[resumen.cl] Con 20 votos a favor y 14 en contra, el Senado aprobó la Detención por Sospecha y despachó a la Cámara de Diputados la Agenda Antidelincuencia. La indicación, ha sido cuestionada por organizaciones sociales y de DDHH quienes han denunciado que bajo el eufemismo de "Control Preventivo de Identidad" se halla la temida detención por sospecha, resabio dictatorial derogado el año 98. A las críticas también se sumó en septiembre pasado la Corte Suprema.
Paradójicamente, la polémica indicación del Control Preventivo de Identidad fue presentada por una diputada que delinquió. La UDI Claudia Nogueira fue formalizada el 7 de abril por uso irregular de asignaciones parlamentarias y tuvo que devolver al Estado 30 millones 283 mil pesos, además canceló cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile y quedó sujeta a firma mensual en la fiscalía por 18 meses para acceder a la salida alternativa que consiguió.
Bajo el disfraz de "Control preventivo de identidad" se ha hecho creer a la población que este mecanismo no existe, cuando en realidad existe, es utilizado por las policías y está consagrado en el Código Procesal Penal en el artículo 85: "Durante este procedimiento -indica la ley-, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente."

La ampliación de este tipo de controles atentan profundamente contra la libertad cívica y dan respaldo a la arbitrariedad de los métodos utilizados por las policías, pues cuando en la ley se estampa como el que "existe algún indicio" -ese existir algún indicio ha significado discriminación arbitraria por el pelo, vestimenta, sexo, raza, nivel socioeconómico, una guitarra, un charango, etc. La derogación de este tipo de control supuso, el año 98, un paso para superar el Estado policial de la Dictadura.

La ampliación de las atribuciones de las policías fue cuestionado por la mismísima Corte Suprema, que señaló que se disminuía así las atribuciones de los tribunales de Justicia. "otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales" señaló.
Durante la jornada también se aprobó la polémica medida que promueve duras penas a las filtraciones de investigaciones de la fiscalía, excluyendo a los medios de comunicación. Se rechazó la medida que pretendía dar beneficios carcelarios a violadores de DDHH -aplicación de medidas humanitarias para los adultos mayores.-