Javier Arroyo Olea / resumen.cl

Diversas han sido las consignas, exigencias y propuestas levantadas por parte de los movimientos sociales en el contexto político que se mantiene abierto desde las movilizaciones de octubre de 2019, y que cuenta con un peso histórico de décadas de descontento e indignación en el nicho de la población chilena. La previsión social y específicamente el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido uno de los pilares criticados profunda y constantemente a nivel transversal por la sociedad, exigiendo su fin y propulsando la necesidad de instaurar un verdadero sistema de seguridad social para el bien de las y los trabajadores, como también para las personas que se encuentran jubiladas.

Ayer miércoles 15 de enero Sebastián Piñera, a través de una cadena nacional, presentó la apuesta por parte del gobierno para reforzar el sistema de capitalización individual. Bajo un discurso de continuidad respecto a la recién aprobada reforma previsional dirigida hacia el denominado Pilar Solidario, Piñera presentó la necesidad de aprobar el proyecto -el cual se ingresaría esta semana- que aumenta en un 6% la cotización extra en el sistema de pensiones. De esta manera, esta cifra se trabajaría de la siguiente manera:

– 3% cotización extra con cargo al empleador, sumándose al 10% de cotización actual y yendo a la cuenta individual de cada trabajador/a.

– 3% cotización extra con cargo al empleador (considerando aporte inicial del Estado) dirigido hacia un nuevo "pilar": Pilar del Ahorro Colectivo y Solidario enfocado hacia personas que cuenten con una pensión autofinanciada o con aporte del Pilar Solidario.

Ambos porcentajes no serían administrados por las AFP sino que, de aprobarse la reforma, estarían bajo el alero de una entidad/institución pública autónoma. Asimismo, se enunciaron algunas directrices de la amplitud que contempla la reforma: ninguna persona pensionada estaría por debajo de la línea de la pobreza; posible costo inicial para el Estado de US$1.000 millones; aumento de la competitividad al permitir incluir sociedades sin fines de lucro al mercado de las AFP y una serie de afirmaciones que se conocerán de mejor manera una vez sea ingresado el proyecto.

En este marco, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, señaló que «esta propuesta genera un debilitamiento en las cuentas personales de los trabajadores», además de referirse a los costos que traería para las AFP la implementación de esta reforma y que la administración por parte de un nuevo ente sobre las cotizaciones extras sería perjudicial, en base a que -entre otras cosas- se generaría un nuevo cobro a las y los afiliados en lo que respecta a comisiones.

De esta manera, en un contexto donde las AFP continúan siendo multadas por infracciones -como lo fue el caso de AFP Modelo por $141 millones de pesos y fracción durante las primeras semanas de enero- y donde Piñera continúa refugiando los anclajes del modelo en base a un discurso de supuesto beneficio para la población, urge continuar propulsando la necesidad de instaurar un nuevo sistema de pensiones, uno que asegure la generación de un sistema de seguridad y previsión social digno.

Urge un sistema de reparto, solidario y tripartito en nuestro país.