, habrían sido realizadas en bancos instalados en Suiza y Luxemburgo. Los tratos consistían en el pago de cantidades de dinero para financiar al partido político,  tras lo cual personeros del mismo partido les adjudicaban obras de infraestructura pública a estas empresas.